La fiscal Patricia Baulies no salía de su asombro. Entonces les preguntó una y otra vez a los barras de Boca si estaban seguros de qué arma de fuego decían ser los dueños. Y ellos, cada uno por su cuenta, dijeron que sí y repitieron el mismo calibre: 22. Raro, porque sólo había un revólver de ese estilo. Ahí nomás dio por cerrada las indagatorias, hizo un gesto de incredulidad y decidió terminar con la investigación en la causa que alejó otra vez de las canchas a Rafael Di Zeo para ponerse a trabajar en la elevación a juicio que saldría antes de que empiece la feria judicial. Y por la comedia de enredos que se vivió en los Tribunales de Río Segundo, no parece que el jefe de la barra brava de Boca vaya a zafar de ser considerado por la funcionaria como uno de los partícipes del delito de tenencia ilegal de arma de fuego compartida, que tiene pena de hasta seis años de prisión. Y todo porque dos barras no se pusieron de acuerdo en qué arma iban a decir que era de su propiedad. Insólito.
El caso se remonta a la previa de la semifinal de la Copa de la Liga del 30 de abril pasado, cuando La Doce viajaba a la provincia mediterránea a ver el partido de Boca contra Estudiantes, y en una requisa en la ruta, en uno de los micros de la caravana, se encontraron cuatro armas aptas para el disparo, dos con numeración limada y una con el logo de la Policía Federal Argentina, más 58 municiones. En ese micro, según declararon en la fiscalía un oficial de Gendarmería y otro de la Policía cordobesa, viajaba Rafael Di Zeo, quien no logró ser demorado con el resto de los 57 ocupantes y regresó en una camioneta a Buenos Aires. Este dato es clave para la estrategia de Di Zeo y también lo era que los barras declararan bien. Pero esto último tuvo un traspié.
Por entonces se les puso a todos derecho de admisión para ese partido y pocos días después la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, extendió la prohibición por tiempo indeterminado para toda competencia nacional e internacional. “De por vida”, dijo en la conferencia de prensa en la que anunció la sanción. Ante esta situación, Di Zeo no pudo volver a la Bombonera para ver al equipo de Diego Martínez ni por el torneo local ni por la Copa Sudamericana. Pero aspiraba a que en este receso su situación se modificara.
Para eso se presentó a declarar el 14 de mayo pasado junto a su ladero, Sebastián Maciel, alias Skeletor, también acusado y con la defensa del abogado Diego Storto. Allí negó haber cometido cualquier ilícito y se negó a contestar preguntas. Al término del procedimiento judicial el letrado le dijo a Infobae que “mi defendido no viajaba en ese micro, no hay ninguna cámara que muestre eso. Además, el delito que le imputan no existe, la fiscal tendrá que dar con los dueños de las armas y juzgarlos a ellos”.
Para esto era clave lo que declararan el resto de los barras imputados. Y eso sucedió entre el lunes y el jueves de la semana pasada. De los 56 acusados, 52 decidieron no declarar. Pero hubo cuatro que sí lo hicieron. Como las armas también eran cuatro, caía de maduro que la estrategia era que éstos se hicieran cargo del hecho para liberar de culpa y cargo al resto. Así primero pasó Juan M., que se hizo cargo del revolver calibre 32 largo marca Doverman, con siete proyectiles en su tambor. Y dijo que Di Zeo no estaba en el micro. Después pasó Maximiliano G., quien afirmó que la pistola Bersa calibre 22 con siete proyectiles en el tambor más otros ocho escondidos en una media, era de su propiedad. Y repitió que el líder de La Doce no había viajado con ellos. Quedaban dos armas y se acababa la historia. Y ahí le tocó declarar a Facundo F. quien primero hizo lo primero: “Di Zeo no estaba en ese ómnibus”, aseguró. Lo lógico era que después se adjudicara la Browning nueve milímetros que tenía seis proyectiles en la recámara y, si bien tenía la numeración suprimida, podía hacerse cargo. Pero se ve que confundió la estrategia presuntamente pactada y dijo ser el dueño de la Bersa 22, la misma que se adjudicó como propia Maximiliano G. La fiscal reiteró por separado la requisitoria, pero todos se mantuvieron en la misma posición, por lo que dio por terminada la audiencia bajo la idea de que había un pacto previo para, según creen en Tribunales, hacer zafar al jefe de La Doce. “Además nadie se hizo cargo de la tenencia de la nueve milímetros con dos cargadores y 23 proyectiles porque era de la Policía Federal y ese es un delito más grave aún”, le dijo una fuente de la investigación a Infobae.
Así las cosas, según aseguran en Río Segundo la fiscal, no se moverá de su posición inicial y elevará a juicio a los 58 imputados, incluyendo al popular Rafa, por tenencia ilegal compartida de arma de fuego con motivo de espectáculo deportivo, que tiene pena de hasta seis años de prisión. Es cierto que no tiene filmaciones donde se lo vea en el ómnibus, pero hará valer las declaraciones del gendarme y del policía que aseguran haberlo visto allí y que fue el primero que descendió del mismo cuando se hizo la requisa. Y por otro lado no parece que vaya a entrar en la discusión sobre si el delito de tenencia compartida corre o no existe, como afirma el abogado de Di Zeo, Diego Storto. Todo indica que la fiscal Baulies lo va a elevar a juicio y que en todo caso el capo barra discuta esa situación ante el juez de garantías o la Cámara de Apelaciones. Distinta hubiera sido la situación si cada arma tenía por dueño un barra. Pero como en un vodevil, dos se confundieron de revólveres, la estrategia naufragó y así Di Zeo sufrió un traspié de aquellos en su objetivo de regresar a las canchas.
