Los dirigentes piqueteros y de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se reúnen una vez más para definir la nueva protesta contra el Gobierno. Reclaman por alimentos para los comedores y merenderos comunitarios, bajas en el Potenciar Trabajo y despidos en el Estado. Ya definieron que la nueva marcha nacional será el 10 de abril, mientras que para este miércoles determinarán en qué punto se concentrarán. Las opciones son Plaza de Mayo; el Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, ubicado a menos de cien metros de la Casa Rosada; o el de Capital Humano, al frente de Sandra Pettovello.
La semana pasada, un sector de la UTEP propuso cortar durante el fin de semana XXL los principales accesos a los centros turísticos, pero fue rechazada por la mayoría de los dirigentes.
Entre la dirigencia de la economía popular debaten el cambio de paradigma que logró imponer el gobierno de Javier Milei: no ceder a las presiones de los movimientos sociales en las calles; aplicar el Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; capitalizar el descontento que genera en los ciudadanos las marchas piqueteras y exponer a la “casta” política o dirigencial. Es más, llamó “gerentes” e “intermediarios de la pobreza” a los líderes de los piqueteros de izquierda y de la UTEP.
Públicamente, desde el Gobierno se afirma que por terminar con la “intermediación” que Alberto Fernández realizaba con dirigentes del Evita, como Emilio Pérsico -qué era funcionario- en los planes y alimentos, los movimientos sociales protestan contra la política económica y social de La Libertad Avanza.
Desde la Casa Rosada además informan que los movimientos sociales sólo rendían el 8% de los alimentos secos que recibían por parte del Estado. Y el 55% de los comedores que fueron “no existen”. Y que algunas obras barriales que se debían realizar con los fondos de Integración Socio Urbana (FISU) quedaron inconclusas. Ese programa estaba a cargo de Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Los dirigentes sociales responden de forma aislada a estas acusaciones. El más enfático es Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y referente del MTE.
“Hubo una campaña bastante evidente, fundamentalmente contra el Fondo (de Integración Socio Urbana) donde aparecía mi nombre. Después me doy cuenta de que la finalidad de la campaña de desprestigio era manotear la plata que iba para las obras en los barrios populares y ponerla en otra cosa que no se sabe muy bien qué es”, declaró el también líder del Frente Patria Grande. Y agregó: “Esos fondos van a ser administrados por (el ministro de Economía, Luis) Caputo en algo que no sabemos muy bien qué quiere decir. Hay un correlato entre el hacinamiento, el abandono de los barrios y la criminalidad”.
Grabois también alertó que desde el Gobierno “están poniendo en riesgo la vida de millones de pibes de manera directa por el impacto de haber retirado los alimentos de los comedores comunitarios, sumado a que no envían los fondos para los comedores escolares, parece que hay una guerra contra los pobres”. Y finalizó: “El problema estructural de la pobreza no lo va a resolver ninguna política asistencial, ni de integración urbana, ni de transferencia de ingresos, porque es un problema de la macroeconomía”.
En lo que parece ser una guerra abierta contra los movimientos sociales, el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció un nuevo golpe contra los dirigentes de la economía popular: “Se van a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se van a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019, y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”. Denominó a las cooperativas como una “caja política”.
Demostrar masividad
El principal objetivo de la marcha del miércoles 10 será demostrarle al Gobierno que los piqueteros aún conservan poder de movilización. Por eso se concentrarán en un solo punto y no en cinco, como lo hicieron el 18 de marzo. Ese día cortaron varios accesos a CABA, como los puentes Pueyrredón y Saavedra e intersecciones como Ruta 3 y General Paz o en la Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros. La intención será mostrar “masividad” y unidad entre piqueteros de izquierda y de la UTEP.
Nahuel Orellana, referente del MST Teresa Vive, señaló en diálogo con Infobae: “Este fin de semana estuvimos a la expectativa de cómo se iban desarrollando los despidos en el Estado que había anunciado el gobierno. Empezamos a dialogar con distintos sectores para ver si el 10 de abril puede ser una jornada mucho más amplia. No sólo contra el hambre, que es la pelea que venimos dando desde las organizaciones sociales, sino contra los despidos también”.
En tanto, el dirigente social expresó: “Tenemos que dar una pelea en conjunto, entre trabajadores ocupados y desocupados contra el plan del gobierno de Milei, que viene a hundir en la miseria a las mayorías populares. Ante eso, nos parece que hay que salir en una gran jornada el 10 con la mayor unidad porque tenemos que visibilizar todos los reclamos: del hambre, las jubilaciones, los despidos, los reclamos de los trabajadores de la salud y la educación. Planteando ‘Basta de Milei’. Basta de este ajuste. Basta de represión y que la CGT deje de dormir la siesta”.
Los piqueteros tienen en claro que al menos en estos momentos de fortaleza, el Gobierno de Milei no se sentará a negociar con ellos, como sí lo hizo el de Mauricio Macri, a través de la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.
En este momento, entre la dirigencia piquetera prima la confianza. Reconocen que por ahora hay desmovilización de los propios sectores afectados por la política de la motosierra aplicada por Milei, pero especulan que con el correr de las semanas eso se modificará.
De hecho, analizaron como auspiciosa la reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al llamar a un paro nacional por los despidos en la administración nacional para mañana, que incluirá asambleas y movilizaciones en todo el país.
Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE también aseguró: “Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”.
