El Ministerio de Capital Humano que preside Sandra Pettovello presentó en la justicia más de 30 denuncias penales por supuestos hecho de corrupción, fraude a la administración pública, malversación de caudales, coacción, y mal desempeño de ex funcionarios en sus cargos, entre otros delitos, que habrían significado un perjuicio para las arcas del Estado de, como mínimo, unos $44 mil millones, o su equivalente, USD 350 millones.
Las causas fueron presentadas y son seguidas por la Subsecretaría Legal, a cargo de Leila Gianni y del Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano. Hay expedientes que son resonantes e involucran a ex funcionarios y dirigentes sociales y piqueteros como el ex presidente Alberto Fernández; la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni; y el ex secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Entre los expedientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py se destacan: la Causa de los Seguros, la de los “Comedores Fantasma”, la de las presuntas extorsiones y coacción para asistir a marchas y piquetes, la de los “Guardapolvos Escolares”, la de sobreprecios en la compra de alimentos para sectores más vulnerables, la desaparición de computadoras en el ex Ministerio de Educación, el presunto desvío de fondos a cooperativas ligadas a organizaciones sociales -vinculadas al ex programa Potenciar Trabajo- y el pago de sobresueldos a funcionarios del actual Gobierno a través de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Las denuncias estuvieron fundadas en las auditorías de todas las áreas del Estado ordenadas por Javier Milei apenas asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023.
Capital Humano fue el ministerio que más presuntos casos de corrupción detectó y denunció en tribunales. Según pudo verificar este medio de fuentes judiciales, la gran mayoría de las denuncias tuvieron avances y son impulsadas por magistrados y fiscales. Una de las principales razones es la “voluntad” para entregar la documentación solicitada para avanzar en las pesquisas. Esa y la fundamentación de las presentaciones, observa un destacado fiscal, es la clave del éxito del equipo del área legal de la cartera que conduce Pettovello, una funcionaria que también observa de cerca la evolución del trámite judicial. “Los jueces también son parte de la casta”, se le escucha decir.
En las infografías que ilustran esta nota se puede observar una síntesis de los casos más resonantes. En pocos meses, por ejemplo, se logró la imputación del ex presidente Alberto Fernández en la “Causa Seguros” que investiga la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. Allí se analizan los posibles delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. El monto aproximado de la maniobra es de unos 20 mil millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. La maniobra irregular fue detectada por la ANSES, bajo la titularidad de Osvaldo Giordano. Fue publicado por el diario Clarín y de inmediato Pettovello ordenó a la Subsecretaría Legal recabar la información y presentarla ante la Justicia.
La “Causa Guardapolvos” escolares es otro de los expedientes que avanza a paso firme. A mediados de agosto se realizaron casi 40 allanamientos en las cooperativas involucradas y domicilios vinculados. Después esa medida, el juez Julián Ercolini ordenó recaratular el expediente número 1268/2024, e incorporar como principal sospechosa a la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.
Según los documentos entregados al juzgado por Gianni y Romano, la administración de Alberto Fernández entregó menos del 50% de las 1.300.000 prendas destinadas a los niños y niñas más vulnerables del país. En el expediente se afirma que estas cooperativas cobraron el 80% de los $5.500 millones destinados a la producción de los guardapolvos. Las cinco más favorecidas funcionan en los municipios peronistas de Quilmes, La Matanza y Berisso.
Según los detalles atesorados en las carpetas de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, las causas por presuntos hechos de malversación de fondos públicos y corrupción en los cuatro años de administración albertista involucraría un perjuicio fiscal para el Estado Nacional de $44.577.226.755.
Dirigentes sociales y piqueteros también son cuestionados en una batería de causas judiciales en la que ya hay procesados. Son 17 dirigentes del Polo Obrero, entre ellos su líder Eduardo Belliboni y su mano derecha Jeremías Cantero. Ahora serán los magistrados de alzada quienes deben decidir si confirman o no los procesamientos dispuesto por el juez Sebastián Casanello.
