La recepcionista recibió el paquete que había sido entregado por un cadete en moto y estaba dirigido a su jefe, el gerente de Recursos Humanos. Al abrirlo, se produjo una detonación que esparció pólvora sobre el escritorio. La escena, que se registró el 10 de agosto de 2017 en las oficinas de Indra de Puerto Madero, es muy similar a la que se vivió días atrás, en la sede de la Sociedad Rural Argentina, con su presidente, Nicolás Pino, como destinatario de la encomienda que estalló en las manos de su secretaria.
El de Indra, una empresa española de informática que había sido contratada por el gobierno de Mauricio Macri para el escrutinio provisorio de las Paso y las Elecciones Generales, es el antecedente más reciente de un paquete bomba y no son pocas las coincidencias entre ambos casos.
Por empezar, ninguna agrupación o particular se adjudicaron los ataques que golpearon a entidades ligadas, de alguna manera, al Estado. Al mismo tiempo, ambos sobres fueron despachados por empresas de correo y mensajería ubicadas en la misma comuna: Barracas.
La explosión no esclarecida, ocurrida en las oficinas de la compañía en el 5° piso del edificio Madero Riverside, ubicado sobre la calle Cecilia Grierson al 200; fue investigada por Daniel Rafecas. Se trata del mismo juez federal que está a cargo de la causa que busca esclarecer quién atentó contra el titular de la SRA. Esa coincidencia es obra de un hecho fortuito, Rafecas subroga el Juzgado Federal N°7, de Sebastián Casanello, de vacaciones.
Horas atrás, el magistrado resolvió liberar por falta de mérito al agente inmobiliario de 40 años que había sido detenido por la Policía de la Ciudad. Sospechaban que había dejado en la sucursal de Andreani en Barracas el sobre que detonó al manipularlo Paula De Sousa, la secretaria del titular de la SRA. Sin embargo, el imputado, identificado como A.S.S., logró demostrar que estaba en otro lugar en ese momento.
El hecho en Indra también tuvo un detenido que probó que no estaba vinculado al paquete en cuestión. A ese hombre habían llegado los agentes de la PFA a raíz de una línea de teléfono que le había pertenecido y que se había dado de baja. El sospechoso tuvo la mala suerte de que el verdadero autor del hecho, que nunca fue descubierto, compró un chip que llevaba ese mismo número.
En cuanto al explosivo, pólvora comprimida en un caño de gas, los investigadores consideraron que había sido armado por una mano experta. Es decir, un profesional. El móvil también quedó irresuelto: no hubo indicios que señalaran a grupos anarquistas ni religiosos.
El misterio se acrecentó meses más tarde con la muerte de un ciudadano norteamericano, identificado como Kevin Ira Kozac, en el barrio porteño de Recoleta. Ocurrió a fines de diciembre de 2017, es decir, cuatro meses después del paquete bomba que explotó en Indra y algunos detectives creen que pudo estar vinculado. Encontraron su cuerpo tendido en el suelo de su departamento del 4° piso de un edificio de la calle Azcuénaga.
En el lugar, la unidad antiterrorista de la Policía de la Ciudad secuestró elementos para armar explosivos: dos bombas caseras, dos contenedores plásticos negros con 0,5 kg de pólvora negra sin humo, cada uno; dos bolsas Ziploc con cables, un interruptor eléctrico, cinta negra, una batería de 9 voltios y dos pequeños componentes electrónicos.
El nombre de Kosac aparece en una sociedad dedicada a la venta menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos conformada en el año 1998. La investigación por su muerte estuvo a cargo del Juzgado Penal N°21 de CABA.
Otros antecedentes
En la historia reciente hubo otros antecedentes de atentados que no guardan puntos en común con el ataque al presidente de la Sociedad Rural Argentina. El 21 de septiembre de 2021, la Policía Federal desactivó una bomba casera, denominada “cazabobos”, que había sido arrojada en las escalinatas de ingreso a Ciudad Universitaria. El artefacto estaba armado con un tubo de metal conectado a cables y a una batería de 9 voltios, dentro de una caja de cartón, y envuelta como una encomienda.
En su interior llevaba las siglas I.T.S. por lo que vinculan el episodio al grupo eco-terrorista denominado Individualistas Tendiendo a lo Salvaje.
En tanto, el 14 de noviembre de 2018, los militantes anarquistas Hugo Alberto Rodríguez y Anahí Esperanza Salcedo hicieron explotar una bomba casera en la tumba del coronel Ramón L. Falcón, el ex jefe de la policía asesinado por un anarquista ucraniano en 1909. En el ataque, la mujer sufrió heridas en el rostro y perdió tres falanges debido a que el explosivo falló y detonó en su mano.
Marcos Nicolás Viola, otro activista anarquista, fue arrestado el 14 de diciembre de ese año luego de dejar un paquete con explosivos debajo de la camioneta del fallecido juez federal Claudio Bonadio. Viola fue arrestado por la custodia del juez.
Por último, en julio de 2021, Mario Roberto Segovia, más conocido como “El Rey de la Efedrina”, fue allanado en su celda por tráfico de armas y explosivos. Según la investigación a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, Sergio Mola, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, la organización obtenía materiales que ingresaban al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en piezas desarmadas mediante distintas encomiendas. Luego, concretaba la fabricación y la tenencia de explosivos y armas de guerra de uso prohibido.
En una de las encomiendas, se hallaron tres bloques de explosivos “T.N.T.”, con un peso de 454 gramos, cada uno. En el allanamiento realizado en su mansión de Rosario, agentes de la PFA encontraron insumos y manuales para fabricar bombas de alto poder para ser denotadas con control remoto.
