En su primera entrevista desde que es ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, apuntó contra los líderes de las organizaciones sociales por supuestas “irregularidades” en la compra y distribución de alimentos para los comedores que se llevaba a cabo en la anterior gestión: “Es abominable aprovechar la vulnerabilidad de la gente”.
La funcionaria de Javier Milei habló este domingo luego que el dirigente social, Juan Grabois, la denunciara penalmente acusándola de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no disponer de la entrega de alimentos en comedores comunitarios. “Saben que pasa con cada alimento que se reparte porque no reparten ninguno. La casta come todos los días, los pibes no”, manifestó el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en su cuenta de X.
En diálogo con LN+, Pettovello evitó responderle directamente a Grabois, pero señaló que “el problema” de los referentes sociales “es que les importa mucho el modo en el que se proyecta la política alimentaria y nosotros planificamos que sea de otra manera, de una manera que no les conviene quizás”. “Nosotros queremos transparencia, la única mediación que admitimos es la transparencia a través de organismos internacionales que auditan el dinero que nosotros les damos a las organizaciones”, agregó.
“Alguien, que sabe mucho del tema social, me comentó que compraban fideos de segunda o tercera calidad para la gente. Nosotros pensamos la política alimentaria de otro modo, que los chicos se puedan nutrir adecuadamente y que no se hagan negocios con los alimentos. Es abominable aprovechar la vulnerabilidad de la gente para hacer negocio”, continuó.
Pettovelló aclaró que no va a acusar a nadie, pero que el Ministerio está llevando a cabo auditorías: “De todo lo que fuimos encontrando hicimos las denuncias correspondientes. Cada uno sabrá lo que hace”.
En efecto, de acuerdo a los primeros resultados -a los que tuvo acceso Infobae- de una de las auditorías realizadas en Capital Humano sobresalen sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social -actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia – hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda, para que sus dirigentes distribuyan los alimentos a los comedores y merenderos que administran, pero no rendían cuentas sobre el destino final de las toneladas de alimentos que recibían.
Para la ministra, las personas vulnerables que forman parte de las organizaciones “tienen viciada la voluntad” y “no pueden decidir por sí mismos” porque “son extorsionados” por sus líderes.
“La gente entendió que no tiene que estar esclava de nadie. Hubo mucha desinformación. El dinero que se entrega es el dinero de los contribuyentes, no de los que organizan. La gente muchas veces piensa que le debe algo a ellos. Más allá de la extorsión, creo que hay un sentimiento de que ‘se le debe algo’. Esto pasaba también con los punteros. A veces hay extorsión o una devolución de la cual se aprovechan. Es peor aún”, analizó.
Pettovello defendió la eliminación del Potenciar Trabajo porque “el objetivo no se había cumplido”: “La gente que consiguió trabajo fue solo el 1,3%”. “De todo ese universo hay gente que tiene mayor vulnerabilidad y menos posibilidad de entrar al mundo laboral como madres de 4 hijos o personas de más de 50 años. Hay mucha gente con miedo de aceptar un trabajo, dejar el plan y quedarse sin nada”, planteó. En este marco, defendió avanzar en una nueva legislación laboral”. “La flexibilización parece una mala palabra pero no quiere decir ir en contra de los derechos de los trabajadores”, aclaró.
Sobre el recorte casi total del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que administran los movimientos sociales, que dispuso el Gobierno Nacional, la ministra nuevamente evitó “acusar” pero consideró que “es importante que la gente que trabaja como funcionario público tenga claro a qué se viene: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ser un servidor público. Cuando los objetivos son otros, van a ocurrir hechos de corrupción”, sintetizó.
