El Ministerio de Capital Humano presentó ante la Justicia nuevas pruebas que revelan el mecanismo de entrega de alimentos a “comedores fantasma” administrados por movimientos sociales y piqueteros. Son remitos de salida y expedientes a través de los que se dejaba constancia de la entrega de mercadería como harina de trigo, leche en polvo, fideos guiseros, pasas de uva, semillas de girasol, yerba mate y puré de tomates. Los alimentos eran retirados en camiones desde el depósito del ex Ministerio de Desarrollo Social ubicado en Villa Martelli.
En las planillas figuraba la dirección, la organización social y el nombre del comedor al que estaba destinada la comida. Las planillas eran firmadas por el “chofer” de la empresa de camiones encargado del transporte, pero no tenía la firma del “beneficiario”.
La documentación fue aportada al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Ramiro González por la subsecretaria Legal de Capital Humano Leila Gianni y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano.
Los abogados les informaron al fiscal y al juez que la documentación hace referencia a las constancias de alimentos que eran entregado por el entonces Ministerio de Desarrollo Social a diferentes organizaciones sociales que había preinscrito comedores en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM) y que “conforme las auditorías llevadas por el Ministerio de Capital Humano en el transcurso de este año se puedo verificar la inexistencia de los mismos”.
Como ejemplo, Gianni y Romano presentaron un listado de los comedores relevados, donde se puedo verificar cuáles no existían y la organización social a la que pertenece. Asimismo, las actas acompañadas “dan cuenta de la entrega de alimentos secos que estas organizaciones sociales recepcionaron”.
El escrito hace mención del remito que la organización LADETI -Asociación Civil Latinoamericana- que retiró alimentos para varios comedores, entre ellos, Los Angelitos. Según el “remito de salida 56382″, el 4 de agosto de 2023 del depósito de Villa Martelli salió un camión con 2.640 paquetes de fideos guiseros; 1.080 paquetes de harina de maíz; 1.700 paquetes de lentejas; 2.240 kilos de leche en polvo; 400 kilos de porotos; 1.680 envases de 250 gramos de pasas de uvas y 600 kilos de yerba mate. “Sin embargo, durante la auditoría se dio cuenta que el comedor Los Angelitos, no existía”.
La misma situación se repite en otros comedores que recibieron alimentos secos, pero, según las auditorías presenciales de la cartera a cargo de Sandra Pettovello son “fantasma”.
La causa está caratulada como “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”.
En el expediente 1769/2024 se investiga no sólo a los responsables de los supuestos comedores a los que estaban destinados los alimentos, sino también a las ex autoridades que deberían haber controlado que la comida llegue a los más vulnerables.
Juez y fiscal también investigan denuncias de beneficiarios de planes sociales, como el Potenciar Trabajo, que fueron “extorsionados y amenazados” a ir a movilizaciones y protestas.
En el marco de esa causa el pasado 27 de junio el magistrado ordenó 14 allanamientos. Se trató de las sedes del CTD Aníbal Verón, el Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTADA, Confluencia Popular y MTL.
En los lugares se secuestraron teléfonos celulares, documentación, cuadernos y fichas de afiliación a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El Movimiento Evita, Barrios de Pie, el MTE, y la Corriente Clasista y Combativa son cuatro de las principales organizaciones que integran la UTEP.
Uno de los principales líderes del Evita es Emilio Pérsico. También era funcionario de Desarrollo Social, estaba a cargo de la Secretaría de Economía Social, el área que administraba el Potenciar Trabajo. Daniel Menéndez es el coordinador nacional de Barrios de Pie y también era funcionario en la secretaría de Pérsico.
“Empecé pagando $7.000 pesos”
La mega causa que instruye Lijo, tal como anticipó Infobae, se nutre de más de 1.000 denuncias ingresadas a través de la línea 134 que fue habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para recibir alertas de quienes se sintieran víctimas de extorsiones por parte de los dirigentes sociales y piqueteros para marchar, protestar y cortar calles.
Una de esas presuntas víctimas afirmó que su hermana “es amiga de una de las personas que estaba en la organización Movimiento Evita”. Por esa relación, la testigo ingresó al programa Potenciar Trabajo en octubre de 2021. Descargó la aplicación del Banco Nación y en diciembre “ya tenía depositado el dinero del plan”.
Poco después, los dirigentes sociales le informaron que, para seguir cobrando el plan -su valor era del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil- debía pagar una cuota mensual y asistir a las marchas o actos que convocara el Movimiento Evita, organización que formaba parte del gobierno de Alberto Fernández.
“Yo hago la denuncia -al 134- porque en el mes de marzo no pasé la plata que correspondía, entonces el referente -se preserva en nombre porque está bajo investigación- me dijo que lo iba a hablar con la hermana y las encargadas de los papeles”, aseguró.
La víctima también sostuvo: “Al no presentarme en las movilizaciones -también marchas a favor del entonces oficialismo- ellos tenían que mandar un representante en mi nombre y esa persona tenía que ser pagada. Entonces yo tenía que pasar una plata por eso y para ayudar al merendero. Empecé pagando $7.000 pesos.”
También explicó: “Después, a los meses empezaron con que nos teníamos que presentar en unas votaciones -da una dirección que se preserva- a votar al representante de la organización. A esto yo tampoco podía ir, por lo que les volví a repetir que no había problema en que me den la baja. Pero como no pasé la plata que correspondía, se pusieron más insistentes, me decían que yo tenía que sacar de cualquier lado para darle lo que correspondía. Ya la cuota mensual era de $10.000. Les pregunté por qué y me dijeron que ‘si me aumentaba el Potenciar Trabajo me iban a aumentar lo que les tenía que pasar’”.
La mujer presentó ante el juzgado un audio: “Me lo mandaron en respuesta a lo que les dije, que no iba a poder pagar ese mes. El referente del Evita me contestó en un tono amenazante diciéndome ‘que iban a ver cómo se podía solucionar’ pero insistió con que yo tenía que buscar alguna forma de pasarles ‘lo acordado’”.
La víctima relató también que sólo una vez fue a una movilización del Movimiento Evita. “Fue en 2022, el Día del Trabajador, para pedir un aumento de los planes. Nunca antes había ido a una marcha”.
Un número muy importante de comedores comunitarios administrados por organizaciones sociales y piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero, formaban parte de las Unidades de Gestión, es decir, los lugares a los que asistían beneficiarios del Potenciar Trabajo para realizar las 20 horas de labores semanales como contraprestación. La causa de Lijo y una muy similar que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, demuestran que alguno de esos lugares eran utilizados para presionar y extorsionar a los beneficiarios. También que un número muy importante de ellos no existirían y que los alimentos que se supone eran derivados a esos lugares habrían sido desviados a otros lugares en vez de llegar a las mesas de los más necesitados.
