En medio de la investigación contra la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), otros cuatros jefes del organismo fueron detenidos bajo la sospecha de que habrían sido parte de una presunta asociación ilícita. Dos de ellos estaban fuera de servicio, uno aún cumplía funciones, mientras que el restante se trataba de Cristian Namur, el director del área de Seguridad.
Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal de instrucción N°1 de Delitos Complejos, Enrique Gavier, después de que los avances apuntaran a una posible participación de Cristian Namur, José Gustavo Heredia, conocido como “el Caña”, Ramón Sayavedra y Marcelo Chávez.
Todos los implicados fueron imputados por presunta asociación ilícita, en una causa en la que se desprenden múltiples delitos como, por ejemplo, la conformación de call centers tumberos y otro tipo de negocios. A raíz de que la investigación continuará su curso, el fiscal no descartaría futuras detenciones.
Mientras que Chávez se encargaba de tramitar las faltas leves o infracciones leves en la División de Asuntos Internos perteneciente al Tribunal de Conducta Penitenciaria, Namur había sido designado como director general de Seguridad en julio de 2024 durante la gestión de la jefa del Servicio Penitenciario cordobés, Verónica Funes, quien asumió el cargo después de que Juan María Bouvier fuera detenido en la misma causa por presunta asociación ilícita.
De acuerdo a la información compartida por La Voz, los dos jefes restantes ya se encontraban retirados al momento de ser detenidos. No obstante, durante el último tiempo en el que estuvo en actividad, Guzmán había estado a cargo del área de Seguridad en el Complejo Carcelario de Bouwer.
La causa que ya cuenta con más de 20 detenidos, entre ellos abogados, particulares y altos jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba, se abrió luego de que se detectaran una serie de administraciones irregulares en los penales de Bouwer, Cruz del Eje y Villa María.
Uno de los primeros detenidos fueron el subjefe de la cárcel de Bouwer, Alejandro Guzmán; tres abogados; y dos particulares, a quienes se los acusa de colaborar en la logística de las estafas desde el exterior de la cárcel. Guzmán es el único que está acusado de ser “organizador” o “jefe” de la asociación ilícita, puesto que en su penal se le hacía ofrecimientos a los internos para “mejorar su calidad de vida” a cambio de dinero.
Dentro de las maniobras que habrían realizado, se encuentran exigir determinados montos de pagos para que los internos accedan a “salidas excepcionales, ingreso de celulares y estupefacientes, así como permitir el funcionamiento en las dependencias carcelarias de “call centers” para que los reclusos realicen estafas telefónicas a la población.
Estos centros de llamadas se encontraban en la cárcel de Villa María, desde donde los reclusos cometían fraudes. Por esto mismo, fueron detenidos el director de la cárcel de Villa María, Andés Américo Aciar, y dos de sus principales funcionarios.
A principios de diciembre del año pasado, otro de los detenidos en sumarse a la lista de sospechosos fue el ex jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba Juan María Bouvier. La medida fue impulsada por el gobernador Martín Llaryora, quien decidió intervenir el organismo y reemplazar a todos los directivos que cumplieron funciones durante la gestión anterior.
Según había informado el medio local La Nueva Mañana, las autoridades indicaron que “fueron aceptadas las renuncias de todos los integrantes de la conducción del organismo”. Al mismo tiempo, el ex fiscal federal Gustavo Vidal Lascano fue designado como interventor del organismo.
En esa oportunidad, también fueron arrestados Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero, quienes integraban parte del directorio del Servicio Penitenciario. Asimismo, se había ordenado un nuevo allanamiento en las oficinas de la Dirección del Servicio Penitenciario que se encontraban en el barrio de Nueva Córdoba.
Otro de los agentes que terminó involucrado en la causa se trató del ex jefe de Seguridad Darío José Tello Pajón, quien había sido detenido durante un operativo policial realizado en noviembre de 2023. Hasta el momento de su arresto, el efectivo estuvo a cargo del área por 15 años y, previo a esto, se desempeñó como subjefe del Servicio Penitenciario hasta el 31 de 2004.
