El Tribunal Supremo de Irán anuló este sábado la pena de muerte emitida contra el rapero Toomaj Salehi por apoyar las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por llevar mal puesto el velo islámico, informó su abogado Amir Raesian.
“La sentencia de muerte de Salehi fue anulada”, dijo el defensor del músico en una publicación en la red social X y añadió que el Supremo ordenó un nuevo juicio.
Salehi, de 33 años, que actúa bajo el nombre de Toomaj, había sido condenado a muerte en abril pasado en un veredicto que los activistas consideraron una represalia por su música como apoyo a las protestas a nivel nacional que estallaron en 2022.
El rapero, una figura prominente entre la juventud en Irán incluso antes de su arresto, había sido condenado por el cargo de “corrupción en la Tierra” de la sharia por un Tribunal Revolucionario.
Toomaj fue arrestado mientras estaba escondido en octubre de 2022, durante el apogeo del movimiento de protesta provocado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven de 22 años arrestada por la policía moral de Irán por una presunta violación de las estrictas reglas de vestimenta para las mujeres.
Activistas acusaron al régimen de Irán de torturarlo durante su arresto después de que los medios estatales publicaran un video que supuestamente mostraba al rapero con los ojos vendados y hematomas en la cara, disculpándose por su apoyo a las protestas.
Quedó en libertad bajo fianza en noviembre de 2023, pero volvió a ser arrestado días después, tras publicar un video en el que acusaba a las autoridades de someterlo a tortura mientras estaba detenido.
Nueve hombres ya han sido ejecutados en casos relacionados con protestas que implicaron asesinatos y otros actos de violencia contra las fuerzas de seguridad.
Represión, torturas y penas de muerte
En septiembre de 2022 la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, desencadenó una ola de protestas en Irán. Mujeres, hombres, e incluso niños y niñas, se movilizaron en diferentes ciudades para condenar el asesinato de la joven iraní-kurda, que había fallecido en manos de la Policía de la Moral tras ser detenida por llevar mal el velo islámico.
Su caso significó un punto de inflexión en el país persa y, después de años de miedo y sometimiento, miles de personas decidieron salir a las calles para reclamar sus derechos y manifestarse en contra del régimen de los ayatolás. Lo que siguió en los meses y años posteriores fue más represión, más restricciones a las libertades, torturas, y hasta penas de muerte.
Por eso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos en la República Islámica de Irán para que investigara de manera exhaustiva e independiente las violaciones a los derechos humanos relacionadas con las protestas.
Después de arduos meses de trabajo e investigaciones, y a pesar de la falta de cooperación por parte de las autoridades iraníes -tanto en el acceso al país como en el suministro de información tras 20 cartas enviadas hasta la fecha-, la Misión llegó a la conclusión de que “se cometieron violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como crímenes de derecho internacional”.
“La respuesta a las protestas bajo el lema ‘Mujer, vida, libertad’ estuvo marcada por la represión y la impunidad. Las autoridades denigraron a los manifestantes, utilizaron la violencia física, psicológica y sexual, el acoso judicial y una amplia gama de otros medios para reprimir la disidencia pacífica”, señaló el informe elaborado por la Misión de la ONU al que tuvo acceso Infobae y que se presentó en marzo en Ginebra.
Sobre la muerte de Amini, los investigadores determinaron que la joven fue detenida el 13 de septiembre de 2022, cerca de las 18:30, por la Policía de la Moral cuando salía de la estación de metro de Shahid Haqqani, en Teherán. ¿El motivo? Llevar supuestamente un hiyab “inapropiado”. Inmediatamente fue trasladada en una furgoneta al centro de detención de Vozara para ser sometida a una “clase de reeducación”.
Según lo expuesto por la Misión de la ONU, se desmayó 26 minutos después de su llegada y media hora más tarde fue enviada al hospital de Kasra. Esa noche, sus padres fueron informados de que había sido trasladada al hospital “con retraso” y “ya con muerte cerebral”. Su padre, al que se le permitió verla en el hospital al menos una vez, declaró en repetidas ocasiones que durante esa visita observó moretones en sus pies y sangre goteando de su oreja.
Finalmente, el 16 de septiembre, Mahsa murió. Las autoridades locales colocaron en su certificado oficial de defunción que había muerto por “causas desconocidas”.
