Una serie de países de la región se presentaron como “amicus curiae” –o amigo del tribunal– en la Corte de Apelaciones de Manhattan donde se analiza el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera YPF en 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta.
Así, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador aseguraron que el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Presta es una interferencia en un estado soberano. El caso, según describió hoy el diario Financial Times, se ha convertido en un problema para la nueva administración del presidente Javier Milei.
“Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras de la nación soberana”, destacó uno de los escritos presentados por los países que apoyan a la Argentina. No solo eso: además, agregaron que la decisión de la jueza “amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos”.
Básicamente, argumentan que si el fallo sigue firme será negativo para las relaciones bilaterales comerciales entre Estados Unidos y otras naciones de la región, por ejemplo. Creen que se trata de un tribunal americano que se entromete en asuntos domésticos, que se metió con una empresa radicada en un país foráneo que se rige por estatutos y leyes locales, en este caso argentinas. Sin embargo, todas estas cuestiones ya fueron tratadas por Preska en su falló. La jueza tomó el caso porque YPF cotiza en Wall Street y los demandantes fueron empresas accionistas que aseguraron que habían sido perjudicadas por la expropiación. Esas empresas luego vendieron sus derechos de litigar al estudio inglés Burford, el principal beneficiario del fallo de Preska.
Además, para realizar su condena la jueza usó utilizó la ley argentina. Habrá que ver qué peso le otorgan los jueces de la apelación a la presión de los países de la región.
En ese mismo sentido realizaron presentaciones en la corte de EEUU provincias productoras de hidrocarburos –entre ellas Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego–; el Colegio Público de abogados de CABA y otros académicos y exjueces argentinos.
“Siempre son importantes estas presentaciones, suman, pero en definitiva los jueces de apelación toman en cuenta, principalmente, las pruebas y los argumentos del tribunal de primera instancia. Preska es una jueza muy respetada en EEUU”, aseguró Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.
No es la primera vez que aparecen amicus curiae del país en esta extensa causa de más de 8 años. En agosto de 2022, por caso, la Cámara de Sociedades de la República Argentina, una entidad que agrupa a las principales 100 empresas del país -como Banco Macro, Cablevisión, Cresud, Edenor, Galicia, Supervielle, IRSA, Pampa Energía, Telecom Argentina, Ternium Argentina y TGS– pidieron serlo pero de YPF, no del país. En ese entonces, la petrolera también era demandada por Bruford, pero Preska la dejó fuera de la acusación el año pasado.
Cómo se dijo, los amicus curiae, o “amigos de la corte”, son terceros independientes que se presentan ante un tribunal para apoyar alguna de las partes.
Apelación
En febrero, Argentina apeló formalmente el fallo de primera instancia que lo condenó a pagarle USD 16.000 millones, más intereses que corren día a día, a Burford.
En su extensa presentación de más de 90 páginas, los abogados del Estado local –Argentina está representada en EEUU por el estudio Sullivan & Cromwell y la estrategia la lleva adelante la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra– plantearon ante la Corte de Apelaciones que Preska podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina, ya sea por cuestiones de foro no conveniente o de reconocimiento de leyes de otro país” y cuestionaron el monto multimillonario que la jueza indicó que tiene que pagar el país (un monto que se incremente, además, con intereses mensuales).
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