La ley que mejora las jubilaciones y que la oposición ya aprobó en Diputados se dictaminará la semana próxima en el Senado, tras el plenario realizado durante la tarde de hoy por las comisiones de Trabajo y Previsión Social (preside la macrista Carmen Álvarez Rivero); y de Presupuesto y Hacienda (comanda el libertario Ezequiel Atauche) de la Cámara alta, donde expusieron funcionarios libertarios que observaron los costos fiscales extra del proyecto en cuestión, más allá de algunos guiños que dio el oficialismo para mantener algunos puntos de la iniciativa. En caso de ser modificado, deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno y la oposición -incluso, la dialoguista-, el objetivo es que la ley se debata en el recinto del Senado entre el 14 y 15 de agosto, antes de las audiencias por los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Si La Libertad Avanza no consigue los votos de eventuales aliados, la sanción de la norma expondrá a Javier Milei a un veto presidencial.
Durante la reunión plenaria de esta tarde, el primero en disertar fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien ratificó el plan libertario del equilibrio fiscal y “hacia delante, en la manera de lo posible”, y recordó que este año “no es posible ninguna forma de financiamiento, más que la recaudación de impuestos”. De hecho, adelantó que “el año que viene habrá menos recursos disponibles por la caducidad del impuesto PAIS”, siempre y cuando no aparezca una prórroga del tributo en el Presupuesto 2025.
Guberman también destacó la idea del proyecto de actualización mensual por IPC, tal como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno libertario para evitar pérdidas como las ocurridas con la fórmula kirchnerista pasada. Luego, apuntó al 12,5% otorgado para recuperar parte del primer trimestre de 2024.
La ley opositora incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que queda fuera de la actualización. Ayer, funcionarios de jefatura de Gabinete y senadores oficialistas dieron a entender que estarían de acuerdo sobre este punto, que significarían un 0,3% extra del PBI y un 0,4% del PBI para 2025. “Cada año, ese porcentaje se va incrementando”, alertó el secretario de Hacienda. No obstante, el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, informó minutos después que no sería retroactivo, sino desde la vigencia de una potencial y nueva norma sancionada.
Al igual que hicieron los enviados de Gabinete, Guberman observó la propuesta de un haber previsional mínimo equivalente a 1,09 de la canasta básica. “Todo se va haciendo acumulativo y creciente, y en términos de sustentabilidad del sistema se vuelve más complejo”, manifestó el funcionario.
Un último punto sobre el que no está de acuerdo el Ejecutivo es el reclamo de 13 provincias por fondos de las cajas jubilatorias no transferidas a Nación: Guberman dejó en claro que eso significaría que “el Estado no tenga superávit”. En resumen, el delegado de Hacienda enfatizó que sumado todo lo del proyecto para 2024 y 2025, las cuentas públicas “cerrarían con un déficit sustantivo, con un punto de gasto adicional del PI para este año y 1,2% para el próximo”. A través de su presidente, José Mayans, el kirchnerismo reclamó la compensación millonaria a favor de esos distritos.
En el debate en Diputados, la oposición incorporó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. En la reunión de hoy no quedó claro si el Gobierno avala o no este artículo, aunque Guberman vaticinó que no sería “significativo” desde el año próximo.
Lupa por litigiosidad
De los Heros primero aseguró que “no se le puede decir” al Gobierno “que tiene antecedentes o responsabilidad sobre el pasado, es de todos los argentinos o de la clase política”, y expresó que “sólo el 24% de las jubilaciones contributivas percibe el haber mínimo”.
Seguido a ello, contó que “la mayor parte de jubilados son aquellos que se han jubilado comprando años de servicio a través de diversas moratorias, que desde 2005 y hasta el próximo 25 marzo de 2025 van a poder seguir adquiriendo”. En esa línea, agregó: “En promedio, la adquisición por moratoria ronda entre los 25 y 21 años, según se trate de varones o mujeres. Esto es, en realidad, una injusticia para el sistema previsional. Lo que hace es financiar una necesidad de cobertura con fondos de jubilados o aquellos trabajadores que aportaron y con fondos de los que actualmente aportan al sistema. Por eso se ha achatado nuestra pirámide previsional”.
De los Heros después direccionó la mira a los “200.000 juicios, 100.000 con sentencia firme, una cuestión que no es ni graciosa ni algo que uno desearía”, y precisó: “La litigiosidad no es un proceso cuya curva sea descendente, sino que se viene retroalimentando y la tendencia es ascendente. Tiene que ver con parches por las distintas leyes de movilidad que se han manejado y generan la industria del juicio”.
“Nuestros cálculos actualizados implican, más o menos, que el costo de cancelación de retroactivos con sentencia firme superan los 2 billones de pesos, o el 0,35% del PBI”, puntualizó el titular de la ANSeS, y subrayó que a partir del 1 de julio, “toda nueva sentencia que quede firme se le va a ajustar el haber mensual dentro de los 120 días” para frenar la curva. En tanto, las pendientes se cancelarán -desde las más antiguas hasta julio- con fondos que deberá aprobar el Congreso en el Presupuesto 2025.
De cara a los próximos días, la oposición dialoguista tendrá que definir si apoya los cambios propuestos por el oficialismo. El martes próximo se continuará con las exposiciones y, en si existiera margen, se dictaminará. Si no, se pasará al día siguiente y así quedaría el tema liberado para votarse en el recinto entre el 14 y 15 de agosto.
