Santiago González Roisler ingresó a trabajar a la Cámara de Diputados en 2020. Cumplía funciones en el despacho de la entonces diputada Romina Del Plá. En enero de 2021, fue ascendido a planta transitoria, como asesor del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Pero su carrera dentro del Parlamento terminó abruptamente el 31 de mayo, en medio del escándalo por el manejo de los planes sociales. Su salida estuvo vinculada de manera directa con el avance de la causa judicial.
Tal como anticipó Infobae, la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita investiga el rol de González Roisler a través una imprenta que habría canalizado parte de los fondos investigados. Se trata de la empresa Ediciones e Impresiones Panorama SRL, creada en noviembre de 2022 con un objeto social amplio: realizar trabajos de impresión de distintos elementos de publicidad en formato gráfico, pudiendo editar, vender, comprar, distribuir, exportar, importar y financiar obras literarias, bibliográficas, diarios y revistas.
De acuerdo a las pruebas recolectadas en la causa, Panorama habría cumplido el mismo rol que la imprenta “Rumbos” para canalizar los fondos correspondientes al Polo Obrero. “Es una continuidad”, dicen en Comodoro Py.
Según un informe reservado al que tuvo acceso este medio, desde las cuentas que tiene esa imprenta en el Banco Francés se hicieron transferencias por más de $254 millones en apenas cinco meses del año pasado. “Los fondos se destinaron a la obra social del personal de la industria del neumático. Al no resultar razonable lo operado con el perfil del cliente, se le solicitó documentación respaldatoria para justificar los montos operados”, informó la entidad.
Esa cuenta en el Banco Francés apareció mencionada en varios chats que figuran en el expediente. Cuando procesó a los dirigentes del PO, el juez Sebastián Casanello destacó unos mensajes de WhatsApp que circularon entre dirigentes de esa agrupación donde se avisaban ya no había que utilizar la cuenta bancaria de “Rumbos” para ingresar dinero, sino la de Panorama.
Rumbos fue el mayor proveedor de facturas para desviar los fondos del Plan Trabajar. En la causa hay 179 facturas por servicios presuntamente prestados a Asociación Civil Polo Obrero y a Cooperativa de Trabajo El Resplandor. En realidad, la imprenta era una pantalla para desviar fondos. En total, por esa vía se desviaron $31.000.000.
“La operatoria no habría sido posible sin una connivencia entre las dos partes que intervinieron en el proceso del manejo del dinero y la facturación: de un lado, las autoridades de las entidades investigadas, cuyo propósito era justificar, a través de facturación apócrifa, egresos de dinero aplicados a un fin no habilitado normativamente; del otro, el socio gerente de Rumbos, Roberto Adrián Albornoz, de fuertes lazos con la organización y el partido”, destacó el juez Casanello cuando dictó los procesamientos.
Otras facturas utilizadas por el PO para “justificar” gastos eran de Coxtex SA, una usina que ya había sido detectada por la AFIP. Esa firma fue creada por María Soledad Vega, una mujer de escasos recursos, y Luis Alexander Pichuaga, un misterioso “canadiense” que vivía en un humilde PH de Floresta. Cuando la Justicia allanó sus domicilios, confirmó que habían sido usados por otras personas.
Mientras se define el futuro de la causa en la Cámara Federal, los investigadores judiciales se concentraron en pistas que habían quedado pendientes, como el caso de Panorama. Esa imprenta también tiene varias transferencias sospechosas con la cooperativa El Resplandor, tanto de ingresos como de egresos.
Al revisar las cuentas y los movimientos de la imprenta, los organismos de control detectaron movimientos sospechosos en una cuenta del Banco Municipal de Rosario a nombre de un monotributista. En esa cuenta se recibieron transferencias millonarios de Rumbos y también de Panorama, las dos imprentas en la mira. Cuando la entidad comenzó a investigar, apareció una nota firmada por un funcionario de la Municipalidad de Rosario donde se asegura que el titular de la cuenta, un desempleado que pasó a ser monotributista, es “administrador” de varios beneficiarios de planes sociales.
Por todo esto, los investigadores se concentraron en el rol de Panorama.
Detrás de esa imprenta están González Roisler y Gustavo Spektor. El primero, además de ser empleado de la Cámara de Diputados, es un asiduo aportante a la campañas políticas del Partido del Obrero. De acuerdo a los registros publicados por la Cámara Electoral consultados por Infobae, hizo contribuciones desde 2018, en diferentes distritos.
De acuerdo al balance de 2018 de esa fuerza publicado en el sitio web de la Cámara Electoral, González Roisler comenzó ese año con una donación de $7000 en efectivo. Al año siguiente, el aporte ascendió a $50.000. En 2020, hizo tres transferencias de $5000, $20.000 y $55.000. Y en 2021 sumó dos transferencias por $5000 y $6000, solo en el distrito de Capital Federal.
Los aportes de González Roisler se registran en varias provincias y en diversas elecciones. En el último balance correspondiente a la provincia de Buenos Aires, aparecen dos transferencias de $75.000 y $7000.
Ante una consulta de Infobae, fuentes del bloque del FIT dijeron que la salida de González Roisler fue consecuencia de las “rotaciones de las bancas”. Y remarcaron que era parte de las filas del Partido Obrero.
La causa espera definiciones
La Cámara Federal debe definir en las próximas semanas si se amplía la investigación y si se ordena la indagatoria de Emilio Pérsico, responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández. El fiscal Pollicita lo acusó de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.
Casanello rechazó la indagatoria, pero el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, sostuvo el recurso de Pollicita y hasta reclamó que se investigue si hubo una asociación ilícita. “Los funcionarios de la Secretaría de Economía Social no solo desembolsaron subsidios millonarios —al menos $361.087.500— en favor del Polo Obrero, sin ningún respaldo informativo ni documental respecto del destino del dinero público y pese a las observaciones de las áreas jurídicas basadas en la normativa”, se quejó en su recurso.
