(Desde Montevideo, Uruguay) – La Intendencia de Maldonado, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial de ese departamento acordaron un protocolo para comenzar a aplicar la Ley de Vagancia, vigente desde 1941 pero que está en desuso en Uruguay. La propuesta llegó a pedido de la Cámara Empresarial y es un planteo para mejorar la seguridad en una zona clave para el turismo del país.
Esta ley establece que las personas mayores de 21 años pueden ser declaradas en “estado peligroso” cuando su conducta y su “estado psicológico y moral” evidencian que representan un “peligro social”, según el texto de la normativa. Y detalla a varias personas que pueden ser declaradas de esa manera: los “vagos”, “mendigos”, “ebrios y toxicómanos habituales” y los “proxenetas”.
Los “vagos”, según la norma, son aquellos que “no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entregan a la ociosidad”. Los mendigos, en tanto, son quienes son “aptos para el trabajo” y se dedican a “mendigar públicamente”.
En el marco de un nuevo rol que tienen los fiscales en Uruguay y a pedido expreso de la Cámara Empresarial de Maldonado, los actores sociales del departamento trabajaron en un protocolo para poder aplicar la normativa en las calles del departamento, informó el noticiero Telemundo.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, explicó que el protocolo tiene el objetivo de brindar pautas de actuación para todas las partes y que la Policía interviene en todos los casos.
“Maldonado es un polo de atracción de muchísimas personas que luego no trabajan, y eso es así y está comprobado porque en Maldonado también trabajan muchos extranjeros. Entonces nos preguntamos por qué los de acá no quieren trabajar o no trabajan”, aseguró Graziuso.
“Es un dato objetivo de la realidad, y redunda toda esta prevención en beneficio de todos, aun de esas personas porque la Ley de Vagancia es una forma de obligar a una resocialización”, aseguró.
El protocolo aprobado establece que, ante una denuncia, la Policía deberá detener al responsable del disturbio y trasladarlo en caso de ser necesario. Deberá avisarle al juez y a un fiscal y, si ellos deciden liberarlo, notificará al Ministerio de Desarrollo Social.
Los jueces y fiscales, dice el protocolo, deben iniciar una investigación y evaluar las medidas a tomar. Si constatan que hay una ocupación de los espacios públicos, deben hacer la denuncia en la intendencia correspondiente.
Las intendencias, ante un hecho que afecte el orden público, deben hacer una inspección, deben intimar en caso de ser necesario y denunciar en la Policía si hay desacato.
Esta Ley de Vagancia ha sido históricamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, por considerarla discriminatoria y que viola los derechos humanos.
En el verano de 2012, la ley fue objeto de controversia en Punta del Este. En la temporada alta, la Policía había reforzado la vigilancia y aplicó la ley para retener a personas consideradas sospechosas. En esa ocasión, los funcionarios decidían expulsar a las personas que no podían demostrar que estaban en la zona por trabajo u otro motivo que las autoridades consideran válido.
Ese verano, el entonces jefe de Policía de Maldonado, Juan Daniel Balbis, defendió la actuación de la policía en declaraciones con BBC Mundo. “El Parlamento aprobó la ley de vagancia en 1941 y nunca fue derogada”, aseguró.
La aplicación de la ley cayó en desuso durante muchos años, pero se volvió a utilizar ante el aumento de la inseguridad. Balbis destacó que su uso era para prevenir y no “reprimir” la delincuencia y destacó que los detenidos tienen “plenas garantías”.
La discusión de la aplicación de la ley se retomó meses atrás cuando empresarios de Rocha (otro de los destinos turísticos principales de Uruguay) se reunieron con el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para conocer el plan de cara a la próxima temporada.
La presidenta de la Corporación Rochense de Turismo –la gremial que reúne a los empresarios de la zona– declaró que le pedirían a Fiscalía que se aplique la ley. “Sabemos que se aplicó en Punta del Este y Maldonado, y funcionó”, destacó entonces.
