El 1 de junio de 2023, cuando se terminaba una de las audiencias por el juicio contra 11 agentes de la Policía de la Ciudad acusados del crimen y el encubrimiento del futbolista juvenil Lucas González, Héctor Claudio Cuevas levantó la mano desde el banquillo de los acusados y les pidió a los jueces del Tribunal permiso para ampliar su declaración indagatoria: para sorpresa de casi todos contó cómo algunos de sus compañeros armaron la logística destinada a plantar un arma de juguete en el auto de los chicos para que el asesinato, ocurrido en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, se confundiera con un “enfrentamiento”.
En su relato, donde manifestó su terror porque tras la declaración pudieran matarlo en prisión o agarrárselas con su familia, Cuevas aportó un nombre nuevo al expediente. Aseguró que el oficial Facundo “Cachorro” Torres (26) fue quien facilitó el arma de utilería que luego otro policía -Gabriel Issasi, uno de los tres que fueron condenados a perpetua por el crimen- metió en el Volkswagen Suran en el que viajaba González -y tres amigos- cuando fue asesinado de un balazo en la cabeza.
Catorce meses después de la condena a casi una decena de agentes, la Justicia lleva a juicio al último de los policías en caer. El señalado por Cuevas.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de CABA comenzó el viernes pasado con el debate oral en el que el agente, que operaba en la Comisaría Vecinal 4D, está acusado de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas. Y de ser hallado culpable podría pasar hasta seis años en prisión.
Las pruebas contra Torres, que el viernes se negó a declarar, son contundentes. Está reconstruido con cámaras de seguridad callejeras todo el recorrido que hizo entre la comisaría y el lugar donde terminaron los chicos tras ser baleados por la Brigada.
Pero el testimonio de Cuevas, agendado para este lunes, será clave. El ex policía, condenado a cuatro años por el encubrimiento del asesinato, y que ya recuperó la libertad al haber cumplido dos tercios de la pena, volverá a relatar todo lo que vio. “Y algo más, seguramente”, adelantó a Infobae su abogado Augusto Nino Arena.
Sin embargo, no será una situación de rutina. El testimonio de Cuevas se dará bajo máxima tensión y custodia. Es que la semana pasada, unos días antes de que comenzara el juicio, Torres fue interceptado en el barrio de Don Bosco, en Quilmes, por dos jóvenes vestidos con ropa deportiva que se le metieron en el auto cuando él estaba dejando a su pareja en el trabajo.
Uno de los sujetos se sentó en la butaca del acompañante y el otro, en el asiento de atrás, desde donde le apoyó un arma en la cintura y lo obligó a que conduzca hasta el barrio Villa Itatí, en el límite con Avellaneda. En una zona de pasillos lo obligaron a frenar. Le robaron la billetera con 30 mil pesos, su teléfono celular, documentos y antes de bajarse fueron claros con el mensaje: “Cuidado con lo que vas a declarar el lunes”.
Horas después Cuevas hizo la denuncia en la comisaría 2° de Quilmes y la investigación quedó a cargo del fiscal Martín Conde, de la UFI 3 de Quilmes.
“Es la mafia. Ni más ni menos”, comentó el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la familia de Lucas González (17) y a los tres amigos que estaban con él y sobrevivieron al ataque a tiros de los policías de la brigada porteña: Julián Salas, Joaquín Zúñiga y Niven Huanca. Arena, en acuerdo con Dalbón, pidió a la Justicia que cuide la integridad del testigo. Y lo más probable es que soliciten que el ex agente entre en el sistema de testigos protegidos.
En su declaración durante el primer juicio Cuevas involucró a dos de los detenidos originalmente, Gabriel Issasi (uno de los tres agentes de la Brigada que disparó al auto) y el subcomisario Roberto Inca. Contó que el primero puso el arma de juguete en el auto y que el segundo le dio la orden. Además, involucró a “Cachorro” Torres. Reveló que fue él quien llevó en su moto de la Policía a Issasi a buscar la réplica de la pistola a la comisaría 4D.
“Es mi deber decir qué vi ese 17 de noviembre, si no lo hice antes es porque tengo pánico, tengo miedo de qué les puede llegar a pasar a mi familia, a mis hijos, después de que declare. No sé trató de un solo loquito disparando, hay un trasfondo acá”, comenzó su relato aquella mañana de junio de 2023. Luego, contó que llegó a la escena del crimen tras una alerta irradiada por la Brigada de la Comuna 4, “pidiendo apoyo por enfrentamiento armado”.
Y narró que se acercó al Volkswagen Suran donde iban la víctima y sus amigos. “Vi a Lucas muy malherido, mucha sangre. Vi unas mochilas, me asomo a la parte de atrás y no había armas, ningún tipo de armas, ni de fuego ni de juguete, no la vi”.
