(Desde Montevideo, Uruguay) – La fiscal uruguaya de Estupefacientes Mónica Ferrero leyó en su celular: “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya le dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”.
Un día antes de ese mensaje amenazante, el 9 de mayo de 2020, una brigada antidrogas había sido atacada con una bomba molotov. Y tres años después de esos incidentes, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset intentó negociar su entrega en Uruguay a cambio de reconocer esos delitos pero no ser extraditado a Paraguay. Hasta ahora, esas gestiones no han tenido éxito.
En paralelo, la investigación por este caso avanzó en Uruguay y cerca de 40 personas de distintos barrios fueron imputadas entre 2020 y 2021 por el atentado a la Brigada de Drogas y la amenaza a la fiscal, informó El Observador. La Fiscalía uruguaya tiene el convencimiento, además, de que Marset está detrás de la organización y de que un nexo que une a algunos de los imputados son las drogas y los autos. Otro vínculo en común es que a muchos de ellos los defiende Santiago Moratorio, el abogado de Marset que busca negociar su entrega.
Cuando esta amenaza se concretó, hacía pocos meses que la fiscal Ferrero había incautado dos toneladas de cocaína.
La investigación por las amenazas, encabezada por el fiscal Diego Pérez, permitió descubrir que el mensaje fue enviado desde un celular que pertenecía al contratista de fútbol Gerardo Arias y que era utilizado por su hijo Rodrigo. Este joven fue imputado con arresto domiciliario por 60 días por un delito de violencia privada especialmente agravada por encontrarse involucrado en la organización delictiva y por un delito de tenencia no autorizada de municiones. En su casa se encontró un cargador con cartuchos caxlibre 9 mm marca FC, un proyectil calibre 23 largo, un cartucho percutido y un cargador marca Glock con capacidad para 17 cartuchos.
Una pieza clave de la organización es Loli, como se lo conoce a Rodrigo Fontana Ferreira. A él se le había incautado un cargamento de 450 kilos de cocaína. Se lo considera socio de Marset en Uruguay. Fue detenido en marzo de 2021 y, un año y medio después, extraditado desde Brasil.
Su pareja, Romi González, había sido imputada unos meses antes. Fue detenida mientras conducía una camioneta con los 450 kilos de droga. La mujer, según el fiscal Pérez, había realizado “sendos giros dinerarios” a través de redes de cobranzas. Parte de ese dinero era dirigido a Lourdes Ramírez, otra integrante de la organización que luego fue condenada en un proceso abreviado (que implica el reconocimiento de un delito a cambio de una pena menor).
Otro imputado fue Alejandro Borba, a quien se le incautó una moto Kawasaki modelo Ninja que figuraba como hurtada. Este es el vehículo con el que se cree que se efectuó el atentado con la bomba molotov en la brigada antidrogas.
Entre los imputados también hay una vendedora ambulante, un carnicero, una empleada de la telefónica estatal Antel de un barrio periférico, un soldador y un comerciante dueño de un taller de caños de escape, enumeró el diario uruguayo.
Las negociaciones de Moratorio inicialmente eran para que se entregaran la pareja de Marset, su hermano (quien luego fue detenido en Brasil) y su cuñado. Pero en las conversaciones con los fiscales también sondeó la posibilidad de que el propio Marset se entregue y asuma la responsabilidad intelectual de algunos de estos delitos. Eso le permitiría dilatar su entrega en Paraguay, el único país en el que es requerido.
Sin embargo, las autoridades uruguayas se han expresado en contra de negociar y su defensa se niega a que sea extraditado cuando cumpla esa pena.
