El argentino de 25 años, Alejo Arias González, cumplió un año desde que fue detenido en El Salvador, bajo la acusación de haber sido miembro de una asociación ilícita que se dedicaba a lavar dinero y que era intensamente investigada por el gobierno local. A pesar de que se barajaba la posibilidad de que éste fuera liberado en julio de este año, la audiencia fue prorrogada para el 2025. “Está injustamente detenido”, denunciaron los familiares.
“Desde Cancillería nos avisaron que la prórroga sigue por seis meses más. O sea que recién en el 2025 podría haber una audiencia”, explicó la madre del joven detenido, Sandra González, al reclamar que desde el gobierno salvadoreño les han negado la comunicación con Alejo. La última vez que pudieron hablar con él fue por medio de una videollamada que realizaron el 14 de julio de 2023.
Como parte del mismo reclamo, la mujer reveló que desde hace dos meses no tienen información sobre el estado en el que se encuentra su hijo. En este sentido, señaló que la situación los tenía preocupados, debido a que la Cancillería argentina estaba encargada de acercarle alimentos y elementos de higiene. No obstante, la última visita que le hicieron fue el 16 de mayo.
“Recién hoy van a visitarlo y nos iremos a enterar el fin de semana o la semana que viene porque todo eso tiene su tiempo”, explicó la madre de Arias González al mencionar que habían enviado cartas a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri para que intervengan en el asunto. “Viajamos a Buenos Aires si es necesario, pero necesitamos que nos escuchen”, imploraron los familiares oriundos de Rivadavia al ratificar que “él es inocente, está injustamente detenido allá”.
Durante una entrevista para la radio MDZ 105.5, González aseguró que “Alejo hacía cobranzas, rendía ese dinero y hacía su vida normal. Iba al gimnasio, se reunía con sus primos. Otra cosa no hacía”. Asimismo, la mujer apuntó: “Lo acusan por asociación ilícita. Imagínate mi hijo en cuatro meses, ¿Qué asociación ilícita puede llegar a hacer?”.
En paralelo, la madre del joven detenido reclamó que “los cabecillas siguen sueltos y el Gobierno no se dedica a buscarlos”, al señalar que los verdaderos responsables serían los dueños de la empresa que contrató al joven argentino. De la misma manera, manifestó que no hubieron indicios previos de que en la compañía se realizaran prácticas ilegales.
Alejo había viajado al país centroamericano en marzo del 2023 con una propuesta laboral de una financiera. Lo hizo con la intención de ahorrar dinero y regresar a su ciudad para pagarse su carrera universitaria. Lo que desconocía, de acuerdo a su versión, es que la compañía en realidad era una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de dinero.
Unos días antes de su regreso al país, fue detenido y, desde entonces, vivió un calvario en una de las naciones con el régimen penitenciario más estricto de la región. Si bien el joven fue trasladado hacia el Penal Occidental de Santa Ana, considerado como uno de los centros de menor seguridad, lo cierto es que no se habría cumplido el régimen semiabierto de detención que le daría la libertad de comunicarse con sus familiares y recibir visitas.
Por otro lado, el abogado Miguel Ángel Pierri, quien aceptó defenderlo sin cobrar honorarios, explicó que, en un principio, “Alejo fue acusado de formar parte de una banda criminal, con roles de autor y organizador de delitos”, pero añadió que “con el correr del tiempo se comprobó que él no tenía nada que ver”.
Por este motivo, el letrado señaló que “se espera que sea juzgado bajo una calificación legal distinta y menos grave”. Al mismo tiempo, apuntó que la morigeración de la condena que recibiría ayudaría a que este pueda ser extraditado a Argentina. La fecha que se había fijado para la audiencia era del 25 de junio pero, hasta el momento, la Justicia de El Salvador no fijó un nuevo encuentro.
