Luego de un intento frustrado, un cuarto intermedio de más de cuatro horas y el cambio de miembros de la comisión, se realizó el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales para el tratamiento del proyecto de ley para la ampliación del “Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal”, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La comisión duró apenas 27 minutos, como consecuencia de algunos vaivenes que sufrieron las comisiones. En la de Seguridad Interior se cambiaron cinco senadores, y en Justicia otros tres. Con estos cambios, el oficialismo y sus aliados consiguieron el quórum y las firmas necesarias.
Estos cambios generaron el malestar del bloque de Unión por la Patria, que decidió no asistir —en la comisión de Seguridad Interior aún no envió el listado de los senadores que deberían conformarla—, al entender que se había forzado el reglamento para poder dictaminar.
En ese sentido, el senador de UP, Oscar Parrilli, afirmó en la comisión que se estaba utilizando “una artimaña” para poder avanzar. “A las 11:30 no tenían quórum, pasaron a un cuarto intermedio y cambiaron ocho senadores”, se quejó. Además, señaló que su bloque no iba a participar y que impugnarían cualquier decisión que tome el plenario por no cumplir con los reglamentos.
Luego de un cruce con la senadora Carolina Losada, presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Parrilli se retiró del salón, y la comisión siguió su curso. Poco antes de que se llegara a los 30 minutos de debate, se daba por terminada y se pasaba el dictamen a la firma del proyecto sin ninguna modificación respecto de cómo llegó.
Según confiaron fuentes parlamentarias, la intención es llevar al recinto el proyecto de ley la semana que viene. La idea sería sesionar el jueves 26 de septiembre.
El proyecto que el oficialismo busca aprobar se refiere a la ampliación del “Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal”, basado en perfiles de ADN. El registro en cuestión “funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios”, según consta en el primer artículo del proyecto.
Un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia.
La ley deja en claro que el registro almacenará y sistematizará los siguientes perfiles genéticos: “asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada”; “de las víctimas de un delito obtenido en la escena del crimen”, siempre que la víctima “hubiera dado su consentimiento expreso”; de “cadáveres o restos humanos no identificados”; de personas con algún familiar “desaparecido o extraviado”; y de “personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales”, con algunas salvedades. Diputados especificó en qué casos se permitirá en mayores y menores de edad.”Hoy avanzamos en un proyecto de ley que vincula demandas ciudadanas: la lucha contra el crimen y la inseguridad. Ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos permite resolver delitos”, dijo el senador radical Maximiliano Abad al término del plenario.
“Creo que toda medida que ayude a reducir el crimen, agilizar las investigaciones y lograr una mejor justicia se tiene que aprobar de manera expeditiva”, agregó.
