Las cárceles iraníes se han convertido en auténticos “campos de la muerte”, con al menos 853 ejecuciones en 2023, más de la mitad relacionadas con delitos de droga, según denunció este jueves Amnistía Internacional.
El número de ejecuciones en 2023 es el más elevado desde 2015 y marca un aumento del 48% comparado con 2022 y del 172% respecto a 2021, indicó la ONG con sede en Londres e hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar medidas y poner fin a esta “horrible” serie de ejecuciones.
Sólo en lo que va de 2024, se han contabilizado 95 ejecuciones, añadió el comunicado de Amnistía Internacional.
Las autoridades iraníes “persistieron en su oleada de asesinatos autorizada por el Estado que ha transformado las cárceles en campos de la muerte”, dijo la organización en el informe.
Irán se vio sacudido por una serie de manifestaciones durante meses tras la muerte en septiembre de 2022 de la joven kurda iraní Mahsa Amini, fallecida tras ser detenida por no llevar correctamente el velo. Irán ya ejecutó a nueve personas en relación con estas protestas, pero los grupos de defensa de los derechos humanos temen que las autoridades utilicen la pena capital en todos los delitos para inculcar el miedo.
“Las autoridades iraníes reforzaron la pena de muerte para propagar el miedo en la población y reforzar el control del poder, tras el movimiento de revuelta ‘Mujer, Vida, Libertad’”, acusó Amnistía. “Sin una reacción mundial firme, las autoridades iraníes se sentirán autorizadas a ejecutar a otras miles de personas en los próximos años, con total impunidad”, declaró Diana Eltahawy, directora adjunta de la ONG para Medio Oriente, citada en el texto.
Amnistía Internacional, además de alertar sobre el “sorprendente aumento” de las ejecuciones relacionadas con los estupefacientes, denuncia que entre las personas ajusticiadas figuran “opositores y miembros de las minorías étnicas oprimidas”.
Las ejecuciones en Irán se llevan a cabo normalmente por ahorcamiento en las cárceles, y a veces en público.
Entre las personas ejecutadas figura Hamidreza Azari, de 17 años, ahorcado en noviembre en la provincia de Razavi Khorasan tras ser declarado culpable de un apuñalamiento mortal cometido en 2023 cuando tenía 16 años. Los medios de comunicación estatales “tergiversaron” su edad, que era de 18 años, para “eludir la rendición de cuentas”, afirmó Amnistía, que añadió que había revisado su partida de nacimiento.
El informe añadió también que la minoría sunita baluch, concentrada en el sureste del país, está siendo objeto de ataques desproporcionados. Esta minoría “constituye sólo el 5 por ciento de la población iraní, pero fue objeto del 20 por ciento de todas las ejecuciones de 2023″, señaló el texto.
Además, Amnistía señaló que el nuevo aumento de las ejecuciones por delitos de drogas es especialmente preocupante. La legislación iraní contra los estupefacientes se modificó en 2017 y las ejecuciones por este tipo de delitos disminuyeron en 2018 y 2020 antes de repuntar drásticamente el año pasado.
“La pena de muerte es aborrecible en cualquier circunstancia, pero desplegarla a escala masiva por delitos relacionados con las drogas tras juicios manifiestamente injustos ante los Tribunales Revolucionarios es un grotesco abuso de poder”, afirmó Eltahawy.
Las políticas antidroga de Irán, para Eltahawy, “contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas” del país.
Amnistía Internacional reclamó “medidas internacionales contundentes” para detener las ejecuciones en el país asiático, que en su mayor parte (el 61 %) son dictadas por los tribunales revolucionarios. Estos, de acuerdo con la ONG, “operan bajo la influencia de los organismos de seguridad e inteligencia y, para dictar sentencias condenatorias, utilizan habitualmente ‘confesiones’ forzadas obtenidas mediante tortura”.
(Con información de AFP y EFE)
