Llegó la fecha estipulada en el DNU que el Poder Ejecutivo publicó el 21 de diciembre pasado, para la transformación del sistema registral de automotores de la República Argentina. Según el artículo 364 del decreto firmado por Javier Milei, y que está en plena vigencia desde entonces, “los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación del 2 de mayo de 2024. El servicio de inscripción será remoto, abierto, accesible y estandarizado”.
“Esos registros seccionales hoy se conectan con el registro nacional electrónicamente. Lo que vamos a hacer es que el individuo ahora pueda, electrónicamente, conectarse directamente con el registro nacional con el teléfono”, había dicho en aquel momento Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA y cerebro de este extenso DNU de desregulación de la economía.
Hace 40 días, Infobae hizo las consultas pertinentes a las fuentes del Ministerio de Justicia, de quién dependen los Registros del Automotor, y las respuestas recibidas fueron que se estaba trabajando con la digitalización de trámite de inscripción de vehículos, algo que fue anunciado en noviembre de 2023 como novedad para diez de los 1.554 registros existentes y que por entonces se estaba extendiendo a más dependencias de todo el país.
Además, las mismas fuentes aseguraron que “estamos trabajando en la eliminación de costos y su abaratamiento. Se están inspeccionando las Seccionales que están intervenidas con la intención de reducirlas y dividirlas en otros registro existentes y se está haciendo una nueva unidad de inspección que dependerá exclusivamente del ministerio”. Teniendo en cuenta que se acercaba la fecha límite del 2 de mayo, la respuesta en aquel momento fue que “posiblemente se llegue con la puesta en marcha del trámite digital”.
Pero llegó el 2 de mayo sin que se haya comunicado noticias al respecto. Consultadas las mismas fuentes oficiales del ministerio que comanda Mariano Cúneo Libarona, señalaron que “no tienen ninguna información para compartir al respecto”.
Hasta el momento, la única novedad que se produjo en referencia a la simplificación de los trámites registrales fue la que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 25 de abril, y por la cual, mediante la Resolución General 5505/2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA).
“Estamos trabajando en la eliminación de costos y su abaratamiento. Se están inspeccionando las Seccionales que están intervenidas con la intención de reducirlas y dividirlas en otros registro existentes”
El CETA era un certificado que debía presentarse al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país. Desde el organismo señalaron que esto fue posible gracias al avance tecnológico y los convenios de intercambio de información con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, que permiten verificar la situación fiscal de los ciudadanos y las transferencias de dominio de manera eficiente.
Hasta el momento, los vehículos que debían declararse en la AFIP a través de este certificado eran aquellos que superaban los $4.500.000. El Certificado CETA debían pedirlo personas humanas o jurídicas, y las sucesiones indivisas, tanto del país como residentes en el exterior. El vendedor del auto era el encargado de completar el documento.
Además, en la misma resolución, se aclaró que “este organismo se encuentra abocado a la revisión de los diferentes registros y regímenes de información implementados, que pudieran obstaculizar la agilización de los procesos, facilitación del comercio y eliminación de costos desproporcionados”.
Mientras la fecha del 2 de mayo venció, en el Congreso de la Nación ya están conformadas las comisiones que deben tratar los proyecto de ley como el de la diputada Patricia Vázquez (PRO), quién se ha convertido en la otra alternativa que podría modificar el actual sistema registral de automotores. El proyecto de Ley debía esperar que terminara el trabajo sobre la Ley Bases para empezar a tener tratamiento parlamentario.
