Perú enfrenta una situación crítica en cuanto a la libertad de prensa. Según el informe sobre libertad de expresión correspondiente al segundo semestre de 2024, presentado por el Consejo de la Prensa Peruana en la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Córdoba, Argentina, diversas instituciones del Estado han mantenido enfrentamientos con los medios de comunicación entre abril y octubre.
El documento señala que, a diferencia de periodos anteriores, actualmente el poder Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público y los gobiernos regionales son agentes agresores para los medios de comunicación y los periodistas, atacando con frecuencia la libertad de expresión.
Según el estudio, las principales acciones que atentan contra la libertad de prensa incluyen iniciativas legislativas, demandas y querellas por difamación, investigaciones fiscales, levantamiento del secreto de las comunicaciones, allanamientos, impedimento de la cobertura de temas de interés público y ataques verbales o físicos contra periodistas. Además, se informa que son muy pocas las ocasiones en las que alguna institución del Estado investiga casos relacionados a la libre de prensa, lo que deja al periodismo políticamente desprotegida.
Agresiones del Ejecutivo
La presidenta de la República, Dina Boluarte, rompió su prolongado silencio frente a los medios el martes 22 de octubre, al ofrecer una conferencia de prensa en la que presentó un balance de su gestión, tras más de 100 días sin declarar a la prensa. Sin embargo, otros funcionarios, como el ministro Juan José Santiváñez, han sido señalados como principales responsables de ataques y amenazas contra periodistas. En varias ocasiones, tanto él como otros representantes del gobierno, incluida la jefa de Estado, han intentado minimizar o negar los hechos reportados, calificándolos de tendenciosos o activistas, según el Informe 2024-II de libertad de expresión en Perú.
El informe recopila varias investigaciones periodísticas que han sido objeto de críticas por parte del Ejecutivo, entre las cuales destacan:
Caso Rolex : La presidenta de Perú, Dina Boluarte, criticó a la prensa por informar sobre el uso de relojes Rolex y joyas de alto valor que no declaró en sus registros oficiales, como es obligatorio para los funcionarios públicos. Además, cuestionó la cobertura mediática, sugiriendo que podría estar motivada por sexismo o discriminación. Según reportes, el valor de la joyería supera su capacidad de gasto en función de sus ingresos como funcionaria.
Silenció frente a los medios: De acuerdo con el documento, entre mayo y junio del 2024, la mandataria cumplió más de 90 días sin declarar a la prensa. Durante al menos tres eventos públicos, se impidió a periodistas de diversos medios hacerle preguntas, y en una ocasión incluso fueron retenidos en un estrado para evitar que se acercaran a ella.
Caso ministro del Interior: En julio pasado, el actual y cuestionado, ministro del Interior, Juan José Santiváñez, amenazó con tomar acciones legales contra los periodistas César Hildebrandt y Ricardo Velazco, del semanario Hildebrandt en sus trece. En aquella ocasión los hombres de prensa informaron sobre denuncias y declaraciones contra Santiváñez por presuntas irregularidades antes de que fuera designando al Mininter, entre las que estaría el lavado de dinero.
En septiembre, Santiváñez advirtió que denunciaría penalmente por orgaización criminal a los periodistas que difundan audios que presuntamente lo involucrarían con facilitar la movilización del prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. Dos semanas después, el ministro intimidó a la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, luego de que ella revelara un documento en el que se negaba una reunión de carácter personal con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. En un mensaje de WhatsApp, le advirtió: “No me difames, Karla, espere mis acciones legales.”
Frente a la Comisición de Fiscalización del Parlamento, el titular del Mininter, respondió por los presuntos audios que lo vincularían con el caso de Vladimir Cerrón. Sin embargo, Santiváñez argumentó “víctima de una campaña mediátiva”. No obstante, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el ministro por presunto abuso de autoridad.
Caso vehículo presidencial: El despacho presidencial ha rechazado proporcionar información sobre uno de los vehículos que traslada a la presidenta Dina Boluarte, el cual supuestamente se utilizó para transportar al prófugo Vladimir Cerrón. Los periodistas Ernesto Cabral, de La Encerrona, y Stefanie Medina, de Willax, solicitaron esta información a través del mecanismo de transparencia, pero fue denegada al considerarse reservada.
Caso restricción de medios: Durante un evento oficial de Boluarte en la región San Martín, al menos ocho medios de comunicación fueron impedidos de realizar su cobertura. La seguridad del Estado negó el acceso a una reunión sobre incendios forestales en la que participó el ministro del Ambiente, quien supuestamente daría declaraciones a la prensa.
Caso ‘terrorismo de imagen’: En octubre, la durante una presentación pública, la presidenta Dina Boluarte usó el término “terrorismo de imagen” para referirse a la cobertura mediática sobre ella. Poco después, el congresista Waldemar Cerrón, cuyo hermano Vladimir Cerrón es prófugo y está implicado en graves casos de corrupción revelados por la prensa, afirmó que existe un “terrorismo de prensa”. Por su parte, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, sostuvo que “no podemos negar que se difunden noticias falsas que no solo ofenden, sino que buscan generar caos y desestabilización”.
