Desde las 12:01 a. m. del miércoles, la frontera de Estados Unidos con México quedó cerrada para casi todos los migrantes que buscan asilo en suelo estadounidense.
Esta medida drástica, resultado de una orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, fue diseñada para mantener la frontera cerrada al menos hasta después del día de las elecciones y así disipar una de las vulnerabilidades más grandes del actual mandatario en su campaña contra el expresidente Donald Trump.
La pregunta es en qué medida podrá cumplirse esa orden, sobre todo a lo largo de una frontera de más de 3100 kilómetros que no cuenta en absoluto con la capacidad necesaria para procesar a la cantidad de personas que quieren entrar a Estados Unidos.
Desde la mañana del miércoles, y hasta el jueves, la orden parecía estar funcionando aunque todavía era muy pronto para hacer una evaluación real. Los migrantes en las ciudades fronterizas de Mexicali y Ciudad Juárez eran retornados, y se estaba corriendo la voz.
Antes de que las nuevas restricciones entraran en vigor, los migrantes buscaban a los agentes fronterizos y se entregaban, pues sabían que cualquiera que pisara suelo estadounidense podía solicitar asilo. A menudo, se les liberaba en Estados Unidos a la espera de la audiencia de sus casos, la cual podía tardar incluso años.
La nueva orden de Biden impide que eso ocurra. Pero hay bastantes maneras de entrar al país a lo largo de la frontera —que se extiende desde California hasta Texas— sobre todo si no hay recursos nuevos que ayuden a vigilarla.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publica el número de cruces cada mes, así que los efectos de la orden de Biden se conocerán en algunas semanas.
Sin embargo, el problema principal para la Casa Blanca es que los republicanos han bloqueado miles de millones de dólares de un financiamiento que habría ayudado al cumplimiento de esta orden, lo que suscita preguntas sobre cuán transformadora resultará esa medida en un momento de migración masiva en todo el mundo.
“Nada de esto resuelve los problemas a largo plazo”, comentó John Sandweg, quien fue alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno de Barack Obama. “Hasta que el Congreso haga algo, seguiremos teniendo problemas graves en la frontera”.
Biden, bajo una enorme presión política para resolver el problema de la inmigración ilegal, emitió la orden ejecutiva luego de que los republicanos en el Congreso acabaron con un proyecto de ley bipartidista en febrero que también habría cerrado la frontera.
La diferencia clave entre esa legislación y la orden de Biden es el dinero. El presidente no puede usar su autoridad ejecutiva para enviar miles de millones de dólares en recursos a la frontera; necesita que el Congreso lo haga.
Pero Trump, quien ha hecho de su postura radical frente a la migración un sello distintivo de su marca política, instó a los republicanos a rechazar la legislación, a pesar de que incluía algunas de las medidas más restrictivas que el Congreso ha contemplado en años.
El martes, Biden culpó a los republicanos de obligarlo a emitir la orden, pero añadió que “la simple verdad” es que tenía que asegurar la frontera.
Biden tendrá que hacer eso sin el dinero que se estipulaba en el proyecto de ley, incluyendo más de 7000 millones de dólares dirigidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para vuelos de deportación y otros gastos; 4000 millones de dólares dirigidos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración para los funcionarios a cargo de los casos de asilo; y más de 6000 millones de dólares que irían a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para contratar más agentes fronterizos y otros recursos.
La legislación también habría pagado el sueldo de más jueces de inmigración para que intentaran reducir la enorme cantidad de casos de asilo pendientes que ya asciende a los dos millones.
Las nuevas restricciones no se suspenderán sino hasta que el número de cruces ilegales disminuya a menos de 1500 durante siete días consecutivos y se mantenga así durante dos semanas. No se han visto cifras tan bajas en años; en diciembre, hubo unos 10.000 cruces ilegales al día.
En fechas más recientes, las cifras rondaban los 3000 cruces diarios.
Si los números logran reducirse por debajo de ese umbral, repuntarán cuando el promedio de siete días seguidos para cruces ilegales diarios llegue a los 2500, algo habitual en la actualidad.
Suponiendo que la orden ejecutiva sobreviva los desafíos legales, los cuales son de esperarse, podría estar vigente durante meses o más.
“El umbral que establecieron es muy bajo, a un grado increíble y poco realista para un momento de migración histórica a nivel mundial”, afirmó Adam Isacson de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa de los derechos humanos. “Ese no es un accidente matemático: es lo suficientemente bajo como para garantizar que el derecho al asilo entre los puertos de entrada no regrese en un futuro próximo”.
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