El magistrado halló pruebas suficientes para esta etapa de la instrucción que demostrarían que desde la organización de izquierda se coaccionaba a los beneficiarios de planes sociales para que asistan a marchas. Si no lo hacían ,los amenazaban con darle de baja el beneficio.
Un testigo declaró: “Siempre te estaban diciendo que, si no venís, vas a perder el plan”. Y recordó que un delegado del Partido Obrero, a quien conocía de su barrio, lo inscribió en el programa, pero en vez de hablarle de lo que tenía que hacer -en la unidad de gestión en la cual debería trabajar 4 horas semanales para cobrar el Potenciar Trabajo- le habló de política y que “tenía que ir a marchar”. Por eso “iban todos siempre a marchar”.
Investigando esos “aprietes” se descubrió que parte de los subsidios que la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, otorgaba en el marco del programa Potenciar Trabajo y se habrían utilizado para fines políticos.
Las palabras del fiscal Gerardo Pollicita fueron las siguientes: “Se ha podido acreditar la existencia de un grave hecho de corrupción: una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública a partir de un acuerdo de voluntades entre funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, cuanto menos, las autoridades de la organización Polo Obrero quienes, encontrándose a cargo de la administración y el cuidado de los fondos públicos que el Estado Nacional destinaba a las políticas sociales en favor de los más vulnerables, deliberadamente violaron sus deberes en pos de lograr un beneficio económico indebido y el consecuente perjuicio al erario público, que, cuanto menos, ascendió a la suma de $36.144.418″. Hasta el momento la causa no tiene funcionarios imputados.
A lo largo y ancho del país se abrieron cientos de causas por extorsiones o el pagos de una “cápita” para que no le quiten el programa social. Las denuncias anónimas eran recibidas en la línea 134 que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, habilitó para que las víctimas denuncien este tipo de abusos.
Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita también fue denunciado por estar “de los dos lados del mostrador”. El 18 de marzo Capital Humano lo acusó en tribunales por presunto fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz de su paso por la gestión en la ex cartera de Desarrollo Social que estuvo a cargo de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Se lo señala por ubicarse como » juez y parte”, a la hora del reparto de fondos de ayuda social. El dirigente peronista era el encargado de administrar el Programa Potenciar Trabajo. Según el escrito, Pérsico aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”. El ex funcionario también formó parte de esas cooperativas.
Hasta el momento, y a pesar de las sospechas y las declaraciones públicas, el ex integrante de la agrupación guerrillera Montoneros, no fue imputado en ningún expediente.
En diversos expedientes judiciales, el Ministerio de Capital Humano denunció a 34 cooperativas por el manejo de fondos públicos y la sospecha de que ese dinero fue malversado. Tampoco se descarta un presunto enriquecimiento de referentes, dirigentes sociales o funcionarios. En el expediente 1671-2024 se autorizó el levantamiento del secreto bancario. Si bien la causa avanzó, hasta ahora no hay imputados.
Lluvia de amparos
Al rosario de más de treinta causas penales hay que sumar unos 25 recursos amparos interpuestos por distintas organizaciones contra decisiones que tomó el gobierno de La Libertad Avanza. Algunos de ellos son:
- La modificación en la distribución de alimentos, en la que se eliminó la “tercerización” de la comida para comedores y merenderos comunitarios que realizaron los dirigentes sociales y piqueteros en los cuatro años de gobierno del Frente de Todos.
- Por haber acumulado seis toneladas de alimentos en los depósitos de Capital Humano ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán. En al menos dos expedientes, impulsados por el dirigente político y abogado Juan Grabois y la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se le pidió a los magistrados que Pettovello asista a los comedores con esos alimentos. Se le exigió al Ministerio que comunique el plan de distribución, que explique cómo estaba asistiendo a esos lugares y qué cantidad se repartieron. También las fechas de vencimiento de la mercadería y el stock.
En un primer momento el Gobierno negó la existencia de los alimentos. Después lo reconoció. Dijo que no había fechas de vencimiento cercanas, pero terminó admitiendo el hecho.
