Agentes del Departamento de Delitos Complejos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia de Córdoba detuvieron ayer a ocho personas acusadas de integrar una organización conformada por presos, personal penitenciario y civiles que realizaba estafas virtuales desde la cárcel de la ciudad de Villa María. Con los nuevos arrestos –seis mujeres y dos hombres– ya son 34 los miembros de la megabanda que están detenidos y procesados.
El comisario Pablo Vivas, de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la provincia contó algunos detalles de los operativos que permitieron las nuevas capturas y cómo operaban desde el penal. Según dijo el investigador policial a Infobae, los arrestos se produjeron en la ciudad de Bell Ville en el marco de una investigación que se inició en septiembre del año pasado, bajo la dirección del fiscal Enrique Gavier, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno, Turno Uno de Córdoba.
Las detenciones se produjeron ayer en horas de la madrugada, tras una serie de nueve allanamientos en los que se logró el secuestro de material relacionado a la causa, como así también varias armas de fuego. Los acusados, según el comisario, son ocho personas que prestaron colaboración externa a los presos que realizaban las estafas virtuales.
“Los sospechosos lograban la obtención de códigos de WhatsApp para apoderarse de las líneas telefónicas y de esa manera pedir algún tipo de colaboración, simulando ser la persona que no eran. Obtenían números de tarjetas de crédito y demás maniobras que permitían obtener dinero o sacar un rédito económico de esa modalidad”, explicó el comisario a este medio, quien no precisó un estimativo de cuánto dinero obtuvieron durante el tiempo que concretaron las estafa. “Fueron muchos los damnificados”, dijo.
El escándalo estalló en la provincia de Córdoba en septiembre pasado con la detención de tres altos jefes penitenciarios de la cárcel de Villa María, acusados de integrar la organización y de prestar colaboración con los reclusos que realizaban las estafas virtuales. Se trata de Andrés Américo Aciar, director de la prisión; Edgar Ezequiel Arroyo, subjefe de Operaciones, y Néstor Gómez, jefe de Seguridad.
En ese sentido, se pudo determinar que parte de la organización le otorgaba los permisos y el “derecho de explotación” del centro de llamadas a los presos, mientras que otros se ocupaban del tráfico de celulares muros adentro y de la conducción de los operadores que estafaban “a discreción”. Se movían con total impunidad.
Los investigadores comprobaron también incluso habían montado una suerte de call center “tumbero”, en el que contaban con una oficina con computadoras, con celulares y con todo tipo de tecnología. Se manejaban con total comodidad y sin ningún tipo de control. Los engaños fueron concretados a víctimas no sólo de la provincia de Córdoba. La lista de damnificados incluye personas de otros lugares del país.
“En principio las estafas eran realizadas por el grupo de internos. Lo que se relaciona al personal del servicio jerárquico es con esta posibilidad que han tenido esos internos de continuar con la maniobra”, dijo Vivas.
La investigación lleva casi un año, período en el cual la Policía de Córdoba logró el arresto de otras 26 personas involucradas en las estafas. Además del personal penitenciario, también arrestaron a dos policías de la localidad de Bell Ville.
En ese sentido, explicó que todavía se realizan diversas medidas, ya que la investigación continúa y no se descarta la identificación de otras personas que puedan estar relacionadas. “Por ende podría haber otra medidas judiciales a llevar a cabo”, adelantó.
