La Cooperativa 7 de Mayo apareció en escena al comienzo del escándalo por los seguros. Fue un hallazgo totalmente casual: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento y terminó descubriendo dos camionetas 4×4 registradas a nombre de esa firma. Esa pista expuso una red de contactos entre ex funcionarios de Nación Seguros y empresas aseguradoras. Infobae reveló en abril que la cooperativa acumulaba movimientos bancarios muy sospechosos. La Justicia analizó las cuentas y terminó confirmando un mecanismo de recaudación con pocos antecedentes.
Al menos dos aseguradoras investigadas por el juez Julián Ercolini figuran en las transferencias ingresadas a las cuentas de la Cooperativa 7 de Mayo. El dinero entraba a cambio de un supuesto servicio. En este caso, se hablaba de eventos gastronómicos. Para no despertar sospechas, la cooperativa emitía facturas por esos montos. Pero no había ningún catering.
Ante un requerimiento del juzgado, la empresa San Cristóbal Seguros, una de las cuatro coaseguradoras en la póliza de la ANSES, acaba de confirmar que “no han podido ser halladas constancias sobre la prestación de servicios gastronómicos y/o eventos por parte de la Cooperativa 7 de Mayo que puedan tener vinculación con las facturas emitidas y abonadas a dicho prestador”. La respuesta también fue girada al fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación patrimonial.
Ercolini le había preguntando a los dueños de San Cristóbal quién negoció los supuestos eventos, en qué locaciones y fechas se celebraron, por cuántos invitados se contrataron, cuál fue la metodología de selección de la Cooperativa, y además les pidió “material publicitario, fotográfico, fílmico, o correos electrónicos sobre los eventos”. No había nada.
La firma puso en marcha una auditoría interna y decidió culpar a un ex gerente. Pero el escándalo sigue creciendo.
El expediente de la causa seguros acumula varios informes bancarios y patrimoniales sobre la Cooperativa 7 de Mayo y sus dueños.
El Banco Patagonia informó que en una cuenta corriente de esa firma se movieron unos $340 millones. El 51% de ese dinero ingresó por transferencias y el 21% por rescate de fondos de inversión.
Los listados de transferencias de esa entidad revelaron el vínculo con algunas aseguradoras.
Si no hubo eventos ni catering, ¿para qué le pagaba San Cristóbal a 7 de Mayo? Los investigadores sospechan que se trataban de coimas porque la firma está muy vinculada a ex gerentes de Nación Seguros. “Nunca vi una cosa igual”, ironizó una fuente judicial que tiene mucha experiencia en casos de corrupción.
En febrero de 2024, la Cooperativa abrió otras 9 cuentas en el Banco Credicoop. Para hacerlo, informó que tenía franquicias de las marcas “Big Pizza” y “La Birrería”. Pero solo 2 de las 9 cuentas tuvieron acreditaciones netas por $80.693.180,
Apenas estalló el escándalo, la entidad y le pidió a la cooperativa toda documentación que respalde esas transferencias.
Los investigadores llegaron a la Cooperativa 7 de Mayo, a partir de un allanamiento a una de las sedes de la empresa San Ignacio, también involucrada en la póliza de la ANSES. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación.
Cuando la Policía fue a buscar las cámaras del estacionamiento donde se hizo la entrega, descubrió que las cajas habían llegado unos minutos antes en un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD. El seguimiento de ese auto terminó en la casa del empresario Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la Cooperativa. La Policía hizo tareas de inteligencia en ese domicilio y fotografió dos camionetas Jeep Commander. Cuando analizaron la documentación se dieron cuenta que una de ellas, patente AG351AO, tenía una cédula azul a favor de Mauro Tanos, un funcionario que venía de la gestión anterior pero había sido promovido a gerente general de Nación Seguros durante este gobierno.
El otro funcionario de Nación Seguros que perdió su puesto por el escándalo y tiene vínculos con los dueños de la Cooperativa es el ex gerente de compras, Marcos Eufemio. La Justicia detectó que era socio de Del Corro en una sociedad llamada “Smart Technology SRL” y que aparecía vinculado a la firma “Megaled Del Sur SRL”, donde aparecen Del Corro y Damián Gosso.