A pesar de las críticas de Grabois, Pettovello presentó el plan de distribución. Sin embargo, como había anunciado, dejó afuera a los movimientos sociales en el reparto. Lo hizo a través de la Fundación CONIN, con quien ya había firmado convenio. Y no lo distribuyó a los comedores, sino a las escuelas vulnerables. También firmó convenios con las provincias para que éstas retiren los alimentos.
A través de un escrito firmado por los abogados de Capital Humano, se le recordó al juez -en este caso Walter Lara Correa– que: “Es una potestad de la Administración la implementación de programas de seguridad alimentaria a fin de asistir a las poblaciones vulnerables toda vez que compete a la Subsecretaría de Políticas Sociales entender en el diseño, gestión y evaluación de las políticas sociales tendientes a incluir, acompañar y proteger a la población en estado de vulnerabilidad”.
Al aceptar el recurso de amparo presentado contra Capital Humano, Walter Lara Correa ordenó que se garantice la distribución de alimentos, pero convalidó las medidas tomadas por el Gobierno.
Entre las medidas reconocidas por la resolución judicial están tanto los acuerdos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de comida y con la fundación CONIN como así también el esquema organizado con los militares para distribuir la comida que estaba en depósitos en el conurbano bonaerense y en el interior de la provincia de Tucumán. En concreto, el juez destacó que el Ministerio de Capital Humano confirmó que “se está realizando la distribución de los alimentos próximos a su fecha de vencimiento, en el marco del convenio antes referido”. El magistrado también destacó que Pettovello se comprometió a que “los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país”. Para la Casa Rosada la resolución judicial fue un “éxito, un triunfo”.
A contrapelo de esa interpretación, Grabois, dirigente de Argentina Humana sostuvo que “el falló es contra el Ministerio de Capital Humano” ya que le ordenó garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los comedores y merenderos comunitarios”, y que se trató, en realidad, de “otro freno de la Justicia al plan de miseria planificada”.
Ayer sábado el mismo Lara Correa rechazó un nuevo planteo del CELS y del abogado Grabois en virtud del cual denunciaron supuestos incumplimiento del Ministerio de Capital Humano respecto de la entrega de alimentos a los comedores. En su resolución, el juez en los Contencioso Administrativo Federal rechazó dictar sentencia como pedía el CELS y le solicitó al organismo que provea “la prueba ofrecida por la parte actora la cual deberá ser producida por el representante adecuado CELS” y ordenó una batería de medidas de prueba como el “presupuesto ejecutado por mes desde enero 2023 a la fecha desagregado, especificando montos destinados a la ejecución de convenios y entre otras medidas “que comedores y merenderos del ReNaCom han recibido alimentos o transferencias desde diciembre 2023 hasta la fecha y cuales han quedado sin asistencia”. Para esas diligencias el juez le otorgó a la cartera de Pettovello un plazo de diez días.
Según la información oficial, Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo, el 86% de los alimentos destinados a escuelas vulnerables “ya fueron retirados”. Y aún falta que las provincias retiren los 352.648 kilos que quedan en Villa Martelli y Tafí Viejo.
Capital Humano, logró tres fallos positivos en los amparos que presentaron las cinco universidades creadas por aprobación del Congreso tres meses antes del cambio de gobierno, entre las que se encuentra la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, dispuso “el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas cinco instituciones universitarias”. También se dejó de transferir fondos.
Hasta ahora, en todos los casos los jueces rechazaron esos recursos de amparo.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por este medio destacan no solo las políticas implementadas por Pettovello por estar “alineadas” al proyecto libertario de Javier Milei sino por haber sido “el Ministerio que más combatió y expuso la corrupción kirchnerista”.
También destacaron que “de un análisis de los resultados de nueve meses de gestión judicial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal se puede ver un alto grado de éxito teniendo en cuenta la complejidad de los temas que le toca trabajar en defensa del Estado”.
