Legisladores oficialistas y opositores, media docena de gobernadores y empresarios de primera línea, pudieron escuchar en directo la advertencia sobre el malestar de la Justicia frente a los conflictos de la política que no resuelve la propia política. Se trata de un mensaje que circulaba informalmente y que era previsible por antecedentes de sobra. La diferencia es que ahora acaba de exponerlo Horacio Rosatti. El implícito es la cantidad de recursos y demandas en respuesta al mega DNU y a los recortes de transferencias de fondos a las provincias. Y el tema, por supuesto, acumula material para el debate sobre el juego judicial.
Las definiciones del presidente de la Corte Suprema llegaron en momentos que, además, el DNU puede escribir un capítulo fuerte en el Congreso, aun sin significar la caída del decreto. El discurso de Rosatti y lo que pueda ocurrir mañana en el Senado confluyen de hecho como elementos de presión sobre las tratativas para cerrar un acuerdo básico entre el Gobierno, buena parte de los jefes provinciales y la llamada oposición dialoguista. Si finalmente es sellado, marcaría márgenes legales para las reformas que plantea Javier Milei y resolvería en parte el costado fiscal de la disputa que sumó capítulos en los tribunales.
“No se cumple con la seguridad jurídica y se la desafía cuando se judicializan cuestiones que tienen que ser resueltas por la política”, afirmó Rosatti al hablar en el tradicional encuentro organizado por la AmCham. Los dichos y el escenario garantizaban impacto. “El juez no está para reemplazar a la política”, completó.
Las definiciones apuntaron centralmente al efecto de resoluciones que no logran afirmarse por sí mismas -es decir, por el tipo de instrumento y sus limitaciones- o por la falta de sustento político. El problema, visto desde la otra vereda, tiene dos aspectos centrales. El primero, según se repite en medios políticos, es que en algunos casos el punto es estrictamente de interpretación constitucional, es decir, materia indiscutida de la Corte. Y el segundo, son los largos procesos judiciales, al punto de prolongar en lugar de despejar incertidumbres.
Con todo, y más allá de alguna interpretación apresurada, el mensaje no pareció en línea con el concepto de “cronoterapia”, definición ácida dejada hace veinte años por Carlos Fayt para describir el modo de enfriar apuros y operaciones desde el poder político para volcar a la Corte en algunos de los tantos conflictos judicializados. Las frases de Rosatti podrían ser interpretadas como una recreación de advertencias para desmontar presiones hacia la Justicia, en un cuadro novedoso y hasta extraño, pintado por la sucesión de elecciones del año pasado: un presidente con impactante respaldo en el balotaje, pero con escaso peso legislativo y sin poder territorial.
En la práctica, y más allá de miradas críticas sobre el papel de la Justicia, el señalamiento del presidente de la Corte añadió un ingrediente particular a la expectativa, incluso en la platea empresarial, frente a la marcha real de las negociaciones abiertas por la convocatoria presidencial al “Pacto de Mayo” pero antes, y como condición, a un entendimiento que incluya alivio fiscal para las provincias y aprobación de una versión acotada de la Ley Ómnibus.
A la par de los contactos con los gobernadores -y las conversaciones más finas entre funcionarios de la Nación y de las provincias-, siguieron las conversaciones entre Guillermo Francos y jefes de los bloques “dialoguistas”, además del PRO, considerado aliado de hecho. Eso no supone, de todos modos, la superación de tensiones en el Congreso.
La semana arrancó con el agregado del tema de seguridad, como reflejo de la respuesta nacional y de Santa Fe a la escalada de violencia narco en Rosario. Y asoman otros temas intensos. Este miércoles, se verá el alcance de la movida opositora para abrir el debate sobre un nuevo sistema de actualización de las jubilaciones. Es un tema que descoloca al PRO y genera conflicto en la UCR. Pero sería la comprobación de la gravitación de este punto en las negociaciones para intentar un acuerdo político.
Más inquietud, además de versiones cruzadas, alimenta la sesión del jueves en el Senado, con el DNU otra vez en el foco. Habrá que ver qué ocurre en la reunión previa de Labor Parlamentaria. En cualquier caso, resulta llamativa la repuesta especulación sobre una jugada para dejar que se vote en contra del mega decreto como parte de una estrategia de confrontación con el Congreso.
Es sabido que para voltear un DNU resulta necesario el rechazo de las dos cámaras del Congreso. Así es como resultado de una maniobra de Cristina Fernández de Kirchner, cuando desde su banca jugaba fuerte para asegurarle poder a Néstor Kirchner. El panorama en Diputados es más complejo que en el Senado, donde la ofensiva del peronismo/kirchnerismo tiene más chances reales. Pero una votación en contra impactaría de manera negativa, aunque quedara a mitad de camino.
El supuesto de una nueva carga en caso de derrota en el Senado comprometería la negociación que mostró una postal del encuentro Nicolás Posse y Francos con los gobernadores -en algunos casos, vice- y el jefe de Gobierno porteño. La cuerda volvería a tensarse no sólo en el Senado, sino especialmente en Diputados.
El oficialismo ya registró además los mensajes del frente externo. El planteo más abierto lo hizo el FMI, con énfasis en la necesidad de sostén político y social para la gestión económica y las reformas de mayor magnitud, sin descuidar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En el circuito empresarial, la expectativa va en paralelo con la renovada demanda de “certidumbre”. Y el presidente de la Corte se encargó de añadir que la solución -seguridad jurídica- no pasa por la Justicia, sino por la política.
