“Vamos a seguir cerrando registros, como prometimos, pero queremos encarar una reforma de fondo del sistema”, dice un funcionario que habla a diario con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Esa reforma apunta al corazón del ente cooperador ACARA, una caja millonaria que se financia hace tres décadas con la venta de los formularios que se venden en los registros y se encarga de pagar los sueldos de más de 2 mil empleados de esa cartera. El funcionario pondrá en marcha mañana su propia “task force” para intentar desarmar ese entramado oscuro.
El grupo de trabajo estará integrado por media docena de expertos. En esa mesa se sentarán el subsecretario de Asuntos Registrales Carlos Medina y el titular de la Dirección Nacional del Registro Automotor. También habrá un enviado del Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger. “Hoy más de 2000 mil empleados cobran por ACARA. Hay que estudiar cómo salimos del eso y los empleados pasan a cobrar a través del Tesoro”, explicó una fuente oficial.
El primer debate jurídico que deberán abordar los expertos es si el traspaso se puede hacer por decreto o requiere de una ley. En ese caso, Cúneo Libarona sabe que deberá enfrentarse a las complicaciones del Congreso. “Hay que abordar aspectos laborales, tributarios y legales, no es nada sencillo”, repiten en Justicia.
Cúneo Libarona ya avisó que seguirá cerrando registros en las próximas semanas, especialmente en el interior del país. Esta semana, se anunció una primera tanda de 136. Falta mucho.
Hasta ahora había 1554 registros en todo el país. Alrededor del 40% está en manos de interventores. La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior. A ese 40% apuntan en esta etapa.
En paralelo, el ministro de Justicia seguirá achicando la planta de trabajadores. Hace dos semanas, fueron desvinculados 685 empleados que integraban el disuelto Ministerio de la Mujer. “Menos empleados y menos registros, esa es la fórmula”, repiten cerca de Cúneo Libarona.
Los sucesivos anuncios pusieron en pie de guerra al sistema registral, que sigue reclamando por aumentos. Este viernes, los encargados de los registros realizaron una asamblea extraordinaria en la ciudad de Buenos Aires para definir los próximos pasos. Un grupo minoritario planteó la idea de ir a un lockout, es decir, una suerte de paro en todos los registros, pero terminó pesando la conducción del gremio, que prefiere seguir dialogando.
“Percibimos mucha angustia y tristeza por la situación. Pero la inmensa mayoría descartó tomar medidas que no solo no están dentro del marco de la ley sino que además perjudican la comercialización. Faltan cédulas, chapas … no podemos desatender”, dijo una fuente de la conducción de AAERPA, a cargo de Alejandro Germano.
La “task force” que pondrá en funciones Cúneo Libarona deberá analizar, entre otras cosas, los proyectos legislativos que hay en el Congreso para reformar el sistema de los Registros del Automotor.
Una de esas iniciativas, del diputado Oscar Agost Carreño, propone que las multas vayan al DNI y no al dominio del vehículo, para simplificar la transferencia, y agilizar la confección de las fotomultas. Otro proyecto lleva la firma de la diputada Patricia Vásquez, cercana a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y plantea directamente una eliminación de los registros automotor y reemplazarlos por un registro único digital, simple y con patente única de por vida.
El tercer proyecto lleva la firma del diputado radical Martín Tetaz. Apunta a la digitalización del trámite de transferencia mediante la creación de una plataforma digital en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Automotor, denominada RENDA, para que el Estado certifique y registre cada transferencia. “Esta plataforma permitirá a los usuarios elegir de qué manera se haga la transferencia o cualquier otro tramite relacionado, ya sea online o en los Registros existentes en la actualidad, a su sola voluntad”, explica la iniciativa.
La batalla final es intentar desarmar el sistema de ACARA, que se financia con la venta de formularios a los Registros, y la Cámara de Comercio Automotor (CCA), otro ente menos conocido. “ACARA no pasa los precios de las chapas y los formularios. La diferencia entre lo que pagamos nosotros y lo que sale realmente cada formulario es la ganancia millonaria de ACARA”, describe un interventor del interior país que apoyaba el viernes la idea de un “lockout”.
Esa caja millonaria no tiene control por parte del Estado. “Los fideicomisos y los entes cooperadores están fuera de la ley de presupuesto, no rinden a nadie, es plata negra de la política. La única diferencia es que el ente cooperador ACARA es nacional y la mayoría de los fideicomisos son provinciales”, se quejó un interventor que apoyaba la idea de un “lockout”.
Desarmar ese negocio millonario tendría costos políticos porque sirvió para fines diversos. “Esa plata se utilizó durante años para pagar sobresueldos. Ahora les quieren bajar los honorarios que cobran por sus servicios del 5% al 2,5%. Pero en realidad el ente ACARA gana mucha más plata de negocios paralelos como la administración de multas y la plataforma de pagos E-PAGOS”, describe un ex funcionario que conoce como pocos el sistema.
En el Ministerio de Justicia aseguran que el plan para erosionar el sistema de los Registros del Automotor, tal como funcionaban hasta ahora, no tiene marcha atrás. “El objetivo final es tener un solo registro y que cada persona desde su casa puede llenar un formulario y pagar el 1%”, aseguró un funcionario. Falta mucho.
