La jornada de huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), a la que adhirieron importantes gremios, como el de peones rurales, empleados de la industria láctea y también de las plantas aceiteras y de procesamiento de la soja, fue rechazada por entidades empresarias vinculadas a la actividad agroindustrial, por considerar que un paro frena la producción y también la actividad comercial, provocando una pérdida económica para Argentina.
Desde el ámbito de las entidades rurales, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), explicó a Infobae que “el trabajo en estos días no está en la calle (con las movilizaciones que proponen los gremios), sino dentro del Congreso Nacional, y esto es lo que desde la Federación Agraria hemos hecho con legisladores de las distintas representaciones políticas: esperamos allí tener los mejores resultados”.
“No creemos (desde las entidades rurales) que la situación que tiene Argentina sea para confrontar de esta forma (como propone la CGT, marchando al Congreso). Nos parece que el ciudadano argentino necesita consenso, establecer un rumbo y tener previsibilidad”, explicó Achetoni tras mantener una serie de encuentros con legisladores.
“El trabajo en estos días no está en la calle (con las movilizaciones que proponen los gremios), sino dentro del Congreso Nacional” (Achetoni)
También Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aseguró que desde el ámbito del campo “vemos con suma preocupación el paro general, ya que entendemos que la crisis económica que atraviesa nuestro país nos obliga a seguir trabajando para generar mayores oportunidades para los argentinos: el campo no para”.
Según dijo Pino a este medio, “este tipo de decisiones generan pérdidas en los distintos sectores, todo lo contrario a lo que necesitamos que es más producción de bienes y servicios. Además, la politización de estas medidas enturbia los reclamos genuinos de los trabajadores y las entidades gremiales son instituciones que tienen que ser apolíticas”.
Sobre el paro gremial, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) afirmó que las medidas de fuerza sindical generarán “una pérdida económica mayúscula para el país” y aseguró que este tipo de acciones “no son el instrumento que vaya a revertir la situación” de crisis por la que atraviesa la economía argentina.
La CAME, integrada por muchas empresas que se desempeñan en las economías regionales, se expresó así en contra del paro general impulsado por la CGT, por considerar que este “implicará un día sin producción y sin actividad comercial”. Su titular, Alfredo González, expresó que desde el ámbito empresario “somos respetuosos de las decisiones del sindicalismo y del derecho a huelga. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación”.
Gremios rurales
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) adhirió al paro general promovido por la CGT y se moviliza hasta el Congreso nacional para plantear su rechazo a “la reforma laboral planteada por la gestión Milei”, por considerar que “el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 elimina derechos conquistados por los trabajadores”.
Así el gremio de peones rurales que conduce José Voytenco planteó que las modificaciones en la legislación laboral que promueve el gobierno de Javier Milei “a todas luces son inconstitucionales” y aseguró que las medidas dispuestas por la Uatre “tendrán un efectivo cumplimiento en el Interior del país”.
Según indicó este sindicato a través de un comunicado, “con el DNU, el trabajador siempre estará en inferioridad de condiciones al momento de reclamar y la base mínima para calcular la indemnización se reduce un 67% de la remuneración y se elimina el aguinaldo. Los trabajadores van a cobrar muchísimo menos indemnización si los despiden sin causa: así le decimos no la reforma laboral”.
También la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) se suma al paro y movilización hasta el Congreso Nacional para reclamar contra “el DNU y la Ley Ómnibus”.
Heber Ríos, secretario gremial del Consejo Directivo Nacional del gremio lechero y referente de Atilra General Rodríguez, afirmó que “por más que el gobierno de Javier Milei nos amenace, nos persiga, e intente disciplinarnos, las y los trabajadores de la industria lechera nos movilizamos al Congreso en defensa del pleno ejercicio de los derechos constitucionales”.
“¡Abajo el DNU, la Ley Ómnibus de las corporaciones y el protocolo represivo!”, expresó Ríos a través de la red social X.
Aceiteros
Los trabajadores de las plantas de aceite y biodiésel, especialmente en la zona del Gran Rosario, se sumaron al paro por un plazo de veinticuatro horas.
Así la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara) expresaron su adhesión al paro y movilización adoptada por la conducción cegetista. También lo hará el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo, en Santa Fe, (SOEA), para rechazar las decisiones adoptadas por el gobierno nacional.
Por ello, SOEA convocó a “un paro en todas las plantas aceiteras y de biodiésel del departamento santafesino de San Lorenzo por un plazo de veinticuatro horas” para rechazar el DNU 27/2023 por considerarlo “una afectación directa a los derechos laborales de los trabajadores”.
La medida comenzó con cada uno de los “primeros turnos” que tomen servicio el martes 24 en las diferentes plantas aceiteras para “rechazar en forma contundente las reformas que intenta realizar el Poder Ejecutivo de la Nación, lo cual agravia, retrocede y afecta los derechos de los trabajadores”.
La mencionada federación de trabajadores del sector la industria oleaginosa, convalidó “el paro en defensa de la negociación colectiva, el derecho de huelga, a hacer asambleas y manifestarnos libremente” y objetó decisiones como “la derogación de indemnizaciones por trabajo no registrado, que el período de prueba se extienda de tres a ocho meses, y la creación de la figura del trabajador independiente que queda fuera del Convenio”, entre otros reclamos.
