Tal como él mismo confirmó recientemente, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encuentra trabajando desde hace varios días en la elaboración de un proyecto para bajar a 14 años la edad mínima de imputabilidad, a la par que estudia cómo implementar los juicios por jurados y avanza con un fuerte ajuste del personal en el Poder Judicial.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el funcionario nacional tiene en sus manos cerca de 30 informes, entre proyectos que fueron presentados en distintos momentos en el Congreso y experiencias en otros países, que plantean la idea de que se puede condenar a los menores hasta esa edad.
El objetivo del abogado penalista no es retomar el tratamiento de algunas de esas iniciativas parlamentarias, sino elaborar una propuesta nueva y que recoja lo mejor de cada una de las existentes, aunque sumándole algunos puntos propios.
En este sentido, una de las cuestiones que el ministro considera que son importantes tienen que ver con la modificación del Código Procesal Penal para establecer un sistema especial para llevar adelante las causas contra los menores.
Para esto, tiene en mente crear un Tribunal especializado que, además de la investigación correspondiente, se encargue de darle asistencia, tanto al acusado como a la víctima, y sea más veloz en dar una resolución de lo que tardan los comunes para mayores.
No obstante, fuentes cercanas a Cúneo Libarona aclararon que, si bien hay gente trabajando en este proyecto y también en la implementación del juicio por jurados, se trata de dos asuntos que “van a demorar” en ser presentados ante el Congreso, que se encuentra ocupado debatiendo el DNU y la Ley Ómnibus con las principales reformas económicas que envió el presidente Javier Milei.
De hecho, esas serán las primeras batallas parlamentarias del oficialismo y marcarán la capacidad que tiene el bloque para negociar con la oposición para que se aprueben sus propuestas, y del resultado de la votación de ambas cuestiones podría surgir la estrategia con los pasos a seguir.
Sin embargo, en el Ministerio de Justicia aseguran que los proyectos vinculados a su área serán puestos a disposición de los diputados y senadores apenas estén finalizados, aunque por el momento no hay una fecha prevista para eso.
La idea de bajar la edad de imputabilidad ya fue apoyada públicamente por el diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli, que en 2022 impulsó una iniciativa similar denominada “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, que contemplaba bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.
En el corto plazo, Cúneo Libarona busca solucionar el problema de las vacantes en el Poder Judicial, un objetivo que tuvieron los diferentes Gobiernos desde hace décadas y que el funcionario se planteó como una prioridad para su gestión.
El ministro sabe que sin jueces en los tribunales, o con varios de ellos subrogando en lugares para los cuales no fueron designados, no puede llevar adelante ninguna de las reformas que pretende, por lo que en los próximos meses va a proponer varios nombres para los puestos que siguen vacíos.
Asimismo, avanzar con los juicios por jurados sí es una cuestión también urgente, según su visión, ya que considera que es un sistema a partir del cual la sociedad puede involucrarse más activamente en uno de los tres Poderes del Estado.
En la Ley Ómnibus que está en discusión en la Cámara de Diputados, se encuentra incluida la implementación de esta herramienta, que ya existe en algunas provincias, para causas federales en todo el territorio nacional.
Córdoba fue el primer distrito en el que se realizó un juicio por jurados en la Argentina, en el 2004, seguida por Neuquén, en el 2011; la provincia de Buenos Aires y Chaco, en el 2015, y Río Negro, en 2018. La última fue la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, Cúneo Libarona estudia esos casos y cómo implementar el sistema a nivel nacional, si es que se aprueba finalmente el texto enviado por el presidente Milei. Además, trabaja en un proceso de modernización de todos los organismos bajo su dependencia, haciendo énfasis en mejorar y fomentar el uso de las telecomunicaciones.
Por último, continúa con las auditorías internas para revisar las tareas que cumplen cada uno de los empleados actuales, para luego reducir lo máximo posible la cantidad de personal, para pasar de los 6 mil trabajadores actuales a unos 3 mil. “Lo que él siempre dice es que quiere un Poder Judicial chico, pero eficiente”, destacaron en su entorno.
