El operativo de detención de un docente de Educación Física de 35 años acusado de grooming contra una alumna de una escuela en Calamuchita, resultó en el secuestro de dispositivos electrónicos utilizados presumiblemente para cometer el delito.
La fiscalía de instrucción de primer turno de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, fue la responsable de ordenar el arresto del docente, quien habría acosado sexualmente a la estudiante a través de internet.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por los directivos del colegio secundario al que asiste la menor. El operativo incluyó allanamientos ejecutados por el personal de la sección Cibercrimen de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial, apoyados por efectivos de investigaciones de la departamental Calamuchita.
En el marco de estas intervenciones, y según informó el portal ElDoce.tv, las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos que el sospechoso habría utilizado para realizar los actos de acoso, lo cual se considera una pieza clave en la recolección de pruebas para este caso.
La fiscal Paula Bruera se encargará ahora de reunir y analizar la evidencia obtenida durante los allanamientos, mientras que el profesor permanece detenido en espera de posibles cargos formales.
Y en otro caso aberrante de grooming, a principios de este mes, un hombre oriundo de Jujuy fue detenido con prisión preventiva tras ser acusado de una serie de delitos que incluyen además del mencionado, extorsión y producción de material de abuso sexual infantil, entre otros, contra una adolescente de la ciudad santafesina de Arroyo Seco a la que sometió durante varios años.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, durante el calvario que atravesó, la menor incluso fue obligada a perpetrar un abuso sexual.
El sospechoso fue identificado como C.E.G., de 29 años. La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe lo detuvo en la localidad jujeña de San Pedro y fue traslado hacia Rosario, donde este viernes se realizó la audiencia imputativa.
De acuerdo a la acusación, los hechos delictivos iniciaron en abril de 2018, cuando la víctima tenía 14 años. La pesadilla se extendió hasta mayo de 2021.
Todo comenzó luego de que ella ingresara a un grupo de WhatsApp integrado por otros chicos de distintos lugares del país en el que se intercambiaban dibujos y experiencias. C.E.G. estaba en ese grupo. Usaba un nombre falso y fingía ser un adolescente más. Así contactó a la menor y logró acceder al contenido de su teléfono a través de la nube de Google desde una cuenta de Gmail. De esa manera, obtuvo fotos íntimas que utilizó para amenazarla con su publicación si no cumplía sus exigencias. La intimidó aún más mostrándole un arma pequeña de color negro.
Desde entonces, siempre según la fiscalía, el detenido le exigió a la víctima imágenes íntimas suyas y también de familiares, y la extorsionó para que le depositara dinero a cambio de no publicar ese material -ella realizó transferencias y pagos en billeteras virtuales entre enero y mayo de 2021-.
También la obligó a autolesionarse (ella llegó a arrojarse desde un balcón a tres metros de altura, resultando lesionada) y la instigó a cometer y filmar un ataque sexual a otro menor. Ese hecho se consumó en su domicilio de Arroyo Seco. El acto fue grabado y luego publicado en una cuenta de Instagram creada por el mismo imputado.
En la investigación, por otra parte, se señaló que entre mayo de 2021 y principios de 2022 el acusado obtuvo fotos y videos de cuatro menores cuando se cambiaban en la vivienda de la víctima y distribuyó esas imágenes en un grupo de Instagram llamado “No se caguen la vida”, bajo amenazas de exposición si no obedecían sus demandas.
Además, C.E.G. se apoderó de las cuentas de correo electrónico y de redes sociales de la menor y le restringió el acceso. También consiguió los datos de la tarjeta de débito de un familiar de la adolescente para efectuar múltiples transacciones. Entre los pagos comprobados, se encuentran servicios eléctricos en San Salvador de Jujuy realizados entre el 1 y 15 de marzo de 2021, en favor de al menos 9 titulares. Esas operaciones resultaron claves para que los investigadores pudieran rastrearlo y ubicarlo en la provincia norteña.
Tras una larga investigación encabezada por la fiscal Noelia Riccardi, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, C.E.G. fue imputado por varios delitos: grooming, coacciones agravadas, producción y publicación de material de abuso sexual infantil, acceso indebido a datos informáticos de acceso restringido, estafa y extorsión, todos en concurso real. Además, se le acusa de corrupción de menores agravada por coerción y de instigación al suicidio.
Finalmente, el juez de primera instancia, Gonzalo Fernández Bussy, ordenó la prisión preventiva del acusado, al considerar fundados los cargos formulados por la fiscalía.
