¿Cuál será el detonante de la próxima pelea entre el Gobierno y la CGT? Ya se esbozaron algunos indicios en las últimas semanas. Uno de ellos: la cúpula cegetista está convencida de que el oficialismo prepara en secreto un proyecto de democratización sindical para transparentar las elecciones en los gremios y eliminar el sistema de reelección perpetua y mandatos eternos que rige en el país, clave para que haya tantos dirigentes que se mantienen por largas décadas al frente de sus organizaciones.
Según los sindicalistas, la iniciativa era analizada por Federico Sturzenegger desde que se desempeñaba como asesor de Javier Milei y ahora que es ministro de Desregulación y Transformación del Estado tiene luz verde para llevar adelante el anuncio del Presidente al inaugurar el 1° de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso: un proyecto de ley para “obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la Justicia electoral que limitará los mandatos a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible”.
Cerca de Sturzenegger no confirman ni desmienten la sospecha de la CGT, pero en las filas sindicales hay una preocupación adicional. Imaginan que Sturzenegger sigue teniendo en carpeta una de sus obsesiones: la derogación de las cuotas solidarias, el recurso para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo.
Después de todo, fue el propio Sturzenegger quien introdujo en el DNU 70 un artículo para eliminar las cuotas solidarias, en la revisión final del texto, cuando ya existía un acuerdo entre el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la CGT para una reforma laboral light que no incomodara al poder sindical. La decisión del ex titular del Banco Central, con el guiño de Milei, precipitó la guerra con la CGT apenas se confirmó el DNU: la dirigencia cegetista se enteró de su contenido por los medios. Meses después, el Gobierno aceptó recortar la limitación a las cuotas solidarias y otros 41 artículos de la reforma laboral, como exigía la CGT, con tal de lograr apoyo para sancionar la Ley Bases.
Para la CGT, fue una provocación que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello sentara a Sturzenegger en el primer encuentro del diálogo social convocado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el miércoles pasado, con la solitaria presencia del abogado del Sindicato de Comercio, Alberto Tomassone, y la ausencia de los asesores legales de la UOCRA, Marta Pujadas, y de la Federación de Sanidad, Federico West Ocampo, aunque habían confirmado su asistencia.
Hubo otro gesto de Pettovello que fue considerado desafiante por los gremialistas. Ese día, su ministerio publicó en las redes sociales un mensaje que decía: “La mesa de Diálogo Social está abierta. Invitamos a todos los sectores del mundo del trabajo, pero se ve que la CGT le tiene miedo a Moyano”. En el diagnóstico libertario, lo que complica cualquier diálogo con el sindicalismo es la interna de la CGT, con Pablo Moyano como el “culpable” de que se frustren los intentos de acercamiento. En realidad, esa visión no es desacertada, pero la actitud de la ministra mileísta terminó fortaleciendo a los duros de la CGT y debilitando a los que quieren negociar.
El faltazo de los abogados sindicales al diálogo social también puso a la CGT una situación incómoda ante la directora de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina, Sara Luna Camacho, a quien el sector moderado le había asegurado que la central obrera iba a participar del diálogo social, en sintonía con las recomendaciones de ese organismo internacional.
Sin embargo, Luna Camacho participó de la primera reunión del diálogo social invitada por Cordero y fue testigo del zigzagueo sindical: pese a sus promesas, dos dialoguistas como Gerardo Martínez (UOCRA) y Héctor Daer resolvieron a último momento que no fueran sus abogados para sumarse a una mesa técnica que consensuará la reglamentación de la reforma laboral. Es lo que reclama la CGT, pero hace una semana decidió no ir al diálogo con Cordero. Ganó así la propuesta de Pablo Moyano, un dirigente que siempre va al choque porque no tiene nada que perder con su estilo incendiario: no maneja un sindicato (lo hace su papá Hugo) ni tampoco la CGT (donde siempre está en minoría).
Uno de sus hermanos, mientras, se anima a proponer algo similar al Gobierno en materia de democratización sindical: Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Peajes, prepara un video en el que defenderá su planteo de debatir sobre la democracia en los gremios a través de un reglamento electoral transparente, la prohibición de estatutos tramposos, la eliminación de restricciones para competir y la utilización del voto directo para elegir autoridades, entre otros puntos. Es el mismo contenido del proyecto de ley que presentó en 2015 cuando era diputado nacional y que incluso contó con el apoyo de su padre, Hugo, y el rechazo del resto de la CGT.
En los últimos meses, Facundo retomó su propuesta de debatir una “adecuación” de la legislación laboral y, al mismo tiempo, medidas para transparentar y democratizar las elecciones sindicales, y viene dialogando sobre ese eje con gobernadores de distintos partidos (desde peronistas como Raúl Jalil y Claudio Vidal hasta representantes del PRO como Rogelio Frigerio) e intendentes bonaerenses. ¿Qué dirá su hermano Pablo? Es obvio que se convertirá en otro motivo de división familiar.
