Una red de trata laboral que sometía a 15 personas en condiciones inhumanas para que realizaran trabajos rurales fue desarticulada en la localidad de San Patricio del Chañar, ubicada en Neuquén. Según informaron los investigadores, los trabajadores se desempeñaban como recolectores de peras y manzanas durante una extensa jornada laboral y vivían en una casa que no contaba con los servicios básicos.
La Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGSESO), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), detectó un campo que era destinado para la producción de frutas y que contaba con una quincena de trabajadores no registrados. Luego de que se realizaran varias tareas de fiscalización y control en el lugar, la Justicia Federal ordenó que se realizara un allanamiento ante las sospechas de que se tratara de un caso de explotación laboral.
De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, los agentes de la AFIP descubrieron que las 15 personas laboraban en condiciones precarias, debido a que habitaban una casa abandonada que no contaba con cocina, gas, ni agua. De hecho, precisaron que solo contaban con una lámpara que utilizaban para iluminarse durante la noche.
De la misma forma, el personal de Seguridad Social, los miembros del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Secretaría de Trabajo de Neuquén y las fuerzas federales confirmaron que los 15 empleados se encontraban en una situación irregular. Asimismo, indicaron que éstos se dedicaban a recolectar los frutos durante extensas jornadas laborales y que no contaban con descansos los fines de semana.
Luego de que se confirmara que se trataba de un caso de explotación laboral, el Juzgado Federal de Neuquén abrió una causa penal por “trata de personas con fines de explotación laboral” en contra de los responsables detrás de la red. En paralelo, intervinieron los agentes de la Prefectura Naval Argentina y del Centro de Atención a la Víctima (CAV), con el objetivo de brindar contención a los afectados.
Incluso, los agentes de la AFIP recordaron que se encuentra disponible la línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar presuntos casos de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares. Además, los hechos de ésta índole también podrán denunciarse vía el mail tratalaboral@afip.gob.ar.
El rescate de los 15 trabajadores explotados ocurrió casi dos semanas después de que la Prefectura Naval liberara a otras cinco personas que habrían sido víctimas de explotación laboral en una vivienda que se ubicaba en la misma localidad neuquina. Según detallaron los efectivos, el domicilio en el que se encontraban alojadas las supuestas víctimas presentaba condiciones irregulares de habitabilidad, sumado al secuestro de un arma de fuego junto a cartuchos y municiones.
El allanamiento se realizó el pasado 25 de marzo, en el marco de una investigación motivada por la Delegación de Inteligencia de Investigación Criminal de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue. Después de que se recabaran las pruebas necesarias para sospechar de que se trataba de una caso de trata de personas, el juez Gustavo Villanueva, titular del Juzgado Federal N° de Neuquén, autorizó a que se realizara el procedimiento por pedido de la fiscal Vanesa Rebolledo Venencio.
Hasta el momento, la causa solamente cuenta con una persona imputada por presunta participación en el delito. Sin embargo, no se determinaron cuáles eran las actividades a las que las personas rescatadas habrían sido obligadas a cumplir.
Previo a esto, a mediados de enero la Brigada de DUOF San Rafael de la Policía Federal concretó un operativo de rescate de 92 personas que vivían en condiciones precarias en galpones y habitaciones que se ubicaban dentro del predio de la finca “El Chacay”, cerca de la localidad de Malargüe, Mendoza.
En este caso, las autoridades sospechaban sobre la presunta comisión del delito de trata laboral producto de varias denuncias que recibieron sobre el establecimiento dedicado a la cosecha de ajos. Frente a esto, se inició una investigación en noviembre del año pasado que arrojó que en el lugar había menores de edad y personas viviendo en condiciones indignas.
De acuerdo a los testimonios de las víctimas que recolectaron, varias de ellas aseguraron que vivían en espacios reducidos, dormían en el suelo o en camas improvisadas con pallets. Además, se descubrió que casi ninguno de los presentes estaba registrado oficialmente, incluyendo a algunos de nacionalidad extranjera sin la documentación migratoria adecuada.
Como resultado, se detuvo a los cuatro hombres responsables de la administración del lugar. También se incautaron una CPU, una computadora portátil, cuatro celulares y documentación relevante para la investigación. Estas acciones fueron iniciadas por el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Eduardo Puigdéngolas, y la Secretaría Penal dirigida por el Dr. Carlos Boldrini.
