(Washington, Estados Unidos) La acusación de la Fiscalía de Venezuela contra periodistas, abogados y militantes de Derechos Humanos venezolanos fue “rechazada” por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien consideró que en el país no existen garantías procesales.
“Rechazamos las acusaciones hechas contra personas que informan lo que sucede en Venezuela, y denuncian y visibilizan detenciones y desapariciones forzadas en un país donde no existen garantías procesales ni DDHH para los detenidos”, dijo Almagro a Infobae.
Este lunes, la dictadura venezolana a través del fiscal general chavista, Tarek William Saab, ordenó la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos.
La abogada Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina, son otros de los acusados por el régimen, en el marco de una supuesta operación a la que llamó “Brazalete Blanco”.
“Nos solidarizamos con la abogada Tamara Suju, Wender Villalobos, Sebastiana Barráez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina”, dijo el secretario general de la OEA a Infobae.
En el marco de esta operación la dictadura también detuvo a 31 civiles y militares por los supuestos complots.
“Criminalizan la profesión”
Suju, una abogada penalista que desde el exterior alerta por desapariciones y torturas del régimen y ha liderado denuncias en la Corte Penal Internacional, dijo este lunes a Infobae que las acciones de Maduro se enmarcan en la “desesperación” de entrar en un año electoral.
“El régimen está absolutamente desesperado por evitar las elecciones. De hecho, ni siquiera ha puesto la fecha porque está buscando ver de qué modo involucran en todo esto la candidatura de María Corina Machado para evitar que ella pueda medirse en elecciones. Y por eso se monta en este show”, dijo Suju a Infobae.
Destacó que no es la primera vez que el régimen inventa un supuesto intento de magnicidio para desviar la atención. “El magnicidio número no me acuerdo cuánto”, ironizó la abogada.
A Suju la involucran en este caso porque ella denunció, a través de sus redes sociales, de la desaparición por parte del régimen del capitán Anyelo Heredia, uno de los acusados por el régimen de este supuesto intento de magnicidio.
“En mi caso me enteré por su familia de la desaparición del capitán Heredia, porque es la madre la que me llama para decirme lo que no sabía de su hijo, que estaba muy preocupada”, dijo Suju a Infobae.
Para la abogada, con esta actitud la dictadura de Maduro “criminaliza la profesión del abogado, del denunciante, del defensor, del que sale a decir que se están llevando gente, que están aprehendiendo gente, que tienen gente desaparecida”.
“En el caso mío, yo soy la que denuncia cuando pasan cosas dentro del aparato donde arman estos expedientes absurdos. Y además los nombro. Entonces, en el caso del capitán Heredia he puesto creo que tres, cuatro videos de la madre pidiéndole a Maduro que se lo muestre, que no lo mate, que no se lo mate porque además esa ha sido una familia muy golpeada por las torturas que le hicieron a la madre, al padre, a la hermana. Ha sido muy cruel”, agregó Suju.
Según la abogada, que ella haya denunciado esta desaparición es lo que lleva a que la involucren en el caso.
“Por supuesto soy inocente de todo esto y segundo, en una dictadura como la de Maduro que está investigada por crímenes de lesa humanidad, no me parece nada extraño”, dijo. Según la abogada, estos expedientes se arman torturando y drogando a los detenidos para que digan lo que el régimen quiere que ellos declaren, lo que invalida esos testimonios como prueba.
