La sublevación de un grupo de uniformados misioneros, impulsados por personal retirado y con el acompañamiento de las familias, no es un fenómeno que surgió por generación espontánea.
En su raíz hay varios factores. Entre ellos, la crisis económica en la que está la Argentina y la estrechez financiera que atraviesan los estados provinciales por tres razones: el fin de las transferencias discrecionales de la Nación, la caída de la recaudación propia y de los recursos de coparticipación y el incremento de la demanda social en sus territorios.
A ellos se suma un antecedente reciente. La Policía de Misiones ya tomó el Comando Radioeléctrico, sede actual del conflicto, y puso en jaque durante 9 días a una administración provincial hasta lograr una recomposición de haberes.
Fue en febrero de 2012. En aquella oportunidad, además del Comando quedaron fuera de servicio las unidades regionales. Más de 1.500 agentes se plegaron a la medida. El arreglo llegó luego de que el gobierno de Maurice Closs otorgara un aumento del 30%.
La suba llevó el inicial de bolsillo de un agente a $4.200, unos USD886 al tipo de cambio libre de aquellos días. Para alcanzar ese nivel, el básico líquido debería estar hoy en unos $970 mil.
Herencia de aquel episodio fue una mesa de diálogo para debatir la pauta salarial del sector, que en los últimos meses entró en un cono de sombras.
El ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, indicó hace unos días a Infobae que, con el aumento de este lunes, un agente percibiría algo más de $470 mil.
El haber ofrecido por el gobierno de Hugo Passalacqua a los uniformados está en sintonía con lo que paga el Estado misionero a otros agentes públicos. Un maestro cobrará con el último aumento $400 mil. La administración provincial remarca que es el tercer incremento en lo que va del año y que los atendieron todos con las exhaustas arcas provinciales.
Cuando el Comando fue tomado, la Justicia provincial se movió rápido. El fiscal René Casal y el secretario judicial Sergio Serfaty se acercaron hasta el foco de la protesta. Intentaron que los uniformados depongan la actitud. Pero no ocurrió. Los manifestantes “asumieron una conducta diametralmente opuesta a lo conversado”, ya que “se estaría convocando al personal activo a hacerse presente en el lugar”, señaló el juez de Instrucción Ricardo Balor.
El magistrado usó la experiencia del fiscal y del secretario judicial para ordenar a la Policía que desaloje. Y reclamó también el auxilio de fuerzas federales. El operativo, que se esperó durante todo el sábado y se concretó el domingo, no salió como Balor lo esperaba. Estaban poniendo frente a frente policías y familiares que forman parte de una institución que hace gala de su espíritu de cuerpo.
La decisión de la Justicia estuvo en sintonía con la primera reacción del Gobierno: deslegitimar la protesta. Pérez adelantó que todos los participantes serían acusados de delitos como sedición agravada; robo, hurto y destrucción de bienes del Estado. Aún con el operativo de despeje infructuoso, la administración provincial insistió con mantener vivo ese camino. Además, un delito de acción pública no puede quedar en cero una vez que se denunció.
En sintonía, se conformó un comité de crisis. Al frente estarían la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Passalacqua. Además del envío y coordinación de un contingente de Gendarmes, el comité no tuvo otra acción conocida.
La actuación de fuerzas federales crispó aún más los ánimos. Y multiplicó la presencia de manifestantes en el Comando Radioeléctrico. Este lunes por la mañana, personal de salud sacó de circulación ambulancias del sistema de respuesta rápida 107. Las estacionó junto a los patrulleros inmovilizados desde hace días. En paralelo, un grupo de docentes cortó la Ruta Nacional 12 a la altura de Santa Ana, localidad ubicada muy cerca de Posadas, hacia el Norte.
Y hasta intervino la Iglesia. Los sacerdotes Marcos y Fabián Szyszkowski celebraron misa frente al Comando. “Su causa es justa. Merecen un salario que refleje su arduo trabajo. Los capellanes se unen a ustedes en esta manifestación, acompañando y orando por su fortaleza y éxito. ¡Animo, queridos policías! ¡Juntos podemos lograr un cambio positivo para todos!”, expresaron los prelados de la fuerza durante la homilía.
Tras lo ocurrido el domingo, el Gobierno provincial reflotó el diálogo con los policías amotinados. Con el acuerdo salarial con un sector de la docencia bajo el brazo, la administración de Passalacqua intentó este lunes encarrilar el conflicto. No pudo. Los representantes de los uniformados rechazaron la propuesta. Y el diálogo quedó moribundo.
Sin embargo, las autoridades mantienen la expectativa. “Seguiremos trabajando para que los misioneros puedan ir recuperando su poder adquisitivo ante el difícil escenario de crisis nacional, bregando siempre por la armonía, el trabajo y la responsabilidad en el manejo de la cosa pública”, dijo el ministro Pérez esta tarde a través de su cuenta de X (antes Twitter).
En los próximos días se verá dónde se corta la soga que están tirando desde los dos extremos. En uno está la necesidad. En el otro, la falta de recursos. Queda abierto también el interrogante de si habrá o no ayuda nacional para superar la situación. Pesa también el peligro de un efecto dominó en otras provincias donde la realidad de los agentes públicos es similar.
Hay que recordar que el conflicto policial misionero de febrero/marzo de 2012 fue la antesala de la revuelta de gendarmes que tomaron el Edificio Centinela en Buenos Aires. Como correlato, un año después, la Policía cordobesa iniciaba la seguidilla de paros policiales que paralizó el servicio de seguridad en 20 provincias y que tuvo un saldo luctuoso de 18 personas muertas y, además, pérdidas millonarias.
