El Sindicato de Camioneros anticipó un duro conflicto que se desatará dentro de 5 meses: “En octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”, advirtió Pablo Moyano y ya se encendieron las luces de alerta en el gobierno porteño, donde quieren dar batalla para resistir la exigencia gremial.
El secretario adjunto de Camioneros basó su flamante exigencia en la aplicación de la famosa “Ley Moyano”, una norma no escrita por la cual el sindicato viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambie de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. El último antecedente se registró justamente en la ciudad de Buenos Aires cuando Horacio Rodríguez Larreta estatizó el sistema de acarreo y 500 trabajadores que respondían a los Moyano en las empresas Dakota y BRD cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima).
Ahora, Pablo Moyano adelantó los tiempos de la demanda sindical, aunque no le resultará tan fácil alcanzar su objetivo: “Dado que los contratos fueron prorrogados, el reclamo no tiene fundamento puesto que la relación laboral de los trabajadores con las empresas se da en el marco de la misma vinculación contractual”, afirmaron a Infobae fuentes del gobierno que encabeza Jorge Macri.
En el entorno del alcalde porteño ya trabajan sobre la hipótesis de que rechazarán la exigencia de Camioneros y deslizan que el eventual enfrentamiento puede convertirse en un caso testigo de la relación con el poder sindical: creen que Jorge Macri obtendría un fuerte rédito político por la pelea con dirigentes como los Moyano, que están al tope de la mala imagen en las encuestas.
Aun así, el riesgo es que la pelea escale en intensidad y derive en un paro de actividades del gremio que dejará montañas de basura acumuladas en todas las esquinas porteñas. ¿Habrá tolerancia de los vecinos ante una disputa con esas consecuencias para la imagen, la higiene y la salud de la ciudad más poblada del país? Hay quienes creen que Jorge Macri dará una batalla a fondo contra la Ley Moyano si el gobierno de Javier Milei también encara una lucha frontal contra la “patria camionera”. Hasta ahora, la incontinencia verbal de Pablo Moyano parece muy funcional a la Casa Rosada: “Cada vez que habla en contra del Gobierno, sube la imagen del Presidente”, aseguró un funcionario libertario.
El inicio de la “Ley Moyano” se registró durante la primera gestión porteña de Mauricio Macri, cuando tenía aspiraciones de un proyecto político propio y en 2012 impulsó en la Legislatura porteña la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que se había ido la empresa Manliba.
Desde entonces, el método extorsivo de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.
El caso más resonante en el sector privado se produjo en marzo de 2021, cuando la cadena de supermercados Walmart fue adquirida por el Grupo Narváez y el sindicato bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía en ese momento y volver a emplearlos. La compañía de Francisco de Narváez se negó de manera terminante porque, según argumentaron, sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y no podían “negociar algo que no está previsto en la ley”. Mientras, las protestas del gremio pusieron en peligro 10.000 puestos de trabajo.
Los Moyano decidieron el trabajo a reglamento, el bloqueo de camiones a las sucursales y la presión a camioneros para que no lleven productos a la cadena, algo que generó faltantes y desabastecimiento en muchos casos. Walmart definió la exigencia gremial como “una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país”.
Luego de momentos de tensión entre la empresa y el sindicato, el Grupo Narváez acordó con Camioneros en mayo de 2021 no aplicar la polémica “ley Moyano”, pero sí abonar por única vez a 477 trabajadores una “gratificación extraordinaria no remunerativa”, que consistió en una suma “no acumulable ni compensable” en hasta 5 cuotas. pago fue de entre $115.000 y $1 millón según la antigüedad. En total, la cadena desembolsó 227.576.922 millones de pesos para resolver el conflicto.
Rodríguez Larreta, que mantenía buenas relaciones con el Sindicato de Camioneros, soportó la misma presión cuando en 2022 decidió estatizar el sistema de grúas en la ciudad: Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, aunque no dejó de negociar con los funcionarios.
El acuerdo consistió en que los 500 trabajadores de las empresas Dakota y BRD pasaron a SBASE, donde mantendrían el mismo convenio laboral de Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, es decir, un total de casi 2000 millones de pesos.
En esos días, en el larretismo causaba temor que el gobierno porteño firmara semejante acuerdo multimillonario porque Elisa Carrió, la fundadora de la Coalición Cívica, ya había cuestionado la prórroga de los contratos existentes con Dakota y BRD (consideraba que las empresas habían cumplido “21 años de servicio irregular”) y podía criticar una paz con los Moyano que implicaba pagar tanta plata para indemnizar a trabajadores que iban a mantener el empleo en otra empresa.
Ahora, la recolección de residuos vuelve a ubicarse en la agenda política del gobierno de la ciudad a la luz de una relación con el Sindicato de Camioneros que amaga con enturbiarse tras años de convivencia bastante pacífica en las administraciones macrista y larretista. En la gestión de Mauricio Macri, la relación con los Moyano se canalizaba a través de Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público, un pragmático de origen peronista que siguió a cargo del vínculo con Camioneros cuando fue vicejefe de gobierno de Rodríguez Larreta, y de Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo de la ciudad y actual jefe de Asesores de Jorge Macri. En la etapa larretista también tendió puentes hacia el moyanismo el sucesor de Sabor, Ezequiel Jarvis, hoy ascendido a titular de la Secretaría de Trabajo y Empleo dentro del Ministerio de Justicia. Ninguno pudo entablar un diálogo fructífero con Pablo Moyano y sí, en cambio, con Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros.
Aunque falta para que estalle la pelea Moyano-Jorge Macri, los aprestos del gobierno porteño ya comenzaron: el que piloteará las negociaciones con Camioneros será el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti. Por esas vueltas del destino, ese funcionario de la ciudad es el mismo que, como vicepresidente del Club Independiente, firmó en marzo de 2023 una denuncia penal contra Hugo Moyano por irregularidades detectadas en la gestión del sindicalista al frente de la institución. Ahora, les tocará tratar de solucionar otro conflicto que, como en el caso del Rojo, promete ser un infierno.
