(Desde Montevideo, Uruguay) – El sindicalista argentino Marcelo Balcedo cumple en Uruguay una condena de cuatro años y ocho meses de prisión por delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Pero para llegar a esa sentencia no fue necesario que el investigado pase por un juicio oral: Balcedo alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía, que implica el reconocimiento de delitos a cambio de una pena menor. Su esposa, Paola Fiege, también fue condenada a tres años, pero ya cumplió su pena.
Sin embargo, su abogado, Damián Burgueño, es la primera persona que va a juicio en Uruguay por el delito de lavado de activos, según informó este miércoles el diario uruguayo El País. Esta tipificación en general está acompañada de otros, pero la particularidad que tiene este caso es que solo se lo investiga por ese delito. La Fiscalía pide para él cinco años de condena.
La fiscal Pereira dijo en sus alegatos que Burgueño abrió sociedades destinadas a hacer circular el dinero del sindicalista argentino. El abogado “se manejaba de acuerdo a un determinado modus operandi, el clásico de aquellos que pretenden lavar dinero”, expresó la fiscal Jésica Pereira en sus argumentos.
Burgueño recurría a “empresas pantallas” que en muchos casos carecían de actividad y en la que figuraban testaferros. Además, pagaba siempre en efectivo, en forma fraccionada y por montos menores a US$ 10.000, una cifra que le permitía eludir los controles del sistema financiero.
Para comprar varios padrones de El Gran Chaparral –la mansión de Balcedo en Playa Hermosa– se hizo una maniobra a través de sociedades anónimas por un monto de USD 2,3 millones. Burgueño fue quien pagó el boleto de reservas e hizo una entrega inicial y luego cuotas mensuales y consecutivas de USD 50 mil, que se abonaban en cuatro instancias diferenciadas.
La fiscal detalló que Burgueño llamaba todos los meses al representante de los vendedores por teléfono y le avisaba que ese día iría a Montevideo a realizar el pago. Esa persona se dirigía hacia el banco que acordaban y se encontraba con el abogado. Allí, el acusado entregaba el dinero en efectivo y el vendedor lo depositaba en su cuenta. Este proceso se repitió durante tres años y medio.
La Fiscalía considera que en el juicio quedará probada la responsabilidad de Burgueño porque su actividad “excedió la de un mero asesoramiento legal como abogado” y “fue un administrador”. El defensor se encargaba de pagar sueldos a los empleados, era el director de las empresas, ponía facturas de servicios a su nombre o con la referencia de su domicilio, era el contacto de los proveedores y realizaba grandes pagos de dinero, detalló la fiscal en la primera audiencia, consignada por el medio uruguayo.
La fiscal Pereira definió a las maniobras de Burgueño como una “ingeniería”. Para llevarla a cabo, se adquirieron nueve sociedades anónimas, una de ellas de origen panameño. El abogado Burgeño era uno de los testaferros y la beneficiaria final de todas las acciones era Fiege.
Burgueño fue el director de una de las sociedades entre mayor y agosto de 2015, pero ya era el apoderado desde 2011. Esta firma tenía bienes inmuebles por USD 2,1 millones y era dueña de un camión valuado en USD 39 mil.
En marzo de 2014, en tanto, comenzó a dirigir una empresa que era dueña de un vehículo Mercedes Benz valorizado en casi USD 400 mil, que fue comprado por el abogado como presidente del directorio. Otra de las sociedades tenía un inmueble en Maldonado por USD 450.000 y para la compraventa definitiva Burgeño se hizo presente en marzo de 2012, ya que era el presidente del directorio, único accionista y beneficiario de la sociedad.
Burgueño también dirigía una sociedad permisiaria del uso de una frecuencia de radio, adquirida en 2014 por USD 300.000 y cuya antena estaba en un padrón que alquilaba Balcedo.
“A través de este modalidad, utilizando estas sociedades comerciales, Marcelo Balcedo y Paola Fiege adquirieron, entre los años 2011 a 2016, diversos bienes inmuebles en el departamento de Maldonado por aproximadamente US$ 5 millones, ya sea a través de compraventas o por cesiones de derechos, sea hereditarios o posesorios”, expresan los alegados de la fiscal consignado en El País.
Los defensores del abogado en el juicio oral alegan que lo que relata la Fiscalía no configura un delito y asegura que muchas de las pruebas se consiguieron de forma ilegal. Además, argumentaron que antes de su detención, Balcedo y Fiege no eran conocidos, que su cliente no sabía del pasado de ellos en Argentina y que dejó de trabajar para la pareja dos años antes de que comenzara el proceso judicial.
