Productos con destino a asistencia social fueron incautados ayer por la mañana en la finca de un exfuncionario municipal de Salta, en el marco de una investigación por la sustracción de elementos de los depósitos de la misma ciudad. El involucrado es Luis Emilio Fayón Medina, antes presidente de Pan Solidario Sociedad del Estado y quien figura como “personal” de un senador nacional.
Mientras que en la finca de Fayón se encontraron sillas ortopédicas, calzados de marca Crocs y ventanas, entre otros productos, en la vivienda de otro hombre fue incautada mercadería social. Ambos allanamientos fueron al sur de la capital provincial.
La investigación se encuentra a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por la “sustracción de elementos con fines sociales” de los depósitos de la Municipalidad.
El exfuncionario Fayón se había desempeñado como presidente del Directorio de “Pan Solidario – Panadería Social” y director de la Cooperadora Asistencial. Hoy permanece en el registro de empleados del legislador Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, junto a otras 25 personas. Este último fue gobernador de Salta durante tres períodos, a la vez que es padre de la exintendente Romero.
La intervención de la UDEC se dio tras una denuncia por “posibles delitos económicos” relacionados al robo de “materiales, mercadería y otros bienes” de los depósitos del Parque Industrial de la ciudad, ubicados en la Avenida Rodríguez Durañona, durante la administración de Bettina Romero. El reclamo, de la actual gestión de Emilio Durand, fue radicado en diciembre del año pasado por la Oficina de Obras y Desarrollo.
“La investigación se centró en reconstruir los movimientos de entrada y salida de bienes en los depósitos municipales, a través de auditorías, relevamientos, y testimonios de personal involucrado en la gestión de los depósitos”, indica el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta.
De esta forma, los investigadores registraron irregularidades: falta de documentación de respaldo, inexistencia de equipos informáticos, ausencia de cámaras de vigilancia, y elementos de seguridad, como matafuegos.
“Ante la complejidad de la situación y las evidencias recabadas, la fiscal Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías el allanamiento de la vivienda y la finca y el secuestro de los elementos que se pudieran encontrar y así recabar más pruebas que permitan esclarecer los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de los involucrados”, añaden desde el MPF. Esta tarea depende de la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Investigación y Criminología del CIF.
Ya en diciembre del año pasado, el exsecretario municipal Aroldo Tonini se había referido al escándalo del vaciamiento de los galpones del municipio: “Los galpones están vacíos porque la gestión trabajó siempre en la contención social de grandes sectores vulnerables de la ciudad salteña. Orgullosamente vacíos, porque la función de la gestión era entregar y contener con elementos sociales a sectores muy vulnerables que demandan contención. ¿Qué es estar vacío? Siempre fueron compras de elementos sociales que se han ido entregando sistemáticamente como plan de trabajo de la gestión de Bettina Romero”.
Y concluyó: “Hay una gestión impecable, transparente, que se entregó a esto. Esto no es solo para los funcionarios entrantes, sino para la comunidad. Los galpones tenían elementos sociales que durante cuatro años se entregaron”.
