El martes 9 de julio de 2019 amaneció soleado en Buenos Aires, con una mínima de 7 grados que dio una tregua a los porteños azotados por la ola de frío de los días anteriores. Los diarios de la mañana informaban sobre la inesperada victoria en cinco sets del tenista argentino Guido Pella sobre el canadiense Milos Raonic en el torneo de Wimbledon y de las repercusiones de la huelga de los gremios aeronáuticos que había paralizado los vuelos del fin de semana. No había novedades políticas de importancia y se daban detalles del desfile militar con que el gobierno de Mauricio Macri había decidido conmemorar más tarde el Día de la Independencia. Solo algunos medios, en un pequeño espacio de la portada, informaban sobre el agravamiento de la salud del ex presidente Fernando De la Rúa, que el día anterior había sido trasladado al Instituto Fleming, en Escobar.
La noticia se conoció bien temprano a la mañana. Decía que el ex presidente radical había muerto a las 7.10, a causa del agravamiento de los problemas cardíacos y renales que habían obligado a estar internado desde enero. Se informaba que sería velado en el Congreso y que el gobierno había decretado tres días de duelo.
El estallido que lo sacó del poder
De la Rúa llevaba casi 18 años fuera del escenario político argentino, más precisamente desde el 20 de diciembre de 2001 cuando, apenas cumplidos dos años de su mandato, debió renunciar y salir literalmente volando a bordo de un helicóptero de la Casa Rosado, cercado por una crisis económica inédita que había unido en masivas protestas a los sectores medios con los más postergados de la sociedad bajo una misma consigna: “Piquete y cacerolas, la lucha es una sola”.
Antes de irse contrarió los principios democráticos que -por lo menos discursivamente- había sostenido durante toda su vida política con un decreto que declaraba el Estado de Sitio y que tuvo como consecuencia una feroz represión policial que dejó el trágico saldo de más de treinta muertos y decenas de heridos. Una medida que -diría después en su defensa- se vio obligado a tomar ante la inminencia de un “golpe de estado” que solo existía en su imaginación y en la de su círculo más cercano.
Durante los años que siguieron a su renuncia -y hasta su muerte- se lo había visto poco en público, casi siempre cuando debía presentarse en los procesos judiciales en las que había estado o estaba imputado, que iban desde hechos gravísimos como la sangrienta represión contra las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la investigación de la “causa Banelco” por sobornos a legisladores para la aprobación de una reforma laboral, hasta mezquindades como la contratación de un jardinero privado con sueldo del ex Concejo Deliberante durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Al momento de su muerte, los argentinos recordaban a De la Rúa por su fallida gestión presidencial y las dolorosas circunstancias de su renuncia. En cambio, muy pocos guardaban en su memoria la carrera previa de aquel “joven de oro” del radicalismo que había pasado por casi todos los cargos públicos antes de llegar a la presidencia de la Nación con promesas de republicanismo y de lucha contra la corrupción y la inseguridad.
Un joven brillante
Fernando De la Rúa nació en la ciudad de Córdoba el 15 de septiembre de 1937, durante la llamada “década infame” de la historia política argentina. Era hijo de Eleonora Felisa Bruno Boeri y de Antonio De la Rúa Catani, un descendiente de gallegos que combinaba su actividad empresarial con la militancia política en la Unión Cívica Radical (UCR), partido por el cual fue legislador provincial y funcionario de la gobernación Amadeo Sabattini.
Alumno brillante en la escuela primaria y en la secundaria – sus promedios nunca bajaron de 9 – quiso estudiar medicina, pero presionado por su padre se inscribió en la carrera de Derecho casi al mismo tiempo que se afiliaba a la UCR. Corría 1955, el mismo año del derrocamiento de Juan Domingo Perón. En la Universidad de Córdoba se recibió de abogado en apenas tres años y con la medalla de honor. Ejerció la profesión de manera privada por muy breve tiempo y luego se ocupó de la docencia universitaria.
Como integrante de la UCR tuvo su primer cargo público durante la presidencia de Arturo Umberto Illia, entre 1963 y 1966, primero como asesor y después como funcionario de segunda línea. De esa época le vino el apodo de “Chupete” porque, con 26 años, era uno de los más jóvenes colaboradores de la gestión. Por esa época dejó Córdoba y se mudó a Buenos Aires para siempre, lo que, dijo alguna vez, le permitió tener otra mirada sobre el país: “Ir al gobierno de Illia me permitió ver el poder desde su centro, en Buenos Aires. La perspectiva era totalmente distinta a la que podía tener desde Córdoba”, explicaba.