En el video, el dirigente de los peajes señala que “es necesario avanzar hacia una adecuación laboral en un proceso consciente de las nuevas tecnologías y los escenarios emergentes en materia laboral, adecuando esto a las necesidades del trabajo argentino”. “Si algo aprendí, es que los cambios son de abajo hacia arriba, y para hablar de adecuación laboral tenemos que hablar de democracia sindical”, sostiene.
“Más trabajo registrado -sostiene- es mayor participación de los trabajadores, algo que contradice abiertamente a estatutos que, en diferentes sindicatos, limitan la participación del trabajador y colocan a los dirigentes en roles de monarcas. ¿Qué hacen estos estatutos? Básicamente plantean que quienes están en contra de una determinada lista tengan que cumplir con requisitos imposibles para poder competir. No puede haber dinastías sindicales: el derecho a participar es para todos los trabajadores”.
Curiosamente, Facundo Moyano también pone en la mira a las cuotas solidarias que busca eliminar Milei: “Debemos terminar con las afiliaciones compulsivas e impulsar la afiliación libre. Sí, no es tabú hablar de libertad si hablamos de sindicatos, por el contrario: si hay un convenio colectivo que habla de un aporte solidario, éste debe ser de común acuerdo con la otra parte. No debe ser obligatorio para un trabajador aportar, sino que él debe tener la libertad de afiliarse o no a su sindicato”.
De todas formas, el dirigente toma distancia de los planes libertarios: “El camino hacia la democratización es mediante una autorregulación o, tal como lo impulsé cuando era diputado, mediante el Congreso de la Nación: no depende ni debe depender de la intervención de un presidente”.
Con la misma impronta de generar cambios, Gustavo Rossi, titular de UECARA (el gremio de los peajes y los mandos medios de la construcción de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis, Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos), viene advirtiendo desde el interior que “el sindicalismo se quedó viejo y sin ideas: el peso de la edad y el libreto setentista los desactualizó y nos hizo perder a la totalidad de los sindicatos vigencia en la representación”.
“Necesitamos un cambio de paradigma en el modelo sindical argentino -resalta-. Sus principios de sustentar la justicia social para los trabajadores seguirán siempre vigentes como norma, pero ¿para qué trabajadores? ¿Para los 3.465.000 desempleados? ¿Para los 5.776.000 de trabajadores informales?, ¿Y los trabajadores que se pusieron frente a sus compañeros y formaron una Pyme? ¿Qué respuesta tenemos desde el sindicalismo para estos compañeros que se están quedando fuera del sistema?”.
Este sindicalista cordobés defiende el sistema indemnizatorio como el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, con algunas variantes: según explica, UECARA y las cámaras empresarias “elaboraron hace 3 años un proyecto indemnizatorio que licuaría el pasivo contingente a las empresas y les daría a los trabajadores el derecho a cobrar también sus indemnizaciones por renuncia o jubilación, hoy no previstas por la ley”. “Pero lo más notorio -agrega-, es que esos depósitos que el empleador haría por cada trabajador, como ocurre con los obreros de la construcción, no quedarían inmovilizados sino que generarían un fondo de inversión administrado por empresas y trabajadores y regulado por el Estado, que sería reinsertado al mercado como préstamos a las empresas aportantes”.
Rossi ya estuvo con Cordero para hablar sobre este proyecto, trabado porque requiere el aval de la cámara a nivel nacional, pero intenta convertirse en el primer gremialista en firmar el nuevo sistema de indemnizaciones que está incluido en la Ley Bases.
Mientras dirigentes como Facundo Moyano o Rossi impulsan una agenda distinta, en la estrategia de la CGT hay una sensación de más de lo mismo: los dialoguistas exploran con Cordero alternativas para destrabar el nuevo conflicto entre el Gobierno y el sindicalismo, pero en el núcleo duro de Milei están dispuestos a llevar al límite la pelea con el sindicalismo, como lo confirma el avance de Sturzenegger y las señales desafiantes de Pettovello, con la convicción de que la dirigencia gremial está desprestigiada ante la sociedad y finalmente deberá ceder si la economía empieza a dar muestras de mejora.
Por eso el escenario está instalado otra vez para que haya más cortocircuitos como los que dominaron ese vínculo desde el 10 de diciembre. La CGT volverá a la calle este miércoles para acompañar la marcha a San Cayetano que organizan los movimientos sociales, mientras medita cuándo convocar a los plenarios de secretarios generales y de delegaciones regionales: al ponerles fecha, también definirá los tiempos en que se concretará el tercer paro general contra Milei, que para el moyanismo y el kirchnerismo debe ser de 36 horas, con una movilización como cierre. ¿Se podrá evitar? Nadie lo sabe, sobre todo porque tanto el Gobierno como la CGT parecen no querer evitarlo.
