El capítulo de la suba de impuestos que actuaba como una de las columnas del plan económico inicial del gobierno de Javier Milei y que implicaba un reajuste tributario para algunos sectores clave de la economía como el campo y la industria, terminó por naufragar sobre el cierre de la semana en un ida y vuelta con la oposición y los gobernadores que empantanó el tratamiento de la Ley Ómnibus.
A pesar de esa retroceso de la Casa Rosada, un cambio impositivo clave seguirá vigente por la sencilla razón de que no necesitó pasar antes por el Congreso y que además es el que mayor aporte hace en la ecuación de ajuste fiscal.
Los retoques en las alícuotas y alcances de diversos impuestos asomaban como parte fundamental del fuerte programa de ajuste fiscal para eliminar el déficit equivalente a 6,1% del PBI en un solo año. En el equipo económico dedicaron toda la semana a asegurar de que se trataba de medidas transitorias, algo que no había hecho evacuar por completo sus dudas al sector privado.
El mandato de Milei de activar una baja sustancial de la presión tributaria -por la propia cosmovisión económica del presidente libertario, pero también por sus promesas de campaña- entró en colisión con el inicio del plan de urgencia económica que elaboró y lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo. Ese ajuste grande que necesitaba hacer la Casa Rosada era imposible realizarla solo con recortes de gastos sino que necesitaba un refuerzo de ingresos tributarios.
La proporción, haciendo grandes números, era hasta el anuncio de retiro del capítulo fiscal del megaproyecto de ley, de un blend de 60-40: seis de cada diez pesos a ajustar provendría de podas en numerosos renglones del gasto público (principalmente subsidios, obra pública y transferencias no automáticas a provincias) y los otros cuatro, por reajustes tributarios que hagan subir la presión impositiva este año y que le dé más aire al fisco. Esa proporción, con seguridad, mutará hacia otra con un peso mayor en el recorte de gastos.
El mandato de Milei de activar una baja sustancial de la presión tributaria entró en contradicción con el inicio del plan de urgencia económica que elaboró y lleva adelante el ministro de Economía Luis Caputo
El problema para el Gobierno, precisamente, fue que una parte relevante de todo ese combo no depende solo de la voluntad del Poder Ejecutivo sino que necesitaba un aval parlamentario. Y por esa razón el tramo fiscal e impositivo del megaproyecto, que había experimentado cambios y contramarchas desde el inicio del tratamiento parlamentario, asomó más como un obstáculo que como un vehículo del plan económico.
Para resumir, la Ley Ómnibus incluía un elemento vertebral en ese plan fiscal: una suba de retenciones a las exportaciones generalizado. En un primera versión del excel de Caputo el 15% de nuevo piso abarcaba a todos los productos, sin discriminar si fuesen economías regionales o pampeanos de explotación extensiva, como la soja, el maíz o el trigo.
Las entidades agropecuarias y legisladores de la oposición que negociaron el contenido del megaproyecto con La Libertad Avanza alzaron su voz e iniciaron gestiones para eximir de esa suba a un grupo de economías regionales, que terminó por ser amplia, al menos en la discusión a nivel dictamen de comisiones. Las retenciones, finalmente, dejaron de formar parte del proyecto. El Gobierno necesitaba por esa vía unos USD 1.400 millones (0,5% del PBI), según estimaciones privadas.
Tanto el campo como la industria le llevaron el último jueves al Poder Ejecutivo sus reclamos sobre el retoque de derechos de exportación
También el Gobierno había ensayado modificaciones, en los primeros 45 días de gobierno libertario, en impuestos personales. Una parte se intentó canalizarlos a través de la Ley Ómnibus (Bienes Personales) y otra en un proyecto aparte (Ingresos Personales, ex Ganancias, Monotributo y Autónomos). Respecto a Bienes Personales, el corazón del programa era una reducción paulatina de alícuotas hasta dejarla en 2027 en 0,25% como gravamen anual al patrimonio. También incluía un blanqueo y un premio a contribuyentes cumplidores, que para los tributaristas era más simbólico que realmente sustancial.
Sobre Ganancias, la “reversión” a la situación que tenía ese impuesto antes de la sanción de la ley que impulsó Sergio Massa durante la campaña electoral tenía como objetivo que un grupo importante de asalariados vuelvan a pagarlo, aunque con montos que serían en muchos casos menores por la adecuación de las escalas. Todas estas iniciativas también fueron dadas de baja.
