“Los planes son un sistema moderno de esclavitud”, definió el jueves pasado en su presentación ante el Senado de la Nación Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. La frase va en consonancia con las causas que instruyen contra un grupo dirigentes sociales que forman parte de la Unidad Piquetera y de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en los juzgados de los jueces Ariel Lijo y Julián Ercolini.
En la unidad judicial que encabeza uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema se recibieron declaraciones reveladoras y apuntan a dos organizaciones: la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, organización piquetera de izquierda que se integró el año pasado a la CTA Autónoma; y el Movimiento Evita, la organización social liderada por Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social del Gobierno anterior y administrador del mayor programa de la ex cartera de Desarrollo Social junto al Alimentario, el Potenciar Trabajo. El ex dirigente Montonero estaba de los dos lados del mostrador. En tanto, en el juzgado de Ercolini se dictó el secreto de sumario.
“Empecé pagando $7.000″
La mega causa que instruye Lijo, tal como anticipó Infobae, se nutre de más de 1.000 denuncias ingresadas a través de la línea 134 que fue habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para recibir alertas de quienes se sintieran víctimas de aprietes o extorsiones por parte de los dirigentes sociales y piqueteros para marchar, protestar y cortar calles.
Una de esas presuntas víctimas, además de denunciar la existencia de un call center, tuvo el valor de aportar su testimonio ante la justicia federal bajo juramento.
En ese marco afirmó que su hermana “es amiga de una de las personas que estaba en la organización Movimiento Evita”. Por esa relación, la testigo ingresó al programa Potenciar Trabajo en octubre de 2021. Descargó la aplicación del Banco Nación y en diciembre “ya tenía depositado el dinero del plan”.
Poco después, los dirigentes sociales le informaron que, para seguir cobrando el plan -su valor era del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil-, debía pagar una cuota mensual y asistir a las marchas o actos que convocara el Evita, organización que formaba parte del gobierno de Alberto Fernández
“Yo hago la denuncia -al 134- porque en el mes de marzo no pasé la plata que correspondía que pase, entonces el referente -se preserva en nombre porque está bajo investigación- me dijo que lo iba a hablar con la hermana y las encargadas de los papeles”, aseguró.
La víctima apuntó: “Al no presentarme en las movilizaciones -también marchas a favor del entonces oficialismo- ellos tenían que mandar un representante en mi nombre y esa persona tenía que ser pagada. Entonces yo tenía que pasar una plata por eso y para ayudar al merendero. Empecé pagando $7000 pesos.”
La misma persona afirmó: “Después, a los meses empezaron con que nos teníamos que presentar en unas votaciones -da una dirección que se preserva- a votar al representante de la organización. A esto yo tampoco podía ir, por lo que les volví a repetir que no había problema en que me den la baja. Pero como no pasé la plata que correspondía, se pusieron más insistentes, me decían que yo tenía que sacar de cualquier lado para darle lo que correspondía. Ya la cuota mensual era de $10.000. Les pregunté por qué y me dijeron que ‘si me aumentaba el Potenciar Trabajo me iban a aumentar lo que les tenía que pasar’”.
La mujer presentó ante el juzgado de Ariel Lijo un audio: “Me lo mandaron en respuesta a lo que les dije, que no iba a poder pagar ese mes. El referente del Evita me contestó en un tono amenazante diciéndome ‘que iban a ver cómo se podía solucionar,’ pero insistió con que yo tenía que buscar alguna forma de pasarles ‘lo acordado’”.
La víctima relató también que sólo una vez fue a una movilización del Movimiento Evita. “Fue en 2022, el Día del Trabajador, para pedir un aumento de los planes. Nunca antes había ido a una marcha”.
El 1° de mayo de ese año, los movimientos sociales que integraban el Frente de Todos convocaron a marchar a favor de la Casa Rosada. Buscaban mostrar unidad y apoyo al Jefe de Estado a quien la entonces vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner venía criticando. El escenario fue armado en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Algunas corrientes, como dice la testigo, también pedían aumentar la cantidad de planes sociales ya que, para esa época, el Gobierno, a través del entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció: “Vamos claramente hacia un camino que es transformar los planes sociales en trabajo genuino”; por esa razón, no había más ingresos al programa social.
El 20 de junio, poco más de un mes después de esa concentración masiva en favor de Alberto Fernández, en un acto organizado por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) en la localidad bonaerense de Avellaneda, Cristina Kirchner lanzó una fuerte crítica sobre el mecanismo de manejo de los planes sociales, “tercerizados” en las organizaciones, ante lo cual exigió que “el Estado retome el control” de esos programas.
El destinatario de ese cuestionamiento, además del Presidente, era Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Sin nombrarlo, la ex mandataria sostuvo con la ironía que la caracteriza: “Si Evita los viera…¡mamita!”.
El propio Pérsico fue quien salió a responder. “Si Evita viviera, estaría orgullosa”.
Por último, la testigo dijo ante la justicia que, después de la participación en el acto a favor del gobierno de Fernández, la convocaron para más marchas. “No fui porque no me podía organizar. El referente del Evita me pedía que me ponga en su lugar. Yo le contestaba que se ponga él en el mío. Le dije que ‘estábamos en época escolar y la plata no alcanzaba’”. Finalmente, fue dada de baja del Potenciar Trabajo.
La causa que tramita en el juzgado de Ariel Lijo acumula unas 1.000 denuncias procesadas. Cada una de ella tiene su propio legajo o formulario. Además del Evita, dirigentes de otras organizaciones fueron denunciados. Algunos lo hacen de manera anónima, otros, en cambio, deciden presentarse y dar su versión de manera personal. Por ejemplo, un beneficiario del Potenciar Trabajo -se preserva su identidad- dijo que había conseguido el plan a través de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados -Aníbal Verón.
“Apenas llegué, por WhatsApp, la referente -se preserva el nombre- me dijo que debía pagar un aporte de $ 3.000, pero después cuando ya estaba adentro y empezaron a haber marchas me decía que si no podía ir tenía que llevar un reemplazo o pagar $3.000 el reemplazo”.
Cuando desde el juzgado le preguntan qué “contraprestación” debía realizar como beneficiario del Potenciar Trabajo, el testigo respondió: “No, ninguna, eso es lo que me pareció raro. Porque ellos no tenían lugar físico para ellos ir a trabajar (se refiere a una Unidad de Gestión). El lugar donde iba a pagar era la casa de ella. Ahí se estaba edificando como para un comedor, pero era su vivienda. Ella decía que tenía un comedor. Ahí veías mercadería. Lo único que hacía yo era llevarle la plata o transferirle”.
Según el relato de la supuesta víctima, la referente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados -Aníbal Verón “era la que manejaba todo. Tenía una chica que anotaba, que era como la secretaria, agarraba la plata y te anotaba en una lista de quién pago y quién no. La referente lideraba las movilizaciones”.
El denunciante reconoció que participó de algunas concentraciones o actos, el último “en el 2023, antes del cambio de gobierno”. Y aseguró: » Fui un ratito. Si no ibas, tenías que pagar $3.000″.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich reveló que, hasta ahora, a través de la línea 134 “hubo 150 mil denuncias porque la gente perdió el miedo”. De ese caudal, se judicializaron unas 10 mil denuncias que tramitan en los mencionados juzgados de Lijo y Ercolini, pero otras fueron derivadas a los juzgados federales de las provincias a la que corresponde.
En diálogo con este medio, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello afirmó: “Esta es la punta del iceberg, la gente, ahora que se la escucha, tiene mucho para hablar y denunciar”.