Su primer período como funcionario terminó abruptamente con el golpe de Estado del 28 de junio de 1966, que instauró la dictadura del general ecuestre Juan Carlos Onganía, que proscribió la actividad política. Durante ese obligado intervalo político, en 1970, De la Rúa se casó con Inés Pertiné, con quien tuvo tres hijos: Agustina, Antonio y Fernando. La herencia de su esposa y la suya, sumada a su ejercicio de la abogacía, le permitieron vivir con comodidad e incluso acumular una considerable riqueza.
La elección que lo catapultó
Si hay un año que se puede señalar como clave para que Fernando De la Rúa se catapultara dentro del radicalismo y de la política es 1973. Corrían tiempos tan prometedores como convulsionados, con un peronismo que, después de años de proscripción, arrasó en las elecciones del 11 de marzo y llevó a la presidencia a Héctor J. Cámpora, designado como candidato por Juan Domingo Perón.
En esos comicios, Fernando De la Rúa fue como segundo candidato a senador nacional por la Capital Federal. La legislación electoral impuesta por la dictadura saliente había instaurado que hubiese tres bancas senatoriales por distrito, dos para la mayoría y una por la minoría, pero para obtener esa mayoría, la lista ganadora debía obtener el 50% más uno de los votos. Si no lo lograba, debía realizarse una segunda vuelta entre los segundos de las dos listas más votadas. En las elecciones del 11 de marzo ganó la lista justicialista, encabezada por Alejandro Manuel Díaz Bialet por sobre la radical, que llevaba como primer candidato a Raúl Jorge Zariello, pero sin superar el exigido 50% que otorgaba la segunda banca a la lista ganadora.
En el balotaje por la banca que había quedado vacante, Fernando De la Rúa dio un inesperado batacazo al dar vuelta los resultados de la primera vuelta y vencer al candidato del Frejuli, Marcelo Sánchez Sorondo, por 934.831 votos (54,13 %) contra los 791.560 (45,87 %). Esa victoria, la única de un partido no relacionado con el peronismo, puso al joven De la Rúa – tenía 36 años – en un lugar prominente del escenario político nacional.
Tanto es así que para las elecciones presidenciales de septiembre de ese mismo año – convocadas por la renuncia de Héctor Cámpora, el radicalismo lo llevó como candidato a vicepresidente en la fórmula que encabezaba Ricardo Balbín para enfrentar nada menos que al retornado Juan Domingo Perón. El justicialismo ganó de manera abrumadora y llevó al líder justicialista a su tercera presidencia, pero también convirtió a Fernando De la Rúa en la figura más relevante del ala más conservadora del radicalismo, detrás de Ricardo Balbín, cuya muerte durante la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976, lo dejó como principal referente de ese sector.
Senador, diputado y jefe de gobierno
Para las elecciones que marcaron la recuperación de la democracia en 1983, Fernando De la Rúa, representante de la derechista Línea Nacional, enfrentó a Raúl Alfonsín, de Renovación y Cambio, para dirimir la candidatura presidencial de la UCR. El dirigente debió conformarse con una nueva postulación – ahora como primer candidato – para senador por la Capital Federal.
Los comicios del 30 de octubre, que llevaron a Alfonsín a la presidencia, también lo encontraron vencedor. En esa noche de euforia, se lo vio distante y medido en los festejos, como si quisiera marcar diferencias con la euforia que se vivía en la sede del Comité Nacional de la UCR.
El cronista, que lo conoció esa noche mientras cubría lo que ocurría en la sede radical, lo vio – y lo describió – como insólitamente solemne. Con un pequeño grupo de periodistas, entre los que se encontraba una enviada especial de un diario español, lo interceptó al llegar y, para saludarlo lo felicitó porque los resultados lo daban como seguro vencedor. Con gesto adusto y verba impostada, De la Rúa le respondió: “No se apresure, debemos respetar la solemnidad del acto electoral”. Cuando finalmente se fue, la enviada española hizo una observación que el cronista no dejó de consignar en su nota: “Este tío no sabe qué es la alegría”.
