El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó este domingo al Congreso una reforma legal que permita destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, quien puso en riesgo su llegada al poder con cuestionadas investigaciones.
“He decidido presentar al Congreso de la República una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas […] y sea removida de su cargo en el marco de la ley”, dijo Arévalo en un mensaje por cadena de radio y televisión.
Se trata de la iniciativa más firme del mandatario socialdemócrata en sus casi 120 días de gobierno contra la fiscal, quien está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por ser considerada “corrupta”.
“El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. Como presidente de la república, electo directamente por el pueblo con un mandato explícito para luchar por la transparencia y combatir la corrupción, no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, afirmó Arévalo.
Hasta 2018, los presidentes guatemaltecos tenían atribuciones para remover a un fiscal general.
El mandatario guatemalteco, quien cuenta con un firme apoyo de Washington y del bloque europeo, acudirá este lunes a presentar la iniciativa al Congreso, de mayoría opositora, para aprobar esta reforma, informó su despacho.
El Congreso de 160 diputados es dominado por el partido derechista del ex presidente Alejandro Giammattei y de Sandra Torres, rival de Arévalo en el balotaje de 2023, quien es nominalmente socialdemócrata, pero ha asumido posturas conservadoras.
“La persistencia de esta minoría corrupta y la amenaza que representa para nuestra democracia es posible por la permanencia de la señora Consuelo Porras en el cargo de fiscal general”, afirmó Arévalo.
“Necesario pero insuficiente”
“Ya era justo y necesario que [Arévalo] haga algo en relación a la fiscal general. Creo que tardó mucho”, dijo a la AFP Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, capítulo local de la ONG Transparencia Internacional.
La salida de Porras “es un paso necesario para la democratización del país, pero no suficiente”, agregó.
La reforma busca “que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno”, “preserve su autonomía” y “funcione eficazmente”, indicó el mandatario en su discurso.
Recurso de amparo
Pocas horas antes del discurso de Arévalo y sin que se supiera su contenido, la fiscal presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.
El recurso afirmaba que Arévalo podía anunciar en su mensaje “acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida” de Porras y de los demás funcionarios de la Fiscalía, según un comunicado de la entidad.
Porras dirige desde 2018 la Fiscalía y tiene mandato hasta 2026.
La funcionaria puso en jaque la transición presidencial al emprender en 2023 una persecución judicial contra Arévalo y el partido Semilla. Antes había perseguido a periodistas y a antiguos fiscales que investigaron sonados casos de corrupción, muchos de los cuales se exiliaron para evitar ir a prisión.
“En Guatemala el Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo”, afirmó Arévalo en su mensaje.
“Amenaza a la democracia”
Arévalo ganó la presidencia con amplia mayoría con la promesa de combatir la corrupción, uno de los males del país.
Marroquín comentó que el presidente se demoró demasiado en dar este paso, y que “mucha gente está realmente decepcionada porque esperaban que este anuncio lo hubiera dado a los dos días de haber tomado posesión”.
Arévalo creó una Comisión Nacional contra la Corrupción y pidió a Porras dejar el cargo, sin éxito. En febrero la denunció ante la Corte Suprema por “incumplimiento de deberes”, pero el tribunal aún no se pronuncia al respecto.
“No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia”, dijo Arévalo en referencia a Porras hace dos semanas.
En tanto, la fiscal mantiene ante la Corte Suprema un pedido para retirar la inmunidad a Arévalo con el fin de procesarlo por presunto lavado de dinero en su partido Semilla.
(AFP)
