La persecución a opositores y críticos del régimen de Nicolás Maduro trascendió las fronteras de la Venezuela y despertó preocupación en el seno de la Justicia Argentina. El integrante del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, manifestó su preocupación por las órdenes de detención que emitió el Poder Judicial venezolano contra magistrados y funcionarios argentinos.
Lo hizo a través de una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, en la que deja sentado que los argumentos que utilizó el poder en Caracas son débiles, manipulados, y dejan de manifiesto la voluntad de perseguir a todo aquel que repare en una revisión crítica de los acontecimientos que ocurren en aquel país.
“Tengo el honor de dirigirme a Ud. en mi carácter de Consejero de la Magistratura de la Nación -en representación del Poder Ejecutivo Nacional-, con el objeto de hacerle llegar mi más profunda preocupación con la decisión adoptada por el Ministerio Público del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de emitir pedidos de captura internacional de diversos magistrados, fiscales y funcionarios argentinos”, indicó en su misiva Amerio.
En efecto, régimen venezolano dictó en las últimas semanas una serie de acusaciones y pedidos de captura contra funcionarios argentinos, entre los que incluyó la pretensión de detener al presidente Javier Milei. La misma pretensión abarcó a la secretaria general de la presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Los supuestos cargos planteados por el ministerio Público Fiscal del chavismo hablan de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, e interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil entre otros. Aluden a la causa que implica el conflicto por el avión de Emtrasur, que permaneció en el país denunciado por irregularidades incluso antes de la llegada al poder de la gestión de La Libertad Avanza.
“Respecto de los magistrados, cabe destacar que esa medida se vincula con su sola intervención en diversos expedientes que tramitan o han tramitado ante la justicia federal de nuestro país, en el marco de sus competencias materiales y funcionales”, advirtió el integrante del Consejo de la Magistratura en la carta que le envió a Rosatti este lunes 7 de octubre.
“Los pedidos de detención emitidos en su contra, basados en meras disconformidades, no hacen más que vulnerar los principios fundamentales del Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial, pilares esenciales de nuestra democracia”, alertó Amerio.
Al mismo tiempo, destacó que la forma en que el Gobierno de Venezuela manipula sus instituciones a su antojo “representa un desprecio manifiesto por los principios básicos de la democracia, el estado de derecho y la libertad”.
“El uso arbitrario de herramientas judiciales para perseguir opositores y funcionarios extranjeros demuestra a las claras la carencia institucional y democrática en la que se encuentra inmiscuido el estado venezolano, priorizando intereses políticos por sobre los valores de justicia y los estándares internacionales de legalidad”, subrayó.
Frente al avance judicial contra funcionarios argentinos, la respuesta de la administración de Milei fue cuestionar las causas, descalificando sus argumentos. “Es todo una ridiculez. Una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, cuando se conoció la medida judicial emitida por la Justicia en Caracas.
En paralelo, en la Justicia argentina también se tramitó una denuncia contra funcionarios que responden a la dictadura venezolana. Fue en el marco de una demanda presentada en Comodoro Py, atribuyendo al régimen un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones.
“La colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, sin más dilaciones, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria”, sentenció un fallo de la Cámara Federal Porteña.
