La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto de ley que regula el uso de productos fitosanitarios en la provincia, declarando de interés público la adopción de buenas prácticas en esta materia. Esto fue celebrado por las entidades rurales, quienes manifestaron que la falta de una actualizada ley de fitosanitarios dejaba a los productores en una situación adversa y con campos inutilizados.
La propuesta, presentada por el entonces Poder Ejecutivo de Gustavo Bordet en noviembre de 2022, fue aprobada por mayoría durante la sesión. Entre las iniciativas votadas también se incluyó la promoción de biocombustibles y la protección de la cultura de los pueblos originarios Chaná y Charrúa. La nueva ley busca actualizar la legislación vigente, que data de la dictadura militar, y establece tres zonas para la aplicación de fitosanitarios: exclusión, amortiguamiento y libre aplicación. Además, determina distancias específicas respecto a escuelas rurales, áreas naturales protegidas y cursos de agua. El texto promueve la producción ecológica, crea redes de monitoreo ambiental y otorga mayor control a los gobiernos locales sobre el uso de agroquímicos.
“Estamos contentos porque, por lo menos, tenemos media sanción en una ley de fitosanitarios para la provincia de Entre Ríos, una provincia eminentemente agrícola y ganadera, pero sobre todo con una diversidad productiva enorme, a la cual hace imprescindible tener una ley de fitosanitarios”, afirmó Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer).
El dirigente explicó que la última legislación sobre fitosanitarios data de 1980, con algunas modificaciones en 2003, y que hasta ahora se regían por resoluciones del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. “Estas resoluciones habían establecido grandes distancias restrictivas para la aplicación de productos fitosanitarios, por lo que si se tomaba en cuenta tal cual lo establecido por el Superior Tribunal, casi el 33% de la provincia de Entre Ríos no se podía sembrar más. Sin ley, estábamos en una situación totalmente adversa para el productor y los campos inutilizados”.
El proyecto de ley, detalló, es el resultado de un esfuerzo conjunto de siete u ocho años, entre diversos sectores, incluidos entidades rurales, legisladores, cooperativas, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Cereales y ambientalistas. “Se llegó a un consenso después de muchos años de trabajo. Hace algunos años, por cuestiones políticas, la ley no se aprobó, pero hoy se entendió que era imprescindible tenerla”, agregó.
La nueva normativa establece tres zonas para la regulación de fumigaciones: la Zona de Exclusión, donde hay “restricción absoluta” para la aplicación de productos fitosanitarios; la Zona de Amortiguamiento, que permite el uso condicionado de algunos productos, y una Zona Especial para escuelas y centros de salud. Los radios de exclusión varían entre 15 y 500 metros, dependiendo de la proximidad a asentamientos y de las características del producto.
Además, la ley promueve la “intensificación ecológica” en las zonas de exclusión, incentivando el uso de prácticas sostenibles mediante beneficios fiscales y económicos. Se implementará un marco de sanciones para las infracciones, que incluirán apercibimientos, multas, decomisos y clausuras, entre otros.
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La autoridad de aplicación creará un Registro de Infractores, donde se registrarán las sanciones impuestas. Las multas se calcularán en función del precio del litro de gasoil comercializado por YPF, con un rango que va de 500 a 25.000 litros, ajustable según la gravedad de la infracción. En caso de incumplimiento de las sanciones, la autoridad podrá suspender la inscripción hasta que se cumpla con la normativa.
La implementación de esta ley representa un avance significativo en la regulación del uso de fitosanitarios en Entre Ríos, buscando equilibrar las necesidades productivas con la protección del medio ambiente y la salud pública, indicaron.
Además, según informaron en el portal de la Legislatura de Entre Ríos, durante la sesión, los diputados aprobaron el dictamen de las comisiones de Energía y de Comercio, Industria y Producción respecto del proyecto que establece un marco legal, institucional y normativo que fomente la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y bioenergías, como parte fundamental de la transición hacia un modelo energético sostenible.