Fernando De la Rúa ya estaba marcando el estilo conservador y medido que lo mantendría en un sostenido ascenso político que lo llevó a ser elegido diputado nacional en 1991 y presidir el bloque del partido en la Cámara Baja, hasta que dejó el cargo el año siguiente para volver a postularse y ganar una nueva banca como senador.
Volvió a participar de una elección en 1996 cuando, en virtud de la Reforma Constitucional de 1994, se eligió por primera vez a través del voto popular el jefe de gobierno de la flamante Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con casi el 40% de los votos, obtuvo una victoria aplastante.
Durante su gestión amplió el subterráneo y creó órganos como la sindicatura del gobierno de la ciudad, la defensora del consumidor, dirección general de higiene y seguridad alimentaria y el ente regulador de servicios. Construyó así una imagen de eficiencia que sería clave para apuntar, tres años más tarde, a la presidencia de la Nación.
La contracara de Menem
Para 1999, Carlos Menem había agotado todos sus intentos de aspirar a una nueva reelección, prohibida por la Constitución Nacional. Para sucederlo, el justicialismo propuso el binomio Eduardo Duhalde – Ramón “Palito” Ortega, mientras que la Alianza integrada por la UCR, el FREPASO y una serie de agrupaciones menores, dirimió una interna y postuló la fórmula integrada por Fernando De la Rúa como candidato presidencial y Carlos “Chacho” Álvarez – peronista disidente y principal figura del FREPASO – como vice.
En la campaña, el radical se mostró como la contracara de Carlos Menem. Uno de los éxitos de este enfoque fue la publicidad televisiva en la que el propio candidato decía: “Dicen que soy aburrido…” para contrastar con la figura del Menem, envuelta en acusaciones de frivolidad y corrupción. La campaña estuvo a cargo de Ramiro Agulla, David Ratto – el mismo publicista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 – y Antonio De la Rúa, su hijo y cabeza de lo que se conocería después como el “Grupo Sushi”, un entorno que influenciaría muchas de sus decisiones como presidente. Estaba integrado, entre otros, por Aíto De la Rúa – el otro hijo -, Patricia Bullrich, Fernando de Santibañes, Andrés Delich, Cecilia Felgueras, Darío Lopérfido y Hernán Lombardi.
En las elecciones del 24 de octubre de 1999, De la Rúa venció de manera aplastante con el 48,5% de los votos contra el 38,09% del justicialismo que, además, perdió la mayoría que tenía en la Cámara de Diputados.
El 10 de diciembre, el flamante presidente inició su mandato con un altísimo índice de popularidad, que daba cuenta de las enormes expectativas que gran parte de la sociedad ponía en él. Esa imagen no demoraría en desmoronarse de manera catastrófica, para él y para el país.
De la esperanza a la caída libre
Al asumir, Fernando De la Rúa encontró una situación económica al borde de la catástrofe, marcada por la deuda externa y la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficits fiscales que el gobierno de Menem venía arrastrando desde 1995.
Economistas de diferentes tendencias señalaban que, para enfrentar esta situación, el gobierno debía elegir entre tres caminos posibles: “dolarizar” la economía para eliminar la incertidumbre sobre el sistema de cambio fijo entre el peso y el dólar; seguir defendiendo la “convertibilidad peso – dólar” implementada por Menem y Domingo Cavallo; o devaluar el peso para poder financiar los déficit fiscales con emisión monetaria e impulsar políticas de redistribución que favorecieran una rápida recuperación de la economía.
De la Rúa eligió el segundo camino, lo que implicaba continuar con la inercia de la debacle de una convertibilidad de la cual, en los últimos tiempos de su gobierno, el propio Menem había intentado salir.
Pero los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda aumentaba y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas, alarmados, contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a perder sus ahorros.
En el 2000 el gobierno, presionado por el FMI, impulsó la Ley de Flexibilización Laboral y recortó sueldos y jubilaciones de estatales. El escándalo por el pago de sobornos en el Senado para lograr la aprobación de la ley provocó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez. De la Rúa se iba quedando cada vez más solo en el gobierno, con un “Grupo Sushi” que aumentaba su poder en la toma de decisiones.
La mayoría de los argentinos recuerda o sabe lo que vino después, definido con palabras que quedaron grabadas en la memoria de la sociedad: blindaje, megacanje, y el “corralón” y el “corralito” ideados por el tercer ministro de Economía de De la Rúa, Domingo Felipe Cavallo”, el creador de la convertibilidad menemista llamado ahora de urgencia para apagar el incendio.