Cargo sobre las importaciones
Pero hay otro cambio relevante, pero que pudo ser activado de manera inmediata por el Ejecutivo, y que no fue entonces víctima del zarpazo al capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. Se trata de la suba de la alícuota de impuesto PAIS para las importaciones, que pasó de tener una tasa de 7,5% general a 17,5%. Es una de las medidas con mayor aporte recaudatorio (0,8% del PBI) de todas las que están incluidas en el plan Caputo.
Algún empresario exportador, rápido de reflejos, sugería en los últimos días que una salida para el Gobierno sería incrementar algunos puntos más esa alícuota importadora para compensar la dificultad con la que se encontró el oficialismo en las retenciones. No sería extraño que ante el fracaso del apartado impositivo de la ley esa opción gane fuerza.
En los 45 días de gestión de Javier Milei el gobierno libertario intentó llevar a cabo, como se dijo, una serie de modificaciones amplias en términos tributarios, aunque la profundidad que hubiesen tenido es materia de discusión. La tributarista Florencia Fernández Sabella, del estudio LFS Tax, consideró que si uno observara el paisaje impositivo general de la economía tras el cambio de gobierno “no se están introduciendo cambios de fondo o reformas profundas”.
Las modificaciones en ganancias de empleados, derechos de exportación, impuesto PAIS y monotributo responden a una necesidad de caja (Fernández Sabella)
“Todos los cambios que se plantearon hasta hoy en la Ley Ómnibus y en el proyecto de reforma de Ganancias para empleados y Monotributo estaban más vinculados a corregir distorsiones del pasado productos de la economía hiperinflacionaria en la que vivimos hace años más que otra cosa”, dijo Fernández Sabella en diálogo con Infobae.
“Por ejemplo, la moratoria y el blanqueo se explican a raíz de que las políticas económicas restrictivas de los últimos años ha incrementado exponencialmente la informalidad, y la sanción es una suerte de reconocimiento de esa situación que viene con la posibilidad de subsanar el pasado. Sino, no se explica la necesidad de un blanqueo luego de tan pocos años de haber tenido un blanqueo exitoso (como el de 2016) y otro con muy poca adhesión como fue el de la construcción del gobierno de Alberto Fernandez”, continuó la tributarista.
“La reducción en las tasas nominales de Bienes Personales no es una baja de impuestos sino que busca mantener el nivel de imposición de 2022 y anteriores, ya que históricamente la brecha entre el tipo de cambio oficial y el libre generaba que las tasas efectivas representen menos de la mitad de las tasas nominales. Con la devaluación de diciembre, se busca corregir el efecto”, mencionó Fernández Sabella.
Y en ese sentido concluyó la tributarista que “las modificaciones en Ganancias de empleados, derechos de exportación, impuesto PAIS y Monotributo respondían a una necesidad de caja más que a una planificación del sistema tributario en general”.
La cuestión de la temporalidad en los aumentos de impuestos es algo que asomaba como una preocupación que ganaba terreno entre los empresarios. De hecho, el Gobierno ya había tenido que salir a asegurar que en 2025 la tendencia se revertiría, siempre en caso de que consiga en 2024 el equilibrio financiero.
“Se deja plasmado en estos fundamentos y se comunica al Honorable Congreso de la Nación que durante el transcurso de 2024 el Poder Ejecutivo Nacional presentará una reforma integral del sistema tributario con el fin de simplificarlo, lograr un aumento de la base de contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal a partir del 1 de enero de 2025 en adelante. Ello, en la medida en que se cumpla con los objetivos planteados, específicamente en cuanto a obtener superávit fiscal durante el transcurso del presente año”, reza uno de los últimos artículos del proyecto de ingresos personales.
Caputo y su equipo podría necesitar elaborar un nuevo “mapa del ajuste” que reparta de otra forma el peso que tendrá cada renglón del gasto para conseguir ese ajuste fiscal de 6,1% del PBI, ahora con una trascendencia aún mayor de las podas presupuestarias que de la suba de impuestos, aunque en su sorpresiva conferencia de prensa el ministro destacó que se tomará más tiempo para el tratamiento separado del capítulo fiscal: “Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha, es lo que debemos hacer”.
