El presidente de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem (La Rioja), manifestó este domingo que la restitución del Impuesto a las Ganancias “irá en otra etapa” y no estará atada al debate de la recortada Ley Ómnibus, que aún demora el Ejecutivo y el Congreso espera para los próximos días.
“Creo que va a ir en otra etapa”, señaló Menem al ser consultado antes de ingresar al evento de pre afiliación de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, un evento fomentado por la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Javier Milei.
De esta manera, el titular de la Cámara baja se diferenció del ministro del Interior, Guillermo Francos, que más temprano contó sobre las negociaciones avanzadas con mandatarios provinciales del ex Juntos por el Cambio para reinstaurar el tributo vía Congreso, con un piso de entre $1.500.000 y $2.000.000.
Según los cálculos del oficialismo, que comenzaron a entrar en duda en los últimos días, la renovada ley de “bases” buscará ser aprobada a finales del corriente mes en Diputados, para tener luego un mes de discusión en el Senado y quedar sancionada antes de la eventual firma del Pacto de Mayo que propuso Milei a los gobernadores. A pesar de las intenciones, dicho objetivo se encuentra aún lejano.
Una de las preocupaciones principales en despachos oficialistas es la falta de sincronización con los funcionarios nacionales que negocian con bloques autodenominados “dialoguistas” con la Casa Rosada. “No nos enteramos lo que discuten con gobernadores. Tampoco con legisladores. Nos actualizamos con los medios o si algún colega comenta en privado. ¿Así van a querer aprobar la ley?”, alertó un libertario a Infobae.
En el Senado ocurre algo similar. Incluso, hay alerta por las contradicciones entre la iniciativa original y la esquilada. Semanas atrás, un experimentado legislador confió a Infobae: “Desde acá ya vimos lo que ocurrió el mes pasado y hay voluntad de dejar eso atrás. Ahora, bien, ¿cómo se explica que el Gobierno de Milei muestre un borrador de la nueva Ley Ómnibus y, en su artículo 1, ya tengamos contradicciones entre las emergencias que solicitan y las emergencias que están vigentes en el mega DNU? Sólo pedimos un poco más de sentido común”, manifestó un legislador top de la oposición no kirchnerista.
El mega DNU establece, en su primer artículo, la declaración de “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″. Es decir, ocho. En tanto, el borrador de la iniciativa -también llamada de “bases”- impone cuatro: administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. La diferencia es que, sobre las últimas, el Ejecutivo reclama la delegación de facultades, un tema urticante para algunos sectores que se auto perciben “dialoguistas”.
Otro tema jugoso y que expuso a una parte de la oposición, durante el debate de la primera ley en Diputados, fue el de los fondos fiduciarios. “Se entiende que ahora los quieran eliminar. De esta manera, se evitaría repetir el papelón del verano por los intereses que aparecieron en pleno recinto. El problema es que no queda claro en el artículo quinto si vuelven al Tesoro. Tendría que ir a coparticipación. Si no, le dejamos una montaña de plata al Ejecutivo para que convierta eso en los nuevos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para negociar con las provincias de manera bilateral. Hay ejemplos de los últimos años que no fueron vistos por ninguna de las anteriores gestiones. Y, sobre los mismos, se hizo cualquier cosa”, expresaron desde otra bancada opositora.
Según informó este medio durante el fin de semana, el artículo 71 de la nueva redacción es “imposible de votar” para los integrantes de Hacemos Coalición Federal en la Cámara baja, por ser demasiado amplio e indeterminado. “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”, dice el texto del borrador.
Por otro lado, hicieron algunos señalamientos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El “RIGI” implica beneficios impositivos y también excepciones en materia cambiaria para proyectos de inversión en áreas estratégicas. Las inversiones que se desarrollen dentro de este marco serán consideradas de “interés nacional” para garantizar su protección.
