En la lucha contra el cambio climático, las empresas de energías renovables ganan impulso y cada vez son más las instituciones públicas que acuerdan y financian estos proyectos, con el argumento de que resultan esenciales para proporcionar energía limpia para miles de hogares. Sin embargo, la construcción de estas megaplantas se deben situar en zonas estratégicas y muchas veces esto choca con los intereses locales y la preservación del patrimonio cultural y natural. Se produce así un conflicto entre el auge de estas empresas y los agricultores, que luchan por proteger sus tierras y su modo de vida. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en Jaén y Córdoba, aunque supone un reflejo de un conflicto más amplio que está teniendo lugar en España y otros países.
Varios municipios andaluces perderán hasta 100.000 olivos, según las estimaciones de la plataforma de la Campiña Norte, por la instalación de una megaplanta solar en la ubicación en la que se encuentran estos cultivos. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, es promovido por la empresa Greenalia Solar, que tiene sede en Galicia y ya ha construido plantas de este tipo en otras provincias españolas y en Estados Unidos.
La zona en la que se plantea la edificación de la planta fotovoltaica, cuya superficie equivale a unos 100 campos de fútbol, fue propuesta para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco bajo el título de Paisaje del Olivar Andaluz. Además, se han encontrado restos arqueológicos, pero nada de esto ha sido suficiente para detener el proyecto. Los agricultores de Jaén y Córdoba se han movilizado bajo el lema “Renovables sí, pero no así”, intentando frenar la expropiación forzosa de sus tierras y la tala de sus olivos, que han sido cultivados durante generaciones y son la bases del “sustento de muchas familias”, anuncian los afectados. La recolección de aceitunas es un sector clave para la economía de la región, pero las alegaciones presentadas por particulares, empresas y entidades por el momento han sido desestimadas.
“Nos están quitando las tierras de nuestros antepasados”
La empresa Greenalia defiende que sus proyectos permiten que grandes cantidades de CO2 eviten lanzarse a la atmósfera. Además, afirman que miles de hogares se abastecerán con la energía limpia que desarrollarán sus parques solares. Sin embargo, los afectados aseguran que la electricidad generada no se quedará en la región, sino que se venderá en el resto de Europa. Ni el servicio beneficiará a la comarca ni se crearán nuevos empleos: “contribuirán activamente a la destrucción de puestos de trabajo locales”, indican desde la plataforma.
El 7 de noviembre, los propietarios de los cultivos afectados, que se encuentran en municipios como Lopera, Arjona o Marmolejo, han sido citados para iniciar los trámites de expropiación. “El riesgo para ellos es mínimo y a nosotros nos están quitando las tierras de nuestros antepasados”, afirma el comunicado que ha emitido la plataforma de la Campiña Norte.
Ante la imposibilidad de frenar el proyecto y la frustración por la construcción de una planta fotovoltaica que no generará nuevos empleos ni proporcionará un beneficio a los vecinos, los afectados han animado a los ayuntamientos a cambiar sus planeamientos urbanísticos para limitar y restringir las instalaciones de grandes extensiones de placas solares.
Este conflicto pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección del patrimonio español. Es crucial realizar la transición hacia una economía más verde que nos permita cuidar el medioambiente y frenar el cambio climático, pero esta debe hacerse respetando y preservando las comunidades y los paisajes rurales de nuestro país. La situación que viven los agricultores de Jaén y Córdoba es solo un ejemplo de la importancia de proteger los cultivos de la región, que proporcionan los beneficios económicos del territorio y se convierten en el sustento de miles de familias, además de ser parte del patrimonio cultural de España.