El “corralito”
Para fines de noviembre de 2001, la fuga de capitales alcanzaba niveles siderales. En los primeros once meses del año habían salido unos 15.000 millones de dólares del país, pero el ritmo de la fuga era cada vez más alarmante: en la última semana habían literalmente “volado” de los bancos depósitos por 3.600 millones. En total, era un 20% del Producto Bruto Interno.
Como manotazo de ahogado, Cavallo le presentó al presidente un plan que resultó una bomba que provocó el estallido social. El decreto imponía una serie de restricciones a los bancos, pero el golpe más fuerte lo daban dos artículos que afectaban a millones de argentinos.
Uno de ellos apuntaba a una minoría importante que había buscado dolarizar sus ahorros y sacarlos del país. Disponía la prohibición de las transferencias al exterior, con excepción de las que correspondieran a operaciones de comercio exterior, al pago de gastos o retiros que se realizaran fuera del país a través de tarjetas de crédito o débito, o a la cancelación de operaciones financieras o por otros conceptos, en este último caso, sujetos a una autorización del Banco Central.
El otro les haría la vida imposible a todos, ya que prohibía los retiros en efectivo que superaran los 250 pesos o 250 dólares estadounidenses por semana a los titulares de cuentas bancarias. En un primer momento, Cavallo había fijado en 1.000 pesos el tope, pero antes de que De la Rúa estampara la firma en el decreto lo redujo a la cuarta parte a pedido de dos importantes bancos -uno estatal y otro privado- cuyos directivos le aseguraron que con el tope de 1.000 pesos semanales no aguantarían ni un mes.
Pero el impacto que produciría el tope semanal de 250 pesos en los retiros bancarios en la vida cotidiana de los argentinos se potenciaría todavía más por una realidad que el ministro no había tenido en cuenta al redactar texto.
El estallido y el final
El daño al común de la gente ya estaba hecho, pero los resultados buscados por Cavallo con el decreto nunca llegaron. Si pretendía dar una imagen de solvencia ante los organismos financieros internacionales, no lo logró.
“Todo se estaba desintegrando a pasos agigantados. La terminación de toda una época había llegado. Así, luego de instaurarse el corralito, los mercados tendrían que abrirse del 1 a 1 el lunes 3 de diciembre. El miércoles 5, The Financial Times publicó un artículo donde sostenía que la convertibilidad argentina ya estaba muerta y la cesación de pagos era una realidad inminente. A eso se sumó la calificadora de riesgo Moody’s, desde Nueva York, cuando dijo que el default era un hecho. Pero el verdadero tiro de gracia lo dio el FMI ese mismo día, cuando anunció públicamente que no le enviaría al gobierno los fondos comprometidos. Según el organismo, la Argentina no había logrado cumplir con ninguna de las metas trazadas. El déficit público no se había logrado reducir tal como se había pactado. Al día siguiente, el jueves 6, fueron el Banco Mundial y el BID los encargados de sepultar las esperanzas del gobierno: ambos organismos internacionales suspendieron todas las líneas de crédito para la Argentina”, reconstruye la secuencia el economista Julián Zicari.
Cavallo viajó a Nueva York para tratar de conseguir destrabar el desembolso. La respuesta que recibió fue contundente: no habría más ayudas para la Argentina hasta que no cumpliera con las metas fiscales y no presentara un plan económico sustentable.
El gobierno de Fernando De la Rúa sobrevivió apenas 17 días a la firma del decreto del corralito. En el medio quedaron más de 30 muertos en la represión desatada contra las protestas de la gente en las calles.
El 21 de diciembre a la tarde, el presidente llegó en helicóptero a la Casa Rosada mientras la represión seguía tiñendo de sangre el asfalto de las calles. Pidió papel membretado y una birome, con la que escribió y firmó su renuncia. No buscó muchas cosas de su despacho, pero se llevó un ejemplar de la Constitución, la misma que había violado al declarar el Estado de Sitio sin la aprobación del Congreso.
Fernando De la Rúa sobrevivió casi 18 años al día en que firmó el certificado de defunción de su presidencia y se fue en helicóptero de la Casa Rosada. No volvió a participar de la vida política argentina, pero las heridas que dejó a su paso demorarían muchos años en curarse. Sus restos descansan en un cementerio privado de Pilar.
