El conflicto de Aerolíneas Argentinas cerró una semana tensa con un anuncio del Gobierno que ratifica la escalada de la pelea, en medio de versiones sobre la intención de ceder operaciones de la compañía estatal. En un mismo tuit, la Jefatura de Gabinete difundió una reunión con directivos de la empresa Gol, anticipó un encuentro con JetSmart y señaló que ya hubo otro con Flybondi. El mensaje pegó otra vez sobre los jefes sindicales del sector. Y expuso así una consideración básica del oficialismo: considera que esta disputa le juega a favor en la opinión pública y que eso mismo allana el camino para poner en caja el tema y retomar el discurso de la privatización, que resultó frenada en el Congreso hace tres meses.
Con ese supuesto sobre un viento a favor, el Gobierno se mueve también para añadir a la agenda otros renglones sensibles. El último ejemplo es la batalla contras las tasas municipales, que enfrenta centralmente a Luis Caputo con jefes territoriales del Gran Buenos Aires. Tampoco en este caso fue pura creación propia: una suba dispuesta por el municipio de Lanús fue útil para gatillar la movida desde Economía.
La pulseada por las tasas locales expone una cuestión de fondo acerca de la sobrecarga impositiva -de servicios y combustibles a supermercados- y los ingresos municipales, junto con consideraciones políticas en el principal distrito del país. Un dato significativo: malestar incluso entre intendentes del PJ por la decisión de su colega de Lanús y escaso apoyo de aliados del oficialismo nacional a la carga de Caputo.
Por supuesto, la ampliación del temario para sostener la iniciativa es alimentada desde diferentes escritorios, pero sobre todo desde el círculo de Olivos. Y siempre aparece en la mira Santiago Caputo, con un agregado: las jugadas de pizarrón al estilo de campaña no reparan en la dimensión del tema.
Eso último ocurre con el Presupuesto 2025, que por su naturaleza tiene dimensión política, económica e institucional. El razonamiento, sin embargo, es similar al aplicado en rubros menores. Destacan la apuesta a la aprobación en el Congreso, pero deslizando que, en caso de empantanamiento o derrota, apuntarían a la oposición en general como piezas de una maniobra K para debilitar la gestión de Javier Milei. De paso, advierten que en esa alternativa, podrían gestionar discrecionalmente con ampliaciones de partidas presupuestarias.
La avanzada con el conflicto de Aerolíneas incluye de entrada un juego de imágenes frente a gremios que, hasta ahora, parecían no anotar el efecto generado por la sucesión de medidas de fuerza: un malestar que supera el límite de los pasajeros afectados de manera directa. Los dos sindicatos principales, pilotos y aeronavegantes, suelen moverse como si fuese sólo una pulseada de poder.
Los principales jefes sindicales, Pablo Biró y Juan Pablo Brey, acaban de dar una señal que expone esa lógica y también la necesidad de amplificar el conflicto. Motorizaron un encuentro de los gremios del transporte, protagonistas de otra interna sindical, que de hecho tiene como figura central o más mediática a Pablo Moyano. El mensaje fue claro: redoblar la apuesta del Gobierno. Nada indica que eso les aporte algo a los gremios en materia de imagen. Es un terreno en el que, hasta ahora y a diferencia de otras pulseadas -como la de las jubilaciones-, el oficialismo viene manejándose con margen a favor.
El Gobierno, además, busca enfatizar el tema como una cuestión prioritaria: difusión de reuniones dominadas por esa agenda, con fotos incluidas. Una postal muestra al jefe de Gabinete y el ministro de Economía junto a Karina Milei y Santiago Caputo. Después, llegó la imagen del encuentro con empresarios, precedido por trascendidos sobre contactos con compañías no únicamente de la región.
En paralelo, se anotaron algunos conversaciones entre el oficialismo y sus aliados en Diputados, para analizar la posibilidad de avanzar con alguna forma de privatización de la empresa. Y de inmediato motorizar el trámite, en comisión y si los números sostienen una chance más o menos sólida, en el recinto. La movida podría ser vista en función de otro objetivo, que es recuperar espacio, en base a iniciativas, después de sufrir varias derrotas en las dos cámaras y de sostener ajustadamente el veto a la ley de movilidad jubilatoria.
Ese objetivo tenía hasta ahora un único nombre: el Presupuesto 2025. Pero no es lo único llamativo con la aceleración de la ofensiva desde Olivos. La privatización -al igual que la cesión de operaciones- es mencionada por voceros del oficialismo como una advertencia para el caso de que los gremios mantengan la mecánica de paros y otras medidas de fuerza. En el Congreso circulan referencias ácidas en formato de interrogante: qué sostendría un interés privado sobre Aerolíneas en el actual estado de cosas.
Como ocurrió en otras etapas con privatizaciones o intentos parciales, se combinan dos cuestiones de fondo: el proyecto de ley -sus alcances y solidez jurídica- y quién se hace caso de “sanear” la empresa. Está claro que en la etapa de los 90, los procesos incluyeron acuerdos de diferente naturaleza con los sindicatos de cada rubro.
El caso de Aerolíneas repone la discusión, que además de los capítulos más viejos registra el antecedente de la Ley Bases. Quedó fuera de la lista de posibles privatizaciones para allanar el primer logro legislativo de Milei. Los números pueden alterarse, pero para asegurarse votaciones Olivos debería prestar atención al Senado y no sólo a Diputados. Es decir, trabajar a la par y mover las piezas cuando haya certezas mínimas en las dos cámaras.
Ese camino en paralelo es lo que se dice que el oficialismo buscará para avanzar con el Presupuesto. Pero algunas trascendidos desde las cercanías de Milei, que a su vez alimentan recelos en la oposición, dejan abierta como alternativa -con intenciones de presión- el discurso que desplegaría el oficialismo si el proyecto se cae en el Congreso: colocar a todo opositor como furgón del kirchnerismo, degenerados fiscales, casta.
Parece una mirada reducida, aún camino a un año electoral. Además de señales al mundo económico -en especial, al frente externo- y de una posible judicialización del manejo presupuestario con ampliaciones por decreto, sumaría deterioro al juego de la política después de negociaciones largas y frustradas con legisladores y gobernadores. Y eso no dejaría exento al Gobierno. La carga de los costos no se decide sólo en escritorios de campaña en continuado.