Agresiones del Legislativo
Según el informe elaborado presentado por el Consejo de Prensa Peruana, el Congreso de la República ha intensificado sus acciones contra las libertades de expresión y de prensa, tanto a través de sus funcionarios como de iniciativas legislativas, algunas de las cuales ya se han convertido en ley. Durante este semestre, el presidente del Congreso habría destacó como una de las principales fuentes de agresión contra la prensa. Los parlamentarios que impulsaron la mayoría de las iniciativas que atentan contra estas libertades son aquellos vinculados por la prensa a presuntos actos de corrupción.
Proyecto de ley que restringe a periodistas a contratar con el Estado: El congresista Jorge Luis Flores Ancachi propuso una modificación en la Ley de Contrataciones del Estado, que impediría a periodistas y a sus familiares contratar con el Estado durante un año después de dejar sus funciones en medios. Aunque no afecta directamente a periodistas en ejercicio, limita sus oportunidades laborales futuras y se percibe como una medida vindicativa. El proyecto cuenta con el apoyo de congresistas como Elvis Vergara y Darwin Espinoza, vinculados a presuntos casos de tráfico de influencias y que pertenecerían al grupo denominado ‘Los Niños’. Además, Flores Ancachi ha sido señalado por la prensa por exigir parte del sueldo a sus trabajadores e intentar sobornar a un periodista.
Proyecto para colegiatura obligatoria: El congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Acción Popular, presentó una iniciativa para crear el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú, que haría obligatoria la colegiatura para ejercer la profesión de licenciado en ciencias de la comunicación. El proyecto también fue firmado por congresistas como Elvis Vergara y Jorge Luis Flores Ancachi.
Caso IRTP: La Comisión de Descentralización aprobó la inclusión de representantes del Poder Legislativo y Judicial en el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que actualmente está compuesto por profesionales independientes. IRTP administra las señales de TV Perú y Radio Nacional.
Caso ley de ONG: La Comisión de Relaciones Exteriores dio luz verde a una modificación de la ley para reforzar la supervisión de las ONG mediante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Medidas similares han sido implementadas en regímenes autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Caso cine: El Congreso aprobó regulaciones que censuran el cine peruano, exigiendo la revisión previa de guiones para películas que traten sobre derechos humanos durante el terrorismo (1980-2000). Además, se redujo a la mitad el incentivo estatal para filmes grabados en regiones rurales. Estas medidas afectan a películas que cuestionan las violaciones de derechos humanos por parte de gobiernos y Fuerzas Armadas en esa época.
Caso Alejandro Soto: El extitular del Parlamento, denunció al periodista José Miguel Hidalgo por “reglaje” después de que este revelara su relación con la madre de su hijo, lo cual era de interés público porque la hermana de la mujer trabajaba en el despacho de Soto, lo que podría configurar nepotismo. Soto también presentó una querella contra Hidalgo y advirtió que continuará con acciones legales para defender su honor.
Demandas por difamación en Cusco: Soto demandó a la periodista Yessica Bazalar Sequeiros por difamación, reclamando una reparación civil de S/.100,000, luego de que ella lo llamara “uno de los políticos que más avergüenza al Cusco” en una emisora local. También denunció al periodista Carlos Castillo por retuitear una nota sobre una presunta compra irregular de terrenos.
Restricción de acceso a la prensa en el Congreso: Mientras aún presidía el Congreso, Soto prohibió la cobertura de la prensa en la última sesión de la Comisión Permanente, negando el acceso a los debates sobre el nuevo contralor y la conformación de la nueva mesa directiva, lo que impidió a los medios informar directamente sobre estas decisiones.
Caso Eduardo Salhuana: El presidente del Congreso 2024-2025, anunció una denuncia por difamación contra Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la Compañía Minera Poderosa. De la Flor, durante un foro empresarial, afirmó que Salhuana tenía “vínculos directos con la minería informal” y lo calificó como representante de una de las economías ilegales más activas y dañinas. Cabe destacar que Minera Poderosa ha sufrido ataques violentos por parte de mineros ilegales, resultando en la muerte de al menos nueve trabajadores.
Agresiones del Ministerio Público
El informe también señala al Ministerio Público por haber ha intensificado su accionar contra la prensa en Perú, iniciando investigaciones contra periodistas por sus reportajes y opiniones, afectando tanto a medios liberales como conservadores.
Caso Juan Carlos Tafur: La Fiscalía allanó la vivienda del periodista del portal Sudaca.pe, Juan Carlos Tafur, incautando sus dispositivos electrónicos y los de su esposa. La orden de allanamiento lo vincula a una presunta organización criminal y cita artículos publicados por Tafur que supuestamente buscan desprestigiar a la fiscal Marita Barreto, quien ordenó el operativo.
Caso Willax: Los periodistas Augusto Thorndike y Carlos Paredes, de Willax, están bajo investigación por supuesta violación de correspondencia al difundir estados de cuenta del Instituto de Defensa Legal (IDL) en el programa ‘Contracorriente’ . Paredes también enfrenta una investigación por no entregar un video requerido por la Fiscalía, argumentando que el canal no está obligado a conservar material por más de 45 días, según la actual Ley de radio y televisión. Además, la solicitud se hizo después de 100 días. Asimismo, Willax y Expreso son investigados por comentarios sobre la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