El ahora condenado, de 52 años, describió con detalle lo que sucedió luego. Primero explicó que, a las 10.30, aproximadamente, vio llegar una moto de la Comuna 4: “La manejaba el oficial Torres, con una persona atrás de civil. Al oficial Torres le dicen ‘Cachorro’. Se baja esa persona de civil, tenía una gorrita blanca y va y habla unos segundos con el subcomisario Inca, que estaba cerquita mío. Y escucho cuando le dice: ‘Andá a poner eso’”.
Cuevas, que luego fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación por una década por encubrir y alterar las pruebas, recordó que, entonces, ese civil se “acerca al auto” de las víctimas. Él estaba, según su relato, “a unos cinco metros”. Y, entonces, contó que “en la parte trasera de la puerta trasera, que estaba abierta, tira el arma”. Según el acusado, trajeron la réplica de un cofre de la comisaría Comuna 4.
“Estando detenido, me entero por radiopasillo que el oficial Torres se jactaba de haberle dado esa arma, ese juguete, que tenía guardado en el cofre de la comisaría”, agregó Cuevas en aquel momento.
En una entrevista posterior con este medio, el ex policía contó: “Siempre quise hablar pero no tenía las garantías suficientes. Este tribunal y mi abogado, el doctor (Reinaldo Nino) Arena, me dieron las garantías y pude expresar y decir lo que sé. Mi vida no vale nada. El día que salga en libertad tengo que cuidarme, tengo que mudarme, tengo que vivir con el miedo. Porque me voy a sentir como lo hicieron con Lucas. Estoy identificado. Me van a esperar y me van a matar o me van a acribillar. Hechos de inseguridad hay montones en el conurbano, ‘se resistió a que le robaran el auto’, ‘uy le robaron el celular y lo mataron’, hechos así hay a montones”.
Por eso la Justicia exhortó al Ministerio de Seguridad de la Nación a que garantice la seguridad de Cuevas, después de hacer un pedido idéntico a Gendarmería y de recibir como respuesta que no tenían agentes disponibles para custodiar al testigo clave. Insólito.
El caso: un crimen de odio racial
En el primero juicio quedó acreditado que aquella mañana de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva -quienes integraban la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente- interceptaron a Lucas y a sus tres amigos cuando circulaban en una auto por el barrio de Barracas. En un fallo sin precedentes el Tribunal consideró que actuaron “por odio racial”.
En ese momento, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, los policías se bajaron y les apuntaron. Los chicos intentaron esquivar la situación al creer que se trataba de un robo, ya que además de estar de civil no dieron la voz de alto.
Los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que murió al día siguiente en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela. Los tres agentes de la Brigada fueron condenados a perpetua. Además, otros nueve policías fueron castigados con penas de entre ocho y cuatro años de prisión.
La imputación a Torres
“El encausado [Torres], inmediatamente después del supuesto ‘enfrentamiento armado’, se dirigió junto a Issasi hasta la dependencia policial donde prestaba funciones para tomar un arma de utilería que le entregó a su acompañante para que la coloque dentro del rodado Volkswagen, ubicado en la intersección de las calles Perdriel y Alvarado de esta Capital”, explicó el fiscal del caso Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32.
Para el investigador, el rol de Torres fue clave para alterar la escena con el objetivo de encubrir el asesinato. Y sirvió para que el subcomisario Inca, que tenía a cargo hacer la consulta telefónica con la autoridad judicial en turno demorara esta acción más de una hora y media. “Es decir hasta que la réplica del arma de fuego ya había sido ‘plantada’, y de esta forma, armar la escena y coordinar sus relatos”, analizó el fiscal.
La participación Torres conllevó a sostener la existencia de un supuesto ataque de los chicos hacia los agentes de la brigada, hipótesis en torno a la cual se promovió la consulta judicial de Inca, y que derivó en que dos de los tres sobrevivientes pasaran demasiadas horas privados ilegalmente de su libertad.
Durante esa investigación, se analizaron los teléfonos de los policías acusados. Así se descubrió que Cuevas se había referido al hecho que involucra a Issasi, Torres e Inca. “Lo que hicieron los polis no tiene nombre”; “unos dementes”; “encima le ponen una pistola de juguete”; “yo fui el primero en llegar y vi todo lo que hicieron”, fueron alguna de las frases registradas apenas un día después del crimen.
Para el fiscal, además de lo que dijo Cuevas “debían sumarse los informes vinculados a la geolocalización de Torres y la moto Kawasaki Versys que tenía asignada, que fueran remitidos por la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad”.
Esa prueba, junto a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y las conversaciones que mantuvieron los oficiales implicados en el homicidio (uno de ellos ordenó “que hagan lo que tienen que hacer”) y su posterior encubrimiento, fueron analizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y permitieron desestimar la versión brindada por Torres en su declaración indagatoria, quien había dicho que llevó a Issasi a buscar “cinta de peligro”.
“La prueba recolectada conduce a afirmar con convicción que el imputado estaba en cabal conocimiento de lo acaecido con los damnificados y participó activamente del plan armado posteriormente para justificar el accionar de los miembros de la Brigada”, escribió Gómez Barbella en el requerimiento de elevación a juicio.
