El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en su habitual conferencia de prensa diaria de este lunes que el Gobierno revisará el registro de usuarios de cannabis medicinal, activo desde 2021 bajo la órbita del Ministerio de Salud, por supuestas irregularidades en la aprobación de solicitudes.
“Se comenzaron a revisar los requisitos de inscripción al Registro de Productores de Cannabis, popularmente conocido como Reprocann, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica”, fue todo lo que dijo el funcionario, mientras describía una serie de supuestas irregularidades de la gestión anterior detectadas en el Ministerio de Salud. Horas más tarde, en un comunicado oficial, el Gobierno agregó a lo ya dicho que se trata de “solicitudes de inscripción de manera muy laxa”, que “desvirtúan el espíritu” de la ley de cannabis medicinal.
El destino del Reprocann, que a cifras del año pasado tenía cerca de 250.000 usuarios autorizados para cultivar cannabis con fines terapéuticos, era una incógnita desde el 9 de diciembre, último día de la gestión de Carla Vizzotti al frente de la cartera sanitaria nacional.
Es la primera vez que el gobierno de Javier Milei menciona al registro en lo que va de su administración y es el segundo gesto de acción en pocos días. El viernes pasado, el secretario de Calidad en Salud nacional, Leonardo Oscar Busso, mantuvo una primera reunión con el Consejo Consultivo del Reprocann, conformado por organizaciones cannábicas sin fines de lucro inscriptas en el registro.
Busso, pediatra, les aseguró a las ONG’s que el Reprocann va a continuar pero advirtió que están pensando en mejorar los controles y la fluidez de los trámites, que en algunos momentos de la gestión pasada llegó a demorar hasta tres o cuatro meses. Consideró importante no sólo que se mejore el registro a nivel tecnológico sino que, explicó, desde Salud piensan que hay que limitar la inscripción a determinadas patologías, particularmente sobre las que existe evidencia científica de los beneficios del uso del cannabis.
Los representantes de las organizaciones escucharon lo que no querían escuchar y tuvieron que retomar los conceptos básicos que el activismo cannábico repitió insistentemente durante los debates en el Congreso de la Nación mientras se trató la ley de cannabis medicinal, entre 2015 y 2017, que es que hay evidencias empíricas y testimoniales con seguimiento médico sobre las mejoras en la calidad de vida de los pacientes gracias al cannabis.
Por caso, si bien no hay “evidencia científica” del efecto positivo del cannabis en pacientes oncológicos, o en personas con artrosis, reuma, Parkinson, y hasta incluso con enfermedades de salud mental como estrés, angustia o bruxismo, sobran las historias, testimonios e investigaciones en desarrollo sobre lo bien que les ha resultado la planta de marihuana en sus tratamientos.
Según fuentes que participaron de la reunión, el funcionario se mostró receptivo de estas consideraciones y más de un integrante de las ONG interpretó que existen chances de que el gobierno revise si tiene sentido limitar los permisos a patologías con evidencia científica, que, además, son muy pocas. Infobae se comunicó con los voceros del Ministerio de Salud pero no recibió respuesta sobre el tema.
Originalmente, la ley 27.350, aprobada en 2017 durante el gobierno de Macri, nació como letra muerta. Una de las razones fue que su reglamentación restringía el uso y cultivo de cannabis a investigación científica y desarrollo y permitía que apenas los niños con epilepsia refractaria recibieran tratamientos con la planta sólo a fines investigativos.
Fue algo por lo que el colectivo cannábico siguió militando hasta que en el gobierno de Alberto Fernández, primero Ginés González García y luego Carla Vizzotti, cambiaron la reglamentación de la ley y crearon el Reprocann, a través del cual cualquier persona puede cultivar hasta 9 plantas en su casa o acceder a ésta siempre y cuando un médico dé su consentimiento y lo indique en una declaración jurada presentada ante el ministerio de Salud. Es decir, con esa reglamentación, no importa la patología sino que el médico considere útil el uso de cannabis. Las ONG pueden seguir un trámite similar.
