Un ciberataque perpetrado por “cibervoluntarios desconocidos” ha provocado una caída “masiva” del servicio del proveedor de internet Akado-Telekom, que es utilizado por instituciones públicas rusas, afirmó hoy la inteligencia militar ucraniana (GUR) en su cuenta de Telegram.
Entre las estructuras del Estado a las que presta servicio la compañía, el GUR menciona los servicios de seguridad rusos FSB y FSO, las administraciones de gobierno regional y la entidad bancaria pública Sberbank.
”El 21 y el 22 de enero los usuarios rusos comenzaron a quejarse en masa de la falta de acceso a internet y de la imposibilidad de contactar con el servicio de asistencia de Akado”, dice el GUR ucraniano en su nota.
Según la inteligencia militar de Kiev, los problemas experimentados por el proveedor están dificultando o imposibilitando “las actividades” de las instituciones públicas rusas.
La guerra cibernética es un componente central en el conflicto ruso-ucraniano.
El banco online ucraniano Monobank ha denunciado haber sufrido este domingo un ataque masivo del tipo DDoS (que consiste en saturar una página o aplicación con muchas solicitudes simultáneas de acceso) con más de 580 millones de peticiones de conexión.
En diciembre, la principal empresa de telefonía ucraniana, Kyivstar, fue víctima de otro ciberataque que dejó sin servicio a millones de ucranianos durante días.
Mientras tanto, hackers ucranianos hicieron públicos recientemente los datos personales de millones de clientes de uno de los grandes bancos rusos después de colarse en la base de datos de la entidad.
La ONU pidió explicaciones a Moscú por los miles de niños ucranianos que fueron trasladados por la fuerza a Rusia
Moscú defendió este lunes ante la ONU su política sobre la “familia tradicional”, antes de dar explicaciones sobre los miles de niños que según Kiev fueron trasladados por la fuerza a Rusia tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
El traslado de niños ucranianos le valió el pasado marzo al presidente Vladimir Putin y a la comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova, una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta “deportación ilegal” de menores. Moscú dijo que considera “nula” dicha iniciativa.
En su declaración de apertura, Alexéi Vovchenko, jefe de la delegación rusa y viceministro de Trabajo y Protección Social, no mencionó el traslado por la fuerza de niños pero defendió las medidas rusas para “el refuerzo de la familia como institución y la protección de las familias tradicionales”.
El Comité de los Derechos del Niño, compuesto por 18 expertos independientes, llevará a cabo el examen del caso de Rusia, que comenzó el lunes por la tarde en Ginebra y durará dos días.
Rusia recibió hace meses la lista de las preocupaciones de los expertos.
Estos quieren saber cuántos niños fueron “evacuados” a Rusia o a los territorios ucranianos bajo ocupación rusa, y “las medidas tomadas para proteger el derecho de esos niños a preservar su identidad, incluyendo su nacionalidad”.
Kiev calcula que unos 20.000 niños ucranianos fueron enviados por la fuerza a Rusia. Sólo 400 fueron repatriados de momento.
Moscú dice que su objetivo es proteger de los combates a esos menores.
La reubicación de los niños evacuados se hace, “a petición de estos y con su consentimiento”, afirmó Rusia en sus respuestas escritas transmitidas el año pasado al comité, y que la ONU hizo llegar a la prensa la semana pasada.
El documento no cifra el número total de niños trasladados. Pero asegura que “entre los evacuados también había niños de instituciones residenciales públicas para huérfanos y niños desamparados (unas 2.000 personas en total), cuyos representantes legales eran los directores o empleados de estas instituciones”.
La respuesta de Moscú indica también que, según las estadísticas del ministerio del Interior, 46.886 niños ucranianos adquirieron la nacionalidad rusa entre el 1 de abril de 2022 y mediados del año pasado.
(Con información de EFE, AFP y AP)
