China ha expresado su firme postura contra cualquier forma de disidencia esta semana, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lleve a cabo su primera revisión en cinco años sobre el historial del país. Según fuentes de The Geneva Observer, a pesar de las crecientes inquietudes sobre la represión continua de los uigures en Xinjiang y la supresión de activistas pro democracia en Hong Kong, la misión diplomática china ha solicitado a la ONU en Ginebra que evite la participación de “separatistas anti-China” en la sesión del martes, requiriendo acreditación para asistir, y que prohíba lemas o pancartas “anti-China” en las instalaciones.
En ese sentido, cuatro diplomáticos dijeron a la agencia Reuters que la misión de China ante las Naciones Unidas en Ginebra había estado enviando memorandos a los funcionarios en el período previo a la revisión del historial de Beijing por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU prevista para el martes.
La misión de China no respondió a una solicitud de Reuters de comentarios sobre el lobby reportado. En una declaración, dijo que Beijing “se opone firmemente a la politización de los derechos humanos” y “promueve una gobernanza global de los derechos humanos más justa, equitativa e inclusiva”.
Pese a las afirmaciones de China, en una comunicación el régimen comunista recomendó que cualquier actividad de acoso dentro de la sala de reuniones se maneje de manera discreta y rápida para evitar interrupciones en la revisión. Asimismo, recordaron un incidente de 2013 en el que activistas tibetanos protestaron en los terrenos de la ONU. Además, China solicitó un plan de seguridad especial para su delegación de 60 miembros y proporcionó una lista de casi dos docenas de activistas uigures, tibetanos y de Hong Kong que considera motivo de preocupación, instando a la ONU a rechazar cualquier solicitud de estos activistas para organizar eventos paralelos.
En este contexto, está prevista una protesta el martes frente al edificio de la ONU con activistas tibetanos, uigures y de Hong Kong y disidentes chinos.
Mientras tanto, varios miembros de la etnia uigur y de la organización espiritual Falun Gong se manifestaron este lunes ante la sede europea de las Naciones Unidas. Los manifestantes portaban pancartas en varios idiomas en las que podía leerse consignas como “Parad el trabajo forzado de los uigures” o “Falun Gong es brutalmente perseguido por el Gobierno chino”, con el fin de presionar a las delegaciones del Consejo de Derechos Humanos que mañana revisarán la situación de las libertades fundamentales de China desde 2018.
“Estamos aquí para reclamar a la ONU que presione a China para que rinda cuentas por lo que le han hecho a las minorías étnicas y religiosas de nuestro país y para pedirle que ponga fin a nuestro genocidio”, explicó a la agencia EFE el presidente del Congreso Mundial Uigur, Erkin Zunun, exiliado en Alemania y presente en las protestas.
La revisión del martes será la primera desde que el máximo funcionario de derechos humanos de la ONU publicó un informe en 2022 diciendo que la detención de uigures y otros musulmanes en la región china de Xinjiang puede constituir crímenes contra la humanidad. China niega cualquier abuso.
Más tarde ese año, los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluidos Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos, rechazaron una moción respaldada por Estados Unidos y otros miembros occidentales que pedía un debate sobre los presuntos abusos en Xinjiang.
A principios de enero de este año, una nota diplomática enviada por la misión diplomática de China a los países, vista por Reuters, decía: “Solicitaría amablemente a su delegación que brinde un valioso apoyo a China y haga recomendaciones constructivas en el diálogo interactivo… teniendo en cuenta las relaciones amistosas y la cooperación entre nuestros dos países”.
Otras notas enviadas a tres países no occidentales vistas por Reuters incluían puntos de conversación específicos para plantear, incluidos comentarios que elogiaban el historial de China en materia de derechos de las mujeres y discapacidad.
Un diplomático africano que habló bajo condición de anonimato confirmó haber recibido una solicitud para mostrar apoyo a China en la reunión y dijo que haría lo que se le pedía.
Antigua y Barbuda, en sus preguntas avanzadas a la ONU, utilizó una frase favorita del presidente Xi Jinping: refiriéndose a la “democracia popular de todo el proceso” de China y elogiando los “derechos democráticos más plenos, más amplios y completos” que disfruta China.
En tanto, la misión de China dijo a Reuters que su gobierno “concede gran importancia a este ciclo del EPU (Examen Periódico Universal)”, en referencia a las revisiones periódicas que realiza el consejo de derechos de la ONU de los registros de derechos de los países. Beijing enviará una gran delegación y espera llevar a cabo un “diálogo sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo”, añadió.
Los diplomáticos dijeron que otros países a veces intentaron influir en las declaraciones de otros en el consejo de la ONU, pero que la escala del lobby chino era excepcional.
“El EPU es un control de temperatura muy importante y una oportunidad para que los países expresen su preocupación basándose en la documentación de la ONU”, dijo Raphael Viana David del Servicio Internacional para los Derechos Humanos. “No debería ser un esfuerzo conjunto de elogiarse unos a otros y tomarse de la mano”.
Un número normalmente elevado de países, 163, han presentado solicitudes para pronunciar discursos en la sesión.
Estados Unidos, que envió dos páginas de preguntas avanzadas, pidió a China que pusiera fin a lo que llamó abusos contra los derechos humanos, incluidas detenciones injustas, trabajos forzados y represalias en todo el país y en el Tíbet, Hong Kong y Xinjiang, según mostraron documentos de la ONU.
Alemania preguntó cuántas personas había en los centros de detención de Xinjiang.
China rechaza habitualmente las críticas extranjeras a su historial de derechos humanos, diciendo que todos los chinos son tratados por igual de acuerdo con la ley y que los países extranjeros no deben interferir.
Si bien el consejo de la ONU no tiene poder legalmente vinculante, sus debates tienen peso político y las críticas pueden aumentar la presión sobre los gobiernos para cambiar de rumbo o obtener actualizaciones sobre el destino de las personas.
La ONU publicará una lista de recomendaciones más adelante esta semana y está previsto que se adopte un informe en junio o julio.
(Con información de Reuters y EFE)