El permiso tenía originalmente una validez de un año y en 2023 se amplió a tres, también como resultado de reuniones con el Consejo Consultivo, donde habían propuesto estirar la vigencia cuando los usuarios empezaron a notar que renovar el trámite demandaba tres meses, durante los cuales, si tenían plantas en sus casas, quedaban expuestos ante la ley penal de drogas.
En el encuentro del Consejo Consultivo, Busso les dijo que el sistema de aprobación estaba colapsado debido a la alta demanda. Y explicó que al Gobierno le llamó la atención la concentración de altas cantidades de solicitudes en pocos profesionales tanto de la salud (algunos médicos con más de 15 mil casos, y que por cada consulta cobran cerca de 20 mil pesos) como abogados (para los casos de ONG), y hasta indicó que se concentra más de un 50% de las solicitudes en apenas tres estudios jurídicos.
Por eso el funcionario explicó que se está evaluando la implementación de filtros para priorizar y agilizar casos de usuarios con patologías con mayor necesidad, relevancia o urgencia. Sobre las irregularidades, detectó que hay una gran cantidad de casos de ansiedad, bruxismo o fracturas, y que para esos están pensando en autorizaciones temporales y no de tres años, pero no explicó por qué para habría de darles un permiso temporario. Para las ONG’s, en tanto, estarían pensando en nuevos requisitos y análisis complementarios, para evitar lo que ellos consideran una excesiva proliferación de organizaciones que funcionan como “clubes de cultivo”.
Los representantes de las organizaciones les manifestaron que están satisfechos con el Reprocann tal cual existe ahora, sobre todo porque ha ayudado a mejorar la calidad de vida de muchas personas y le remarcaron que son las ONG las que funcionaron como puente para que los usuarios tengan acceso a la sustancia a través de los cultivos solidarios.
Uno de los integrantes de la mesa sugirió que mejoren el filtro de los médicos que prescriben y que se limite a profesionales de la salud que se hayan especializado en el sistema endocannabinoide.
Las ONG -entre las que participaron, de todo el país, estaban Yungannabis, Vida Mejor, Madres Cultivadoras Argentinas– fueron tajantes con la cuestión de limitar a patologías con “evidencia científica” e invitaron al Ministerio a evaluar si hubo impacto negativo en los usuarios autorizados. “Nosotros no tenemos registro ni de un solo caso”, le advirtieron en la charla con Busso y su equipo, que describieron a Infobae como “cordial y amena”.
“Nos vamos con señales preocupantes sobre la ralentización en el acceso a la salud y a un marco legal efectivo que respalde a los usuarios y evite gastos innecesarios del Estado en causas penales relacionadas con el tratamiento o el uso genuino de cannabis”, advirtieron a este medio.
“Dar de baja del programa a personas con diagnóstico laxo es una crueldad. Nosotros decidimos acompañar a las personas que lo necesitan para que tengan un marco legal y no tengan complicaciones con la ley penal. Lo de este Gobierno es ideológico porque no ahorran un mango si lo hacen”, analizó ante la consulta de Infobae una de las personas de máxima responsabilidad en la implementación del Reprocann durante el gobierno anterior.
“Gracias a esta ley, miles de personas hoy cultivan su terapia legalmente, otras miles cultivan legalmente para otras tantas que no pueden hacerlo, en un círculo virtuoso de comunidad y solidaridad. Hoy hay diplomaturas en todo el país, dispositivos de acompañamiento, investigación, hay un sistema de salud que cada vez más se abre a las posibilidades terapéuticas de esta planta”, consideró Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, después de escuchar el anuncio de Adorni.
También fue crítico el empresario Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, que reúne a gran parte del incipiente sector productivo. “Volver a debatir sobre qué patologías sí y cuáles no, cuestionando la vastísima evidencia científica, es regresivo. Estoy ciento por ciento de acuerdo en que hay un montón de cuestiones que ordenar respecto del Reprocann, que se debe fiscalizar para evitar excesos, que se debe optimizar el funcionamiento de las ONG y las asociaciones para que cumplan el rol que la ley les asigna, no haya desvíos y que se exijan dispositivos clínicos. Pero siempre la mirada tiene que estar puesta en el futuro, en la ampliación de derechos. Ni un paso atrás con eso”, comentó.
