Los fuertes recortes en el Estado también llegaron al Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones, un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y se creó en 2015 para ser el regulador de las telecomunicaciones en Argentina. No sólo eso, el presidente Javier Milei prepara un decreto que retrotrae otro de Alberto Fernández y que impactará de lleno en la industria de las telecomunicaciones, un sector estratégico con rubros como tevé por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet.
Según pudo saber Infobae, los despidos en las últimas horas habrían llegado a 300 empleados, con parte de los telegramas que fueron enviados hoy mismo. Las desvinculaciones comenzaron a comienzos de este mes con la salida de 50 empleados con contratos eventuales y titulares de las delegaciones del interior del organismo.
Según fuentes del sector, la idea del Gobierno es reducir el 20% de una plantilla de casi 2.000. O sea, habrá más despidos. “Los despidos van a rondar los 500 en pocas semanas más”, estimó una fuente del sector telco.
Por decisión de Milei el organismo fue intervenido por 180 días a fines de enero. “Es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo”, destacaron desde la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, cuyo titular es Nicolás Posse.
A cargo de la intervención está el consultor Juan Martín Ozores; secundado por Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, quien fue director del ente durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además, según se confirmó hoy, a partir de abril se cerrarán todas las delegaciones de Enacom en el interior del país. Según una resolución con fecha de hoy se determinó que “habiéndose efectuado un relevamiento de la actividad llevada a cabo en las Delegaciones Provinciales, pudo determinarse que la misma viene disminuyendo significativamente desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD)” y que “atento a la simplificación y automatización de los procesos, las Delegaciones han perdido relación de proporción entre las tareas llevadas a cabo y sus estructuras”.
También están frenados los pagos del Fondo del Servicio Universal y, por una resolución, se dejó sin efecto todo lo aprobado en la última reunión de directorio de administración anterior. El Servicio Universal busca “posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país a los Servicios TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades”, según la web del Enacom. Está formado por fondos de las empresas del sector que aportan el 1% de la totalidad de sus ingresos.
“Se está revisando todo, hay que chequear punto por punto porque el uso no sería racional en todos los casos. Hay muchas cooperativas y asociaciones civiles que cobran y se armaron en 2023. Vamos a auditar todo, pero todo”, confirmaron fuentes oficiales.
Decreto 690
A fines de agosto de 2020, en plena pandemia, Alberto Fernández firmó un decreto que declaró como servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, Internet y la TV por cable, congeló sus precios por un par de meses y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iba a dar en adelante.
Según fuentes del sector, la idea del Gobierno es reducir el 20% de una plantilla de casi 2.000. O sea, habrá más despidos
La medida, fuertemente criticada por las empresas del sector, y llevada a la Justicia en muchos casos, está a punto de ser revertida por otro decreto. La copia está a la firma de Milei y, básicamente, indica que la telefonía móvil, cable e Internet dejarán de ser servicio público y que el Estado ya no autorizará más los precios de los servicios.
Según el proyecto de derogación del DNU 690/2020, esa norma estableció “una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida a fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados, como se venía desarrollando”.
Y agregó: “Cabe señalar que las disposiciones de carácter permanente que el mencionado decreto dispone, relativas a la fijación de los precios por la autoridad de aplicación, así como la prestación básica universal obligatoria que establece, deben derogarse a fin de restaurar el marco normativo de libre competencia”.
“Están matando y desfinanciando a toda una industria por un capricho. Si es así, el daño colateral será inmenso, con empresas grandes, pymes, cooperativas y todo un ecosistema tremendamente afectados. Es una sobrerreacción que no se entiende por más ideológico que sea el trasfondo”, señaló en ese momento un alto ejecutivo de una empresa del sector.
