Pasaron casi cinco años del crimen del remisero Claudio Romano, que fue abatido a tiros por tres policías de la Ciudad. Todos ellos están imputados por el delito de homicidio agravado por el abuso de autoridad y uso de arma de fuego. Este lunes comienza el juicio contra los oficiales.
Los acusados son Ramón Pérez, Daniela López y Beatriz Manzanelli. El hecho ocurrió el 1° de octubre de 2019 alrededor de las 11.10, cuando los tres oficiales se encontraban a bordo del móvil 2571 asignado a la Comuna 15 B, a la altura 933 de la calle Malabia de Capital Federal. Pérez era quien conducía el patrullero, mientras que Manzanelli estaba sentado en el asiento del acompañante. López, por otro lado, estaba en la vereda a cargo de entregar una notificación a un portero de la cuadra.
Según se describe en los requerimientos de elevación a juicio, Romano estacionó su vehículo Volkswagen Polo detrás del patrullero. Bajó del auto con manchas de sangre en sus manos y abdomen y con un cuchillo “Kerambit” en su mano derecha. Así, caminó con paso normal hasta la ventana del conductor del móvil.
En línea con la reconstrucción de la Fiscalía, una vez frente a Pérez, “Romano introdujo en dos oportunidades por la ventanilla su mano derecha con la que portaba la navaja, ocasionándole al Oficial Primero una excoriación superficial en cara lateral externa del brazo izquierdo, una lesión puntiforme en región medial derecha del cuello y una lesión cortante en el cuarto dedo de la mano izquierda”.
Luego, corrió hacia la otra parte del auto y enfrentó a Manzanelli, que ya había bajado y empuñaba su arma reglamentaria. Cuando Romano intentó abalanzarse sobre ella, recibió un disparo en su pierna izquierda y cayó al suelo donde quedó tendido por aproximadamente 30 segundos. Pérez, por su parte, efectuó otra detonación desde el interior del vehículo policial que impactó en la misma ventanilla.
Una vez en el suelo, Romano permaneció acostado y realizó escasos movimientos mientras los tres efectivos los rodeaban. Cuando intentó reincorporarse —con la navaja en la mano—, Pérez le propinó una patada en la cabeza, por lo que volvió a quedar tendido en el piso. Al intentar levantarse nuevamente, la víctima realizaba movimientos imprecisos al aire con su navaja. Frente a esto, los tres policías abrieron fuego contra él, efectuando un total de cinco disparos que acabaron con la vida del remisero.
“Ha quedado claro que durante el tiempo en que Romano permaneció acostado en el piso, los tres efectivos no adoptaron ningún procedimiento con el objeto de neutralizar su actitud para lograr quitarle el arma blanca y reducirlo —teniendo en cuenta su superioridad numérica y la debilidad física de la víctima—”, considera la Fiscalía.
En su requisitoria, la defensa plantea que “claramente existían muchas otras alternativas que no requerían disparar cinco veces en cuestión de segundos contra quien ya estaba herido, incapacitado para levantarse, y al que por casi un minuto habían dejado para hablar por trunking, mirar la altura catastral o caminar alrededor del móvil”.
En un primer momento, los abogados Manuel Ramallo y Rodolfo Barrios, del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que ejercen la defensa de los policías fundaron la apelación del procesamiento dictado por la jueza Gómez Maiorano en que los imputados actuaron “en legítimo ejercicio de su deber” y amparados por la “legítima defensa”.
Los jueces desestimaron la apelación de la defensa de los agentes, para la que los policías se defendieron del ataque por lo que su actuación —a su juicio— está justificada. Además, en un punto importante dentro de las hipótesis que se manejaron alrededor del hecho, los camaristas consideraron no hay pruebas para sostener que Romano buscó que los policías lo mataran, como una especie de “suicidio por transferencia” sino que además no existe legislación que contemple esa figura.
El proceso judicial comienza este lunes y está previsto que se extienda hasta el 20 de septiembre.
