Un nuevo conflicto de gestión parece abrirse entre el gobierno nacional y la administración bonaerense a partir de las intimaciones que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) empezó a enviar a las cooperativas de electricidad con el objetivo cobrar las deudas que éstas arrastran con la mayorista energética. El mecanismo es el embargo de las cuentas.
En este esquema, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se buscará salir al rescate de las cooperativas; principalmente porque el servicio que prestan es vital para la vida diaria en diferentes puntos del interior bonaerense.
Semanas atrás, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió en La Plata a los representantes de las cooperativas eléctricas que pusieron sobre la mesa esta situación. El gobernador -que estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni– había deslizado que “las cooperativas eléctricas son fundamentales para brindar energía allí donde el mercado no ve un negocio rentable”. También adelantó que el gobierno bonaerense asumirá “la responsabilidad de defenderlas porque son un actor central para la producción, el bienestar y la calidad de vida en buena parte del territorio provincial”.
Reunidas en distintas federaciones, en la provincia de Buenos Aires hay 200 cooperativas que brindan servicio de energía eléctrica por fuera de la zona AMBA (donde operan EDENOR y EDESUR) y las ciudades que están bajo la cobertura del Grupo DESA que presta servicio con sus diferentes empresas (EDEA, EDELAP, EDEN y EDES). Las cooperativas eléctricas, por su parte, prestan servicio a más de un 1 millón de usuarios en la provincia de Buenos Aires.
El congelamiento tarifario de años anteriores jugó un papel importante en las deudas que fueron generando las cooperativas. Por ejemplo, según la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, entre 2019 y 2023 se habilitó un 53% de Valor Agregado de Distribución (VAD), que permite afrontar los costos de construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica y también sostener la rentabilidad. Un índice muy por debajo de la inflación acumulada en ése período.
Ante esta situación, en el caso de Buenos Aires, en agosto del 2021 el Gobierno bonaerense generó un mecanismo de subsidio no reembolsable que se implementó a través de un aporte no reembolsable mediante el Fondo Compensador Tarifario.
Ahora, CAMMESA reclama las deudas y busca trabar los fondos de las cooperativas deudoras. Las intimaciones ya llegaron a las cooperativas de Barker, Brandsen, Chacabuco, Las Flores, Luján, Necochea, Olavarría, Villa Gesell y Zárate.
Por el caso de Brandsen, Ranchos y también Saladillo, la Defensoría del Pueblo de la provincia presentó una demanda para que tanto CAMMESA como las cooperativas garanticen en forma ininterrumpida la continuidad del servicio eléctrico. En esa misma presentación se pide que CAMMESA se abstenga de reclamar el pago judicial de la energía suministrada a las cooperativas demandadas, manteniendo el normal y regular despacho de energía.
El contrapunto por la situación de las cooperativas, las deudas que arrastran y la posición del mayorista de hacer el reclamo y embargo de cuentas suma otro frente de tormenta entre el Gobierno nacional y la administración de Kicillof.
Los episodios de los cruces Nación-Buenos Aires son varios en estos más de tres meses del nuevo tiempo político en el país. El gobierno nacional decidió eliminar distintos fondos que impactan también en la gestión bonaerense. El Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte, son los casos más relevantes. En lo particular también eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal; que estaba destinado exclusivamente a Buenos Aires. La Provincia decidió judicializar esa decisión e hizo su reclamo formal ante la Corte Suprema de Justicia.
Las intimaciones de CAMMESA afecta también a empresas prestadoras del servicio en otras provincias y se da en medio de la negociación que el Gobierno nacional intenta encauzar con un grupo de gobernadores con el objetivo de conseguir los votos para la “reducida” Ley Ómnibus. Como dio cuenta Infobae, aunque hay diferencias con el capítulo fiscal, los gobernadores de la ex coalición de Juntos por el Cambio están dispuestos a colaborar para que Milei tenga su ley de bases.
Hay también posiciones más duras como las que lanzó el santacruceño, Claudio Vidal. “En estas condiciones, no vamos a acompañar (la ley de bases) bajo ningún punto de vista”, dijo días atrás en declaraciones a Radio 10.
