Estados Unidos está contemplando una medida sin precedentes que podría implicar la entrega de los activos estatales de Rusia congelados a Ucrania, ofreciendo así una vía ordenada para que Moscú contribuya a la reconstrucción del país devastado por la guerra.
Lo que hace dos años se consideraba una idea descabellada, que los activos rusos congelados pudieran utilizarse para financiar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, está cada vez más cerca de convertirse en realidad, lo que podría sentar un precedente histórico en el derecho internacional, según informó la prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy.
Las instituciones financieras de Estados Unidos y Europa poseen alrededor de 300.000 millones de dólares en activos estatales rusos que fueron congelados al comienzo del conflicto con Ucrania. Si estos activos se incautaran, podrían contribuir significativamente a sufragar los costos de la reconstrucción, estimados en más de 400.000 millones de dólares según el Banco Mundial.
A pesar de que al inicio de la guerra la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, descartó la idea de confiscar activos rusos por considerarla “ilegal”, recientemente ha ganado impulso. Esta situación se debe en parte al continuo asalto de Rusia a la infraestructura civil de Ucrania y a la creciente preocupación sobre el futuro de la ayuda occidental a Kiev.
El Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada una ley que autorizaría la incautación de estos fondos, respaldada por la administración Biden después de un análisis exhaustivo de sus implicaciones legales.
Asimismo, Canadá ya cuenta con una legislación similar y la Unión Europea ha aceptado en principio la idea de embargar al menos los intereses devengados por los activos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania. El G-7 continuará debatiendo el uso de estos fondos en una reunión el próximo mes, y un grupo de figuras destacadas en política exterior ha abogado por esta medida.
Aunque la medida no tendría antecedentes y plantea una serie de retos jurídicos y económicos, algunos expertos en derecho internacional sostienen que sentaría un precedente positivo para futuras situaciones similares, mientras que no hacerlo limitaría los esfuerzos futuros.
Por su parte, los funcionarios rusos ya están preparándose para una posible confiscación de activos, amenazando con emprender acciones legales en tribunales de Europa y Estados Unidos. Putin ya firmó un decreto en diciembre por el cual embargaba activos rusos de empresas europeas como la cervecera danesa Carlsberg y el fabricante francés de yogures Danone, y el Kremlin ha advertido que tiene una lista de activos occidentales que podrían ser embargados en represalia.
Sin embargo, la confiscación de activos no es un hecho aún. Aunque Estados Unidos posee una pequeña parte de los activos rusos congelados, la mayoría se encuentra en Europa, donde hay reticencias por temor a represalias de Rusia. Los partidarios de la medida creen que sería más efectiva si se llevase a cabo de forma colectiva. Además, este debate sobre la confiscación de activos rusos congelados refleja las decisiones tomadas por los países occidentales en el transcurso de la guerra, incluyendo el suministro de armas a Ucrania.
Aunque persisten dudas sobre la legalidad de la incautación de activos, Estados Unidos ya tiene autoridad para confiscar fondos estatales bajo ciertas circunstancias, y la nueva legislación en el Congreso busca aclarar y especificar el uso de esta autoridad para la reconstrucción de Ucrania.
Los defensores de la medida argumentan que Rusia, al cometer crímenes de guerra y violar el derecho internacional, ha perdido su inmunidad soberana. Sin embargo, los críticos señalan que esta acción podría socavar la confianza en las monedas occidentales y generar represalias por parte de Rusia y sus aliados.
Foreign Policy advierte que, a medida que la guerra entre Rusia y Ucrania entra en su tercer año, las acciones de Moscú no solo están reconfigurando las fronteras y el frente de batalla, sino que también podrían tener repercusiones significativas en el derecho internacional.
Acuerdo en la UE
Por otro lado, los países de la Unión Europea (UE) llegaron el lunes a un acuerdo político sobre el uso para la reconstrucción de Ucrania de los beneficios extraordinarios generados por los activos rusos congelados en entidades europeas, a causa de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de su vecino.
La presidencia belga de turno del Consejo de la UE informó en su cuenta en X de un acuerdo entre los embajadores comunitarios. De acuerdo con fuentes comunitarias, la presidencia presentó a los países su última propuesta sobre la medida y ninguno de ellos hizo más observaciones. Agregaron que el acuerdo será refrendado en el Consejo de la UE por procedimiento escrito en el plazo más breve posible.
La propuesta respaldada se centró en acordar el uso de esos beneficios generados por los activos rusos inmovilizados pero no entra, por el momento, en cómo serán transferidos a Ucrania, aspecto que deberá ser abordado más adelante, apuntaron las fuentes.
En la UE hay unos 200.000 millones de euros en reservas del Banco Central Ruso y cerca de 30.000 millones en activos privados congelados por las sanciones a Moscú, que se encuentran inmovilizados sobre todo en entidades financieras depositarias de valores, en su gran mayoría en la belga Euroclear.
Estos depositarios no pueden transferir a los sancionados los ingresos que producen sus activos por el pago de cupones o amortizaciones, lo que genera una acumulación de efectivo en su balance que tienen que reinvertir para cumplir con las normas de gestión de riesgo, lo que les reporta beneficios por intereses.
En diciembre, la Comisión Europea presentó una propuesta que debían adoptar los Veintisiete por unanimidad para poder emplear esos “beneficios excepcionales” generados por los activos del Banco Central de Rusia, a largo plazo, en la reconstrucción de Ucrania, ya que según argumentaron entonces fuentes de la institución, no existirían de no ser por la inmovilización de los activos decidida por la UE.
Para ello, la propuesta comunitaria consistía en obligar a los depositarios centrales de valores a gestionar y registrar esos ingresos separadamente y prohibirles que distribuyan los beneficios netos que generen, de modo que se queden en la entidad y puedan ser usados en el futuro.
(Con información de EFE)