A partir de ese momento, el juez allanó la sede de la Cooperativa 7 de Mayo, en la calle Cervantes al 5300, y las propiedades de Del Corro, en un country de la localidad de Campana, de Damián Gosso, que aparece como secretario de la cooperativa y habría trabajado en la Legislatura porteña, y de Eufemio.
Del Corro llevó a los investigadores a otro auto de alta gama: un Mini Cooper dominio AG377TX, inscripto a nombre de la Cooperativa de Trabajo Irigoin. Esa firma se creó en 2022 y se inscribió al año siguiente ante la AFIP en el rubro “servicios relacionados con la saluda humana”. Por lo visto, era otra pantalla para esconder bienes de lujo.
La Cooperativa 7 de mayo, en cambio, se inscribió ante la AFIP para vender bebidas en bares y cervecerías. De hecho, era la dueña de la franquicia de “La Birreria”, que funcionaba en Honduras al 5500. El encargado de ese local era Alejandro Celes, que aparece en los registros del INAES como presidente de la firma.
Ese organismo oficial le había otorgado a los dueños de la Cooperativa un subsidio de $15 millones, tal como reveló el programa “La Ves”. El dinero ingresó a la cuenta el 24 de octubre de 2022. Una semana después, se esfumó a través de 16 cheques, según consta en un documento oficial al que tuvo acceso Infobae. “La Cooperativa no dio respuesta a la información acerca de a qué persona, humana o jurídica, se ha extendido cada uno de esos cheques”, admitió el INAES en mayo. Un mes después, tuvo que suspenderla ante la magnitud del escándalo.
El vínculo entre la cooperativa y las aseguradoras
San Cristóbal no es la única aseguradora que tuvo que dar explicaciones. Según pudo saber este medio, en los listados de transferencias también aparece Bri Brokers, una de las sociedades ligadas a Héctor Martínez Sosa, el broker amigo de Alberto Fernández y pareja de su secretaría histórica, María Cantero.
Bri Brokers se quedó con el contrato millonario de Corredores Viales a fines de 2021. Las negociaciones secretas para correr a la empresa Castello Mercuri quedaron expuestas en las charlas entre Martínez Sosa y Cantero, reveladas por Infobae el 2 de agosto pasado. “Me acaba de decir Kato (por Katopodis) q lo que le pediste de Corredores Viales ya está. Que cualquier cosa que lo llames”, le escribió Cantero a su pareja el 1 de julio de 2021.
A fin de ese año, efectivamente el contrato cambió de manos.
Hay otro chat revelador sobre la vinculación entre Martínez Sosa y Bri Brokers. “Corredores Viales la tiene Martínez Sosa?”, le preguntó el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano a Mauro Tanos. La respuesta revela cómo era el entramado: “La tiene Martinez Sosa, sí. No directamente porque la tiene BRI Brokers como productor y el organizador de BRI Brokers es Martinez Sosa. Asi que sí, es Martínez Sosa, técnicamente son ellos”.
El acuerdo se derrumbó tras el escándalo. El 11 de marzo de este año, el actual presidente de Corredores Viales, José Luis Acevedo, revocó la designación de Bri Brokers, es decir, de Martínez Sosa. “Dejo expresa constancia que esta acción reemplaza cualquier otra conferida con anterioridad a la firma de la presente, y que, a partir de la fecha, Corredores Viales SA no cuenta con ningún productor asesor designado”, dice esa nota.
Por ese contrato, el juez Ercolini embargó $51.891.434 de comisiones a Bri Brokers que todavía no se habían pagado. En realidad, son varias empresas afectadas por la misma situación que ahora están dando una batalla legal para recuperar esos fondos.
Bri Brokers también tuvo contratos con la Cámara de Diputados de la Nación, Vialidad Nacional, y el Ministerio de Desarrollo Social. En total, recibió $152.148.426 durante el gobierno de Alberto Fernández.